Recibe CNDH 2 mil 200 quejas contra Ejército y Marina en 2011
El diario estadounidense The Houston Chronicle publicó este fin de semana que la ofensiva contra el crimen del gobierno de Felipe Calderón, financiada parcialmente por Estados Unidos con mil 600 millones de dólares en capacitación, logística y equipo, ha sido dirigida en gran parte por Ejército y Marina. El saldo ha sido una avalancha de muertos – con alrededor de 50 mil personas muertas en cinco años-. De ellos, Calderón y su gabinete insisten en que casi todos los muertos eran criminales. Aunque México sigue teniendo al Ejército como una de las instituciones más confiables del país, ciudadanos y políticos están cuestionando su efectividad para terminar las guerras entre organizaciones criminales.
Sin embargo, civiles inocentes han caído también. El diario hace un recuento de casos de civiles inocentes asesinados por agentes del orden en el país. Desde que las tropas fueron desplegadas, las quejas de derechos humanos contra el Ejército aumentaron de 367 en 2007 a casi mil 700 en 2011,según la CNDH. Las quejas contra los marinos, quienes entraron de forma importante a esta lucha inició en 2009 y las quejas se multiplicaron para llegar a 495 en 2011. Muchos de los abusos militares implican trato violento y robos durante cateos en domicilios, retenes en los caminos y carreteras. Sin embargo, también se incluyen casos de tortura, desapariciones y asesinatos.
“En ninguna parte es más pronunciada la impunidad que en el sistema de justicia militar”, acusa un informe de Human Rights Watch desde Nueva York, quienes siempre han presionado para que los juicios civiles para los soldados acusados de violaciones de derechos humanos.”Las denuncias de violaciones de derechos humanos siguen siendo enviadas a la justicia en la que todavía quedan impunes.”
Las autoridades militares no respondieron a solicitudes de entrevistas. Pero las autoridades han argumentado que los presuntos abusos representan una pequeña porción del total presentadas contra las fuerzas de seguridad. Las cifras de Derechos Humanos sugieren que las unidades militares han cometido una fracción de los abusos denunciados.
Poco más de la mitad de la Iniciativa Mérida, unos 900 millones de dólares, se han gastado hasta el momento. Además de los programas de capacitación para cerca de 10 mil investigadores, fiscales mexicanos y custodios, EU ha entregado 15 helicópteros de tipo Blackhawk y Bell, además de 13 vehículos blindados para el Ejército, la Marina y la policía federal.
EU también ha aportado aviones teledirigidos de vigilancia que ayudan a las fuerzas de seguridad mexicanas a identificar objetivos de mafiosos. La iniciativa Mérida es mínima en comparación con los 14 mil 600 millones de dólares que México ha gastado sólo el año pasado. Sin embargo, el dinero de EU sigue llegando mientras activistas en México y algunos líderes latinoamericanos aceleran los llamados para dar la espalda o disminuir la guerra contra las drogas impulsada por EU. Los líderes latinoamericanos han sostenidos que la campaña militarizada apenas funciona y ha ayudado a crear una atmósfera de violencia dentro de democracias frágiles.
Sólo alrededor de 20 soldados han sido condenados entre casi 3 mil 700 investigaciones de presuntos abusos militares contra civiles durante el gobierno de Calderón, informó Human Rights Watch.
La ofensiva militar ha “exacerbado un clima de violencia, anarquía y miedo en muchas partes del país”, con prácticamente ninguna violación investigada adecuadamente,” dijo Human Rights Watch.
El caso de Jorge Otilio Cantú
Con dos semanas de casado, justo después de su luna de miel, Jorge Otilio Cantú se dirigía a trabajar en la madrugada en un próspero suburbio de Monterrey, cuando soldados mexicanos abrieron fuego y lo asesinaron. Sus asesinos afirmaron que Cantú, de 29 años, había caído en un tiroteo a alta velocidad entre soldados y mafiosos y quedó atrapado en el fuego cruzado. Sin embargo, una investigación detallada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que no había persecución frenética, ni enfrentamiento, ni fuego cruzado.
En cambio, los soldados le dispararon en la espalda mientras conducía, luego lo remataron a quemarropa con balas en el rostro cuando yacía herido en su camioneta y, finalmente, plantaron una pistola en un intento de encubrir la comisión del crimen. “Ellos vinieron con la intención de matarlo”, dijo el padre de Cantú, de 67 años de edad, médico de Otilio Cantú.
