México: tres tristes taches en transparencia fiscal

Entre 2007 y 2011, la credibilidad del gobierno mexicano en materia de rendición de cuentas cayó 9 puntos porcentuales entre los expertos que analizan el gasto público, según la encuesta bianual que realiza el Centro de Análisis e Investigación Fundar, como parte de ejercicio regional conocido como Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal.

El estudio, realizado a partir de las evaluaciones presentadas por legisladores, académicos, periodistas y grupos civiles especializados en la materia, señala que, para 2011, 45% de los expertos hizo patente su desconfianza en las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para transparentar no sólo el destino que da a los fondos públicos, sino también en los mecanismos a partir de los cuales define sus estrategias de gasto, así como en el impacto positivo que dichas inversiones generen entre la población mexicana.

Presupuesto con maña

En México, según la opinión de los expertos recogida por el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, se aplica “sistemáticamente” un mecanismo que pone en manos del Poder Ejecutivo, para su manejo discrecional, un margen del presupuesto.

Es por ello que, en 2011, 69% de los expertos consultados manifestó desconfianza en las proyecciones de ingresos presupuestales del gobierno, ya que “una tras otra, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación muestran inconsistencias en el manejo de estos recursos (adicionales). Estas irregularidades en el ejercicio de los excedentes aumentan la desconfianza y las dudas de los expertos”, destaca el informe.

En 2010, por ejemplo, el gobierno obtuvo 163 mil 480 millones extra de lo que había calculado, “de los cuales no se conoce con claridad el impacto social que generaron” y se pone un ejemplo: del dinero excedente que por ley debió entregarse en ese año a Pemex para proyectos de inversión, la mayor parte se aplicaron a gasto corriente (salarios y pago de servicios)”.

El policía y el juez, al banquillo

Si bien el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria es un mecanismo para medir percepciones, sus promotores explicaron que no es fácilmente desdeñable, ya que las opiniones que incluye no son del público en general, sino exclusivamente de aquellos expertos que (desde los ámbitos legislativo, académico, periodístico y civil) dominan la materia.

Para esta evaluación, el grupo de expertos consultados en México se les interrogó acerca de la labor que desempeñan dos órganos cuya labor está directamente relacionada con la rendición de cuentas: la Auditoría Superior de la Federación (encargada de identificar aquellos casos en que se ejercio el gasto faltando a lo que marca la ley) y la Secretaría de la Función Pública (cuya encomienda es ejercer las sanciones respectivas).

En el caso de la primera, 66% de los expertos consideró que la Auditoría Superior de la Federación no es un organismo “confiable”, dado que no tiene la capacidad necesaria para fiscalizar el gasto federal.

Además de que 82% consideró que las recomendaciones emitidas por este organismo “no han contribuido a combatir la corrupción”.

Cabe destacar que, entre 2007 y 2011, la desconfianza hacia la ASF aumentó en 28 puntos porcentuales ya que, aunque este organismo ha incrementado sustancialmente el número de revisiones al gasto gubernamental, “la percepción de los encuestados es que su labor no ha logrado incidir en la disminución de la corrupción”.

Por ejemplo, 85% de los especialistas consideró que el gasto en defensa no es fiscalizado suficientemente y 67% aseguró que la misma falla se presenta en el gasto de las empresas paraestatales.

Por otra parte, en lo que toca a la Secretaría de la Función Pública, la situación no mejora, ya que 85% de los expertos desconfió de su capacidad sancionadora, pues “las medidas correctivas que tendría que llevar a cabo (…) enfrentan problemas para ser realmente implementadas, debido a que dicha secretaría tiene debilidades que le impiden desarrollar su labor”.

No tocar…

La rendición de cuentas, explica el informe bianual, elaborado en la región desde el año 2000, “es un canal a través del cual se refleja si las necesidades y prioridades de los ciudadanos se incluyeron en las decisiones presupuestarias”, razón por la cual, la participación de la ciudadanía en el diseño del gasto garantiza que los recursos se dirijan a donde más se requieren.

Sin embargo, señala el documento, en el caso mexicano 94% de los expertos aseguró que “aún no existen mecanismos formales que permitan a la ciudadanía participar” en la toma de decisiones sobre cómo y a qué se destinarán los recursos del erario.

Y es que, se destaca, aunque “tanto en la etapa de disucisión-aprobación, como en la de ejecución del presupuesto, cada vez más grupos y organizaciones (civiles) han logrado abrirse espacios”, en México aún no existe una fórmula que permita una participación “ordenada y democrática” de la población en este proceso político-económico.

Caso similar es el de los legisladores, añade el informe, puesto que, a pesar de que es facultad del Congreso de la Unión analizar y aprobar el presupuesto, en los hechos, su margen de maniobra para ejercer cambios al proyecto de gasto formulado por el Poder Ejecutivo “es bajo”, según 89% de los expertos consultados.

Lo anterior se debe a que “gran parte de los recursos asignados en el presupuesto son inerciales, es decir, año con año hay rubros que no pueden modificarse”, tales como los servicios personales o el pago de sueldos, así como las obligaciones contractuales plurianuales y los pagos de la deuda pública, lo cual “inhibe” el papel de contrapeso del Congreso como vigilante del Poder Ejecutivo.

Otro factor, sin embargo, alienta las incapacidades legislativas para controlar la manera en que el gobierno gasta los recursos públicos: su desconocimiento en la materia fiscal, ya que 72% de los expertos consideró que los diputados y senadores no libran “un debate significativo” a la hora de aprobar el presupuesto.

Además, 70% de los expertos señaló que los legisladores “no cuentan con asistencia técnica y acceso a conocimiento especializado” en la materia, lo cual no es culpa más que de los diputados y senadores mismos, ya que el Congreso cuenta con un Centro de de Estudios de las Finanzas Públicas, “donde hay diversos especialistas que conocen el proceso presupuestario y tienen herramientas para analizar el paquete económico”.

Sin embargo, se señala, “el Centro sigue bajo la influencia de políticas partidistas, que impiden una total profesionalización de los investigadores”, mismos que son sustituidos cada tres años.

“Al final del día –concluye el documento–, no se tiene conocimiento claro respecto a los criterios utilizados por los diputados para hacer reasignaciones o dictaminar el presupuesto, y tampoco sobre el nivel de análisis realizado para la toma de decisiones”.