Violencia censura información ciudadana que se difunde en internet: Artículo 19

Ésta es la primera vez, en sus tres informes sobre el estado de la libertad de expresión en México, que Artículo 19 aborda las intimidaciones que sufren los ciudadanos.  En el documento “Silencio Forzado. El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa en México”, presentado el martes, la organización hace un recuento de distintos actos intimidatorios que buscan frenar el flujo de información ciudadana e, igualmente, menciona que en 2011, la Comisión Interamericana advirtió sobre la existencia de “comunidades totalmente silenciadas” por la violencia.

Reynosa, Tamaulipas, fue una de las primeras ciudades donde los ciudadanos comenzaron a reportar los primeros enfrentamientos en febrero de 2010. Con el hashtag #ReynosaFollow compartieron dónde había situaciones de riesgo; la experiencia fue tan exitosa que pronto fue copiada por usuarios de Monterrey y Veracruz.

Aunque Artículo 19 reconoce que gran parte de esa información no es confirmada por fuentes oficiales y se publica sin tratamiento periodístico, los usuarios habituales afirman que se comportan como comunidad pues verifican, enriquecen o depuran la información de manera colectiva.

El uso de las redes para transmitir información ciudadana no sólo ha contrarrestado la falta de información periodística, también la ausencia de comunicación efectiva en los gobiernos municipales y estatales, que en su mayoría no ofrecen información oportuna a través de las redes que ponga alto a los datos inexactos que se difunden en medio de una crisis

Una comunidad bajo intimidación

La madrugada del 13 de septiembre del año pasado, dos cuerpos aparecieron colgados en un puente peatonal de nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto a ellos colocaron dos advertencias a usuarios de los sitios de internet Frontera al Rojo Vivo y el Blog del Narco.

“Aunque no existe evidencia de que fuesen usuarios de ninguna red social ni contribuyentes de los sitios referidos —aún no hay datos sobre su identidad—, notas de prensa que circularon durante aquel día los identificaban como presuntos “tuiteros” que alertaban sobre violencia”, relata el informe de Artículo 19.

Once días después, en la misma ciudad, la jefa de redacción del diario Primera Hora, María Elizabeth Macías Castro, fue encontrada muerta en la colonia Madero, con un mensaje atribuido a un grupo criminal. En él, acusaban a la periodista de dar información al Ejército y la Marina a través de un sitio web.

Macías Castro era usuaria del sitio Nuevo Laredo en Vivo, donde los ciudadanos ‘chatean’ y comparten mensajes sobre la violencia en la entidad. En él, se hacía llamar NenaDLaredo.

“Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas –reza el informe– junto al cadáver de la periodista se encontraron dos teclados y varios cables de computadora, dejados como un mensaje de sus asesinos, quienes buscaban dejar claro que sabían de su actividad en la red”.

Seis semanas después, otro cuerpo fue dejado en el mismo sitio donde se encontró el de Elizabeth. Esta vez, el de un hombre decapitado. Junto a él se encontró un mensaje en el que se leía. “Me pasó por no entender que no debo­ reportar en las redes sociales, soy un [ilegible] como la Nena de Laredo y con este reporte me despido de Nuevo Laredo en Vivo”.

Días después del último asesinato, uno de los moderadores del foro negó que el cuerpo fuese de algún colaborador del sitio.
Según Artículo 19, uno de los tuiteros y blogueros más activos en Tamaulipas, quien se hace llamar @MrCruzStar, afirmó que los asesinatos recientes de supuestos denunciantes en la red podrían ser más un montaje que realidad. Además, declaró que los asesinatos fueron primícia en un sitio de noticias que normalmente se abstiene de publicar hechos violentos.

Como una muestra de la preocupación por su seguridad, un grupo de usuarios de las redes lanzaron un comunicado  en el que se reconocen como ciudadanos de buena fe, afirman que el crimen organizado pretende coartar la única libertad que les queda y subrayan que el gobierno local y el federal los ha dejado abandonados.

“No permitamos esa pretendida censura (…) son nuestros espacios, nuestra sociedad, somos mucho más que ellos, necesitamos unión y organización en estos momentos”, dice el comunicado.

Al panorama de Tamaulipas se suma el de Veracruz. En ese estado, el más violento para ejercer el periodismo según Artículo 19, dos usuarios de Twitter fueron encarcelados, acusados de perturbar el orden público al difundir información sobre un incidente ocurrido en la capital del estado.

No sólo los criminales atacan

“Hay una clara evidencia de que los intentos por controlar la información que circula por la red no sólo provienen de delincuentes”, señala Artículo 19 en su informe. Además, da cuenta de ataques a medios en línea críticos con la actuación de las autoridades locales.

Uno de esos ataques ocurrió en noviembre de 2011 contra el sitio web del semanario sinaloense RíoDoce. El portal estuvo fuera de línea por una semana debido a una serie de ataques de denegación de servicio, que consiste en saturar un sitio con millones de peticiones de accesos de usuarios ficticios.

Las publicaciones web Expediente Quintana Roo y Noticaribe sufrieron en julio de 2011 ataques cibernéticos que impidieron el acceso de los usuarios; además, fue borrado el historial de los contenidos de uno de los sitios. Ambos tienen una línea editorial crítica hacia la administrador de Roberto Borge Angulo, gobernador de la entidad.

“Los medios llevan a cabo una labor de escrutinio de la función pública, hacen públicos actos de corrupción y no rara vez exhiben las complicidades y las cercanías del poder con quienes violan la ley. Internet potenció esas voces que antes eran regionales. Ahí también busca silenciarlas”.