Fiscalización de partidos, obstaculizada por sus propias reglas
Con tarjetas de prepago del banco Monex, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y la coalición Movimiento Progresista han acusado un presunto rebase al tope de gastos de campaña por parte de Enrique Peña Nieto, candidato de la alianza Compromiso por México. Con esas tarjetas, López Obrador también ha acusado al Instituto Federal Electoral (IFE) de “hacerse guaje” en la fiscalización de gastos. Pero lo que no ha dicho el político tabasqueño es que los propios partidos, salvo el PT, dieron paso a esas reglas y a los tiempos de fiscalización que hoy piden obviar.
El sistema de rendición de cuentas tras haber participado en una elección federal está hecho para que, de haber existido irregularidades, se conozcan hasta tiempo después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califique la elección. Y ese lapso puede ir de un mes hasta ocho meses después que los magistrados digan si los comicios fueron válidos o no.
El rebase de tope de gastos de campaña como argumento para pedir la invalidez de la elección se topará en el Tribunal con los tiempos que marcan el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y el Reglamento de la Unidad de Fiscalización del IFE, los cuales marcan que los informes de gastos se deberán entregar 60 días después de terminada la jornada electoral.
“En el caso de los gastos de campaña, los partidos deberán presentar un informe preliminar dentro de los primeros 15 días del mes de julio, el cual debe incluir la información generada hasta el 30 de mayo” explicó el Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, Arturo Espinosa en un artículo publicado en el portal ADN político un mes antes de la elección.
Las fechas de la fiscalización
Según el calendario de la Unidad de Fiscalización, al cual tuvo acceso Animal Político, la fecha límite para que los partidos presenten sus informes finales de campaña es el 8 de octubre; es decir, prácticamente un mes después de que el TEPJF haya calificado la elección.
Tras recibir los informes, la Unidad de Fiscalización tiene hasta el 18 de abril de 2013 (120 días hábiles) para notificar a los partidos errores u omisiones, mismos a los que se debe dar respuesta antes del 3 de mayo de 2013.
Salvados esos plazos para notificar y corregir errores u omisiones, la Unidad de Fiscalización da otro periodo para actividades similares. Para el 24 de mayo de 2013 los partidos deben estar enterados y para el 31 de mayo las inconsistencias deben estar subsanadas. Una vez cumplidos esos plazos, los informes ya no regresan a los partidos políticos.
El 28 de junio de 2013 vence el periodo para que la Unidad de Fiscalización dé su dictamen y resolución del proceso, y no es sino hasta el 3 de julio, es decir, un año y dos días después de la elección presidencial, que se presenta el informe definitivo al Consejo General del IFE. Todos esos tiempos están estipulados en los artículos 83 y 84 del Cofipe.
La votación a las reformas en 2007
El 11 de diciembre de 2007, prácticamente un año y medio después de la elección de 2006, en la que Felipe Calderón ganó la Presidencia por una diferencia de 0.56% de los votos, los diputados de la LX legislatura sometieron a votación las reformas al Cofipe que operaron por primera vez para una elección federal, en los pasados comicios del 1 de julio.
Pese a la insistencia de los partidos que integran el Movimiento Ciudadano (Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) para que se modifiquen los tiempos de la fiscalización, el PT fue el único cuya bancada, de 11 diputados en aquel entonces, votó de manera unánime contra las reformas.
En lo que respecta a la bancada del Partido de la Revolución Democrática, de 127 diputados, 62 votaron a favor, 43 en contra, tres se abstuvieron y 19 estuvieron ausentes. La bancada del entonces Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, abandonó la sesión antes de que se efectuara la votación por una confrontación con la entonces presidenta de la Mesa Directiva, la hoy ex perredista Ruth Zavaleta, de tal manera que los 17 diputados ‘naranjas’ se abstuvieron de votar.
