La transición presidencial en México cuesta el doble que en EU
Cualquiera de los tres candidatos que gane la Presidencia de la República el próximo 1 de julio, tendrá una bolsa de 11.5 millones de dólares (150 millones de pesos) que podrá usar en 86 días para poner en marcha el periodo de transición hacia un nuevo gobierno.
La cifra representa medio millón de dólares menos de lo que costó la transición presidencial en Estados Unidos (EU) durante el 2008. La diferencia, sin embargo, es que el equipo de Barack Obama recibió 5.2 millones por parte del gobierno y los 6.8 millones restantes provinieron de fuentes privadas.
La Cámara de Diputados aprobó estos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, a solicitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en el 2006 recibió la misma cantidad de dinero para encabezar la transición presidencial en su gobierno.
Lo anterior representa que mientras en EU -con un periodo de transición de 76 días- un día de transición le cuesta a los ciudadanos 68 mil 421 dólares (889 mil pesos), en México –con un periodo de transición de 86 días- un día vale 133 mil 720 dólares (un millón 738 mil pesos). Es decir el doble de lo que le cuesta a Estados Unidos.
El decreto aprobado por los diputados mexicanos por unanimidad señala que esos 11.5 millones de dólares serán destinados “efecto de llevar a cabo la elaboración y presentación de los proyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; programas gubernamentales; seguridad pública y nacional; trabajos de enlace con la administración saliente; difusión y actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias para el inicio” del cargo. Aún cuando el documento no especifica cuál será el órgano encargado de fiscalizar y administrar los recursos que se entregarán al equipo de transición; los diputados aprobaron el decreto regidos en los términos que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que obliga a funcionarios y dependencias de gobierno a rendir cuentas, transparentar gastos y ser austeros con los recursos.
En el decreto, además, no se muestran los criterios utilizados por los legisladores para entregar estos 11.5 millones de dólares. Contrario a lo que ocurre en EU, donde existe una Ley de Eficiencia de Transiciones Presidenciales, en el que se establece que los fondos sólo pueden aumentar si sube la inflación, en México fijar el monto de los recursos es una facultad discrecional de los presidentes.
En el libro La Corrupción Azul se documenta cómo en Europa y Latinoamérica no hay un país que tenga un periodo de transición tan largo y costoso como en México. En Gran Bretaña, una de las potencias económicas del mundo, el paso de un gobierno a otro es de unas horas y el costo es mínimo. El nuevo primer ministro se traslada al Palacio de Buckingham donde recibe el cargo de manos de la reina Isabel II.
En Alemania, la canciller Angela Merker fue electa el 18 de septiembre de 2005 y asumió el cargo dos meses más tarde. En ese país, no existe dinero público para transiciones presidenciales