Las cuatro ramas del caso Mónex
El Grupo Financiero Mónex y el reparto de tarjetas de prepago por parte del PRI, y la supuesta triangulación de fondos en cuentas radicadas en esa institución, han sido parte de un escándalo postelectoral que la coalición de izquierdas Movimiento Progresista ha incluido en el juicio de inconformidad que promueve con el fin de pedir la nulidad de la elección presidencial del 1 de julio.
Antes y después de la jornada electoral, el nombre de ese grupo, propiedad del empresario Héctor Lagos Dondé, ha sido mencionado en distintos casos que, en ciertos puntos, se ligan entre sí; sin embargo, cada uno tiene un desarrollo distinto. ¿Cuáles son las distintas caras del caso Mónex? Animal Político hace un resumen de cada una de ellas.
Mónex y los contratos con Frontera Television Network
Tres de los hombres más cercanos al ex candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, enfrentan una demanda en una corte de California, Estados Unidos, por conspiración y fraude, según informó el periódico Reforma el 14 de junio.
La empresa estadounidense Frontera Television Network (FTN), propiedad de José Luis Ponce de Aquino, acusó al secretario particular de Peña Nieto, Edwin Lino, al coordinador de comunicación social de su campaña, David López, y al secretario de prensa del PRI, Roberto Calleja, de utilizar a su compañía para obtener 56 millones de dólares que, en principio, estaban destinados a que FTN promoviese a Peña Nieto en Estados Unidos a través de espectaculares, radio, televisión e internet.
Ponce de Aquino firmó en noviembre del año pasado un contrato con las empresas Jiramos S.A. de C.V, propiedad de un empresario de nombre Alejandro Carrillo Garza Sada, y con GM Global Media S.A. de C.V. La campaña para posicionar al candidato priista nunca se llevó a cabo, pero Ponce de Aquino asegura que fue testigo de la transferencia de 56 millones de dólares “de procedencia desconocida” a una cuenta bancaria en el Banco Mónex, Banca Mifel.
En esa demanda también están implicados los empresarios Carrillo Garza Sada, Hugo Vigues y Alfredo y José Carrillo Chont-kowsky. Ponce de Aquino asegura que todos los demandados retiraron el dinero y se lo dividieron.
Al día siguiente, los priistas calificaron el caso como “una vulgar extorsión”, puesto que un representante de Aquino, de nombre Javier Torres, exigió al partido 5 millones de dólares “a cambio de no detonar un escándalo”.
Luis Videgaray, quien fungió como coordinador de campaña de Peña Nieto, aseguró que en noviembre de 2011, Alejandro Carrillo Garza Sada le ofreció un proyecto de comunicación para promover a Peña Nieto en Estados Unidos, mismo que rechazaron debido a que la legislación prohíbe esas acciones.
El Grupo Financiero Mónex ha dicho, a través de su presidente Héctor Lagos Dondé, que “está limpio y tranquilo”, pues no formaron parte de ningún fraude. En una entrevista con Reforma, Lagos Dondé negó que exista una transferencia de 56 millones de dólares como denunció Ponce de Aquino.
2. Mónex y la denuncia de entrega de tarjetas hecha por el PAN
Diez días después de que el PRI calificara la demanda de FTN como una extorsión, el Partido Acción Nacional, a través de la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota, entonces candidata presidencial, pone a Mónex nuevamente en la palestra.
Roberto Gil Zuarth, coordinador de campaña, y el vocero Juan Ignacio Zavala presentan dos tarjetas de débito pertenecientes a ese banco, y copia de la identificación de dos personas originarias de Guanajuato, quienes se las habrían proporcionado y explicado cómo llegaron a su poder.
Los panistas acusaron que a cada uno de los 300 delegados distritales del PRI se les pagó 180 mil pesos por su trabajo en los tres meses de campaña. Igualmente, a cada uno de los 19 mil 490 representantes generales se les depositaron 17 mil 500 pesos más un bono de 2 mil 500.
