SNTE tramita jubilación <i>express</i> a supuesta directora pederasta
A cinco días de que se diera a conocer que en el jardín de niños “Andrés Oscoy Rodríguez”, ubicado en Iztapalapa, abusaron sexualmente de varios niños de entre cuatro y seis años de edad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tramitó la jubilación de María de la Luz Cano Martínez, directora del plantel y quien se encuentra presa por pederastia, de acuerdo con información publicada por el portal Educación a Debate.
El portal refiere que el procedimiento de jubilación de la Sección 9 del SNTE, a la cual estaba adscrita Cano Martínez, establece que se deben “entregar con un mes de anticipación los documentos para trámite de Licencia Prejubilatoria y Baja por Jubilación”, sin embargo, en el caso de la directora el trámite tomó menos de cinco días.
Educación a Debate tiene copia del trámite de “renuncia directa por jubilación” de Cano Martínez, el cual fue tramitado por la secretaria general de la Sección 9, María Teresa Pérez Ramírez, e Hilda Rodríguez Flores, colegiado de Seguridad y Derechos Sociales, Pensiones y Jubilaciones.
María de la Luz Cano Martínez, de 52 años de edad, entró a trabajar a ese centro escolar en noviembre de 2008.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) fue condenada a pagar los daños ocasionados a 15 niños víctimas de abuso sexual en un jardín de niños de Iztapalapa –al oriente de la Ciudad de México-, en lo que fue una inédita sentencia de acuerdo con información publicada por el portal Educación a Debate.
El 29 de febrero se dio a conocer que la juez federal Martha Estrever Escamilla consideró que la SEP es la responsable de indemnizar a las familias afectadas toda vez que los delitos fueron cometidos dentro de instalaciones oficiales y a manos de un grupo de servidores públicos.
Los nombres de los funcionarios adscritos a la SEP que abusaron sexualmente de los niños dentro del plantel escolar son Saúl Blancas Tamayo, auxiliar administrativo del kínder; María de la Luz Cano Martínez, directora; Sergio Osvaldo Rodríguez Bolaños, maestro de educación física; y José Rosario Reyna Sandoval, conserje; todos presos.
La defensa de los niños, encabezada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI), presentó un Incidente de Vinculación y solicitó al juez establecer “que el Estado Mexicano”, así como la Secretaría de Educación Pública, son responsables solidarios del pago de la reparación del daño ocasionado por los hoy procesados en la causa principal, por los montos y en los términos que fije la sentencia definitiva.
El recurso legal fue aceptado por el juzgado con base en el artículo 32, fracción VII, del Código Penal Federal, el cual establece que el Estado está obligado a reparar el daño, de manera solidaria, “por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones y, subsidiariamente cuando aquéllos que fueren culposos”.
