Antes de partir de vuelta a sus estados de origen, las madres de personas desaparecidas y asesinadas durante la última década en México, que el 9 de mayo llegaron al DF en la Marcha de la Dignidad Nacional, acusaron al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, de negarles una audiencia personal y de “mentir” al difundir, a través de un comunicado de prensa, que la dependencia a su cargo les ha brindado apoyo.
Siendo las 20:30 horas del jueves 10 de mayo, informó Blanca Martínez, una de las coordinadoras de la movilización que congregó en el DF a madres de víctimas provenientes de 15 estados del país, “nos informaron telefónicamente que quien nos podía atender era un subsecretario, pero nosotras les recordamos que la petición era reunirnos con Poiré, no vinimos hasta aquí para reunirnos con un subsecretario, así que les dimos las gracias.”
En cambio, aseguró la integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el reclamo de justicia de las mamás y familiares de desaparecidos sí fue escuchado por la ciudadanía, “uno de los actores principales al que queríamos remitirnos”, y que esta vez participó en la marcha que realizaron sobre Paseo de la Reforma, para conmemorar el Día de las Madres y reclamar la búsqueda de sus hijos e hijas, luego de que hace dos años protestaran solas sobre esa misma avenida.
“En 2010 –señaló Blanca Martínez– , éramos un pequeño grupo, 40 gentes que veníamos con el objetivo de visibilizar la problemática de la desaparición forzada en Coahuila, y a dos años de ese momento, desgraciadamente hay más víctimas, pero también nos llena de consuelo y esperanza que, este año, sí hubo quienes quisieron escuchar el clamor de las madres y marchar con nosotras.”
Al presentar el balance de la movilización, las madres agradecieron la “disposición” mostrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las embajadas de España, Suecia, Canadá y Estados Unidos, así como por representantes del Parlamento Europeo y la ONU, con los cuales se encontraron este viernes, y a partir de lo cual, aseguró, vuelven a sus hogares “con esperanza en que se abran nuevas puertas para la búsqueda de nuestros hijos”.
“En la CNDH encontramos una actitud de disponibilidad y apertura para buscar otros caminos y propusimos retomar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, consistentes en el desarrollo de protocolos aplicables en todo el país tanto para la búsqueda de desaparecidos vivos, como para la identificación de restos, proceso en el que se buscará el apoyo de expertos extranjeros.
Por su parte, Diana Iris, de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de México, informó que la comisión de madres que se reunió este viernes con Maricela Morales, procuradora General de la República, reclamó a la funcionaria el haber permitido que los casos de víctimas denunciados en Coahuila fueran investigados por Claudia González, la subprocuradora de la PGR que en febrero pasado fue detenida por su presunta complicidad con bandas del narcotráfico, delito por el cual era investigada desde 2010.
“Con esa persona estuvimos todas las familias de víctimas del estado –alertó–, le proporcionamos datos confidenciales de cada uno de nuestros casos, y saber que está detenida causa una gran desconfianza y un gran temor sobre lo que ella pudo hacer con esa información.”
La respuesta de la procuradora, señaló Iris, “fue que ella no sabía, que sólo tenía información de que algunos funcionarios estaban coludidos con el crimen organizado y que, aparte, decirnos de sus sospechas habría obstaculizado las investigaciones”.
No obstante, se recalcó, la funcionaria federal “mostró su voluntad” para atender los casos presentados, aunque será en un mes, se informó, cuando las madres de los desaparecidos presenten un nuevo corte de caja, en torno al cumplimiento de las promesas fomuladas por las autoridades.