A esos depósitos se suman 600 pesos por cada uno de los tres representantes de casilla que tendría desplegados en cada una de las 143 mil instaladas. La suma de esas cantidades, informó el PAN, es de 701 millones 471 mil 800 pesos, mismos que serían distribuidos mediante unas 450 mil tarjetas Mónex.
En ese entonces, Gil Zuarth acusó que el PRI incurría en una operación ilegal que constituye “delincuencia electoral organizada”.
Al día siguiente Acción Nacional, a través de su representante en el Instituto Federal Electoral (IFE), Rogelio Carbajal, pidió al organismo que congelara las cuentas del PRI en el Grupo Financiero Mónex; sin embargo, el dirigente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que el partido no tiene cuenta alguna con Mónex.
El IFE detectó e investiga 9 mil 924 tarjetas con un monto fondeado de 70 millones 815 mil 534 pesos pertenecientes a la cuenta que una persona moral de carácter mercantil contrató con Banca Mónex.
La queja del PAN ante el IFE se tradujo en la detección de 9 mil 924 tarjetas fondeadas con 70 millones 815 mil 534 pesos; no obstante, la petición de congelar las cuentas quedó sin efecto puesto que la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano y posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que no existieron elementos para comprobar que el dinero sería destinado a la compra de votos.
La Unidad de Fiscalización del IFE ordenó dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para que indagase la posible comisión de un delito.
Dado que la coalición de izquierdas Movimiento Progresista denunciaba a la par del PAN la aparición de más tarjetas de Mónex respaldadas por una serie de facturas y notas de crédito, el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, planteó que Acción Nacional y el Movimiento Progresista podrían ir juntos en la denuncia de la irregularidad. Lo anterior se concretó el 19 de julio cuando los presidentes del PAN, Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que presentarían juntos una denuncia.
El 11 de julio, poco menos de un mes después de que Acción Nacional presentara las tarjetas, la titular de la FEPADE, Imelda Calvillo, informó que había requerido información sobre las transacciones de Monex a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y a otras instancias.
Mónex y la denuncia de entrega de tarjetas hecha por el Movimiento Progresista
El miércoles posterior a la elección, el senador con licencia por el PT y coordinador de la campaña de López Obrador, Ricardo Monreal, denunció en MVS Noticias el presunto rebase del tope de gastos de campaña por parte del PRI, con la entrega de monederos electrónicos de Banca Monex, en los que erogó 20 millones de pesos.
La acusación, que se suma a la hecha por el PAN el 27 de junio, cifró en unos 159 millones 400 mil pesos la entrega recursos a operadores priistas.
Cómo pruebas, Monreal exhibió 37 facturas y tres notas de crédito expedidas por Monex a dos empresas: Grupo Comercial Inizzio S.A de C.V, e Importadora y Comercializadora Efra S.A. de C.V.
Distintas investigaciones periodísticas permitieron saber que ambas empresas operan con distintas irregularidades. En el caso de Inizzio, el domicilio fiscal reportado en las facturas, Homero 136 despacho 1004, en Polanco, corresponde en realidad a un consultorio dental en el que atiende la doctora María del Rocío Lozada Neyra, quien aseguró desconocer a la empresa.
En internet, es posible conocer que Inizzio participó en una licitación de la delegación Iztacalco en 2009, misma que perdió. No obstante, MVS Noticias tuvo acceso al padrón de proveedores y en él encontró que uno de los apoderadros legales de la empresa es Alejandro Jaen Pérez Lizárraga. La coalción Movimiento Progresista ya había acusado que ese es el nombre que utiliza como alias José Luis Lozada Neyra, quien a su vez es hermano de la dentista que atiende en el domicilio de Polanco.
En el padrón de proveedores, Inizzio tiene una dirección disinta: Sinaloa 84-3 en la Colonia Roma Norte, sin embargo, en el domicilio negaron conocer a Lozada Neyra y que la empresa ahí ubicada fuese Inizzio.
