El Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución, aseguró el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, durante su exposición en la discusión sobre la competencia de los juzgados militares y civiles, y conocer casos donde integrantes de las Fuerzas Armadas cometen delitos contra civiles.
Durante la discusión en la que se analiza el conflicto competencial entre el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos y el Juzgado Quinto Militar adscrito a la Primera Región Militar, Cossío aseguró que “lo primero que tenemos que hacer es distinguir cuando estamos en tiempos de guerra y en tiempos de paz”.
El Ministro señaló que “cuando estamos en tiempos de guerra por la declaración del Ejecutivo, de conformidad por la ley emitida por el Congreso de la Unión, con base en los datos proporcionados por él, la disciplina militar no debe circunscribirse sólo a los lugares delimitados por la Constitución”, pero aclaró que “hay que considerar que nos encontramos en tiempos de paz, siempre que no exista una declaración de guerra”.
Por ello, Cossío argumentó que la presencia del Ejército en las calles es inconstitucional.
Aquí te dejamos la intervención íntegra del Ministro Cossío:
El lunes 06 de agosto, Animal Político publicó que el Ejército Mexicano investiga a por lo menos 37 militares involucrados y vinculados con asesinatos y detenciones extrajudiciales de civiles. Se trata de casos emblemáticos ocurridos hace poco más de 2 años y que siguen sin recibir sentencia en los tribunales militares.
Fue el martes 07 de agosto cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre los límites del fuero militar, aunque la falta de información sobre los antecedentes del primer caso a discusión impidió avances significativos en aquella primera sesión.
La SCJN arrancó ese día el análisis para determinar quién debe juzgar al coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir el homicidio de Jethro Ramsés Sánchez en Cuernavaca, en mayo de 2011, aunque el ministro presidente, Juan Silva Meza, dio por concluida la sesión para que se recabaran mayores elementos del caso.
Lo anterior se debe a que un juzgado federal otorgó, desde el 30 de abril pasado, la protección de la justicia federal al procesado y se tendría que conocer sobre la firmeza de esa resolución.