En el año que ha pasado desde que Jorge Otilio Cantú fue asesinado, su padre ha librado una agotadora cruzada aún infructuosa para obtener los verdugos de su hijo castigado y los militares fuera de México de la aplicación de la ley.
“Mi motivación no es la venganza”, dijo el anciano Cantú en una entrevista reciente. “Es para que sea para que los soldados y la policía no tiene derecho a matar a quien quieran.”
“Ellos no están entrenados para este propósito”, dijo Murat Paredes, quien lidera las investigaciones de abuso de militares en la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Ellos están entrenados para la guerra.”
Sin embargo, el presidente Felipe Calderón afirmó recientemente que las fuerzas armadas “actúan bajo las órdenes explícitas de conducirse con pleno respeto a la ley y los derechos humanos de todos”, aunque agregó que “por desgracia, es cierto que ha habido violaciónes de los derechos humanos, algunos de ellos muy grave.”
“Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en la violencia que México está viviendo”, dijo el poeta mexicano Javier Sicilia en un discurso reciente. “Debido a nuestra droga y las armas están matando a nuestros hijos”.
En este caso, siete soldados han sido arrestados, aunque todavía no se ha juzgado. El padre de Cantú y la Comisión Nacional de Derechos Humanos desean que el caso sea juzgado en tribunales civiles ya que los soldados actuaron bajo el mando de la policía estatal. “Ellos son criminales y deben ser juzgados como tal”, dijo el padre de Cantú. “Nunca los he visto, ese es el problema. Ellos están ocultos dentro de la justicia militar.”
El asesinato de su hijo ha tocado una fibra particularmente sensible del país, en parte debido a que el asesinato fue detallado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también porque su padre se negó a darse por vencido y pasó 2011 llenando papeles, dando entrevistas a los medios de comunicación, llamando a las puertas de los funcionarios y presionando para el enjuiciamiento y la condena de los soldados.
“Ellos no se imaginaron que el hombre al que mataron era el hijo de un médico, y que yo iba a presionar y presionar esto”, dijo el padre de Jorge Otilio Cantú al Houston Chronicle en su pequeño despacho sin ventanas lleno de pinturas cristianas, oraciones y fotografías enmarcadas de su hijo.
“Muchas personas han guardado silencio por miedo. No le temo a nada. ¿Qué más pueden quitarme después de matar a uno de mis hijos?” Su hijo estaba en camino a su trabajo cuando murió el lunes de la Semana Santa del año pasado.
Monterrey y el noreste
The Houston Chronicle afirmó en su artículo que en los últimos tiempos ninguna zona tiene el clima de miedo tan profundo como en el noreste de México y Monterrey, las ciudades fronterizas del sur de Texas, las ciudades y los ranchos circundantes. Cerca de 13 mil tropas se encuentran en la región para combatir batallas violentas entre Los Zetas y el Cartel del Golfo. Los agentes están listos para el combate y patrullan las calles de Monterrey y sus suburbios industriales.
“Hemos asumido y aceptado que es una guerra contra los narcos”, dijo Consuelo Morales, una monja católica que preside Cadhac, un grupo sin fines de lucro de los derechos humanos en Monterrey. “La sociedad les aplaudió como si fueran nuestra salvación”, pero, agrega, “desde el momento en que el ejército llegó a los abusos comenzaron.”
Sin embargo, los funcionarios mexicanos sostienen que las violaciones militares han sido perseguidas con fuerza y que han sido procesadas en el sistema de justicia militar. Los funcionarios toman como ejemplo el caso del general Jesús Moreno y más de dos decenas de soldados bajo su mando, que operaban un escuadrón de la muerte a lo largo de la frontera con Texas. Moreno está acusado de supervisar los asesinatos de presuntos delincuentes y otras personas en 2008 y 2009 desde la base de mando que el comandaba en Ojinaga, una pequeña ciudad fronteriza con la región oeste de Texas.
En septiembre, Gustavo Acosta fue asesinado por los infantes de marina en la sala de la casa de la familia en Apodaca, un suburbio de Monterrey. El joven de 29 años recibió un disparo entre los ojos por parte un marino que antes dio una patada en la puerta de entrada alegando que la familia tenía cocaína y armas de fuego, aunque los cargos fueron retirados más tarde.
“Ellos no son más que asesinos a sueldo”, dijo la madre de Acosta, María Eva Luján, de 56 años. “¿Qué podemos pensar de los soldados después de esto?”
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