En el domicilio de la colonia Roma operan las empresas Ambra Consultores y Abastecedora Integral de Cómputo. En el caso de la primera, Alejandro Jaen Pérez Lizárraga aparece como socio.
En el Registro Público de la Propiedad, los accionistas de Inizzio registrados son Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales. Del primero, el diario Reforma dio a conocer que en su información fiscal consta que se desempeña como obrero; no obstante, al visitar su domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, el padre del supuesto accionista afirmó que su hijo murió el 17 de julio de 2010 en un accidente vial.
En lo que respecta a Ramón Paz Morales, quien vive a la vuelta de donde vivió Fragoso Oscoy, los vecinos aseguran que no tiene un empleo fijo y que se dedica tanto a ayudar a un vendedor de carnitas los fines de semana, como a las mudanzas.
Sobre Efra, cuyo domicilio en las facturas de Mónex es Calderón de la Barca 78, en Polanco, investigaciones de MVS Noticias y Reforma revelaron que tanto la dirección como los teléfonos de la empresa son los mismos que los del despacho de abogados Grupo de Abogacía Profesional, el cual pertenece a Gabino Fraga Mouret y a Gabino Fraga Peña; este último, coordinador regional de Compromisos de Campaña de Enrique Peña Nieto.
Otras empresas vinculadas al caso y señaladas por la Coalición Movimiento Progresista son la ya mencionada Atama, Grupo Coleos, Grupo Empresarial Tiguan y el particular Rodrigo Fernández Noriega, quien según Reforma, se dedica al comercio de zapatos.
Esta misma tarde, a las 13:00 horas, se prevé que el Movimiento Progresista otorgue más pruebas sobre estas irregularidades.
Mónex como proveedor de tarjetas para la empresa Alkino, contratada por el PRI
Un mes después de que el PAN mostrara por primera vez las tarjetas prepagadas de Mónex, el PRI aceptó la contratación de monederos para hacer llegar a sus estructuras más de 66 millones 320 mil pesos.
El coordinador del equipo jurídico de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, negó que el partido tuviese contratos con Mónex y aseguró que 7 mil 851 tarjetas fueron provistas por la empresa Alkino Servicios y Calidad, que sirvió como intermediaria. Alkino, según referencias encontradas en internet, se dedica a la administración de nóminas y despacha en un edificio modesto en el domicilio Iturbide 38, en el centro de la ciudad de México.
Para explicar los montos erogados, el PRI distribuyó un documento en el que afirma haber gastado un millón 680 mil pesos a Alkino para distribuir las tarjetas, 455 mil pesos para la adquisición de los plásticos y 2 millones 560 de pesos para un servicio de financiamiento que operó entre el 5 de mayo y el 5 de julio.
En el mismo escrito, el PRI negó cualquier vínculo con las empresas Inizzio y Efra, señaladas por el petista Ricardo Monreal como parte de la triangulación de recursos entre Monex y el PRI.
En lo referente a Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V, el diario Reforma reveló que los accionistas son Raúl Ramírez Arvizu y Merit Adriana Silva Montaño, y como apoderado legal figura Rafael Trejo Licea, quien a su vez trabaja en Amicus Promotions, una empresa que comparte domicilio con Alkino.
Empresa fantasma
Hoy, diario Reforma publica que la operación de pago a la estructura electoral del PRI con monederos electrónicos estuvo a cargo de una empresa “fantasma”.
El propio representante legal de la empresa Alkino Servicios y Calidad –la única a la que el tricolor reconoce haber contratado para pagos de operación electoral– reveló ayer que la entidad que tramitó el financiamiento al PRI por 66.3 millones de pesos con tarjetas de Mónex fue Comercializadora Atama.
El PRI ha negado tener nexos con empresas “fantasmas”, de acuerdo con declaraciones de Jesús Murillo Karam.
