Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que resulta incomprensible que el gobierno de México haya firmado con celeridad el tratado comercial ACTA y lleve tiempo sin decidirse a firmar acuerdos internacionales para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes.
“Resulta incomprensible, por ello, que el gobierno federal haya decidido firmar el tratado comercial ACTA con sorprendente agilidad, a pesar de las negativas consecuencias que su ratificación implicaría en materia de derechos humanos y, en contraste, continúe haciendo esperar a las millones de personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales están en juego, para la firma de un tratado internacional que es fundamental para su defensa”, expresó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Decenas de activistas de AI se congregaron hoy a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir a las autoridades mexicanas que muestren su compromiso con los derechos humanos, dando la prioridad que merecen a los tratados internacionales que son fundamentales para poner fin a la pobreza.
Durante el evento, representantes de Amnistía Internacional hicieron entrega a la SRE de las firmas de más de 9,000 personas exigiendo al gobierno que se comprometa en materia de lucha contra la pobreza, adoptando un enfoque que ponga los derechos de las personas en primer lugar.
El Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional que busca incrementar los controles relativos a la falsificación de mercancías y marcas, que fue firmado por México el pasado julio, apenas 9 meses después de su apertura a firma, a pesar de las críticas generalizadas acerca de las graves consecuencias que este tratado podría tener para la libertad de expresión.
En contraste, desde hace casi 3 años organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Amnistía Internacional, han llamado a las autoridades a que firmen y ratifiquen el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PFPIDESC), un acuerdo que establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al agua, la educación o la vivienda, puedan reclamar justicia en el ámbito internacional.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso fundamental y necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional para garantizar una vida digna a todas las personas que vivimos en México” añadió Alberto Herrera.
La organización internacional destacó que en México viven más de 52 millones de habitantes olvidados en la pobreza, por lo que llamó al gobierno federal a ratificar un tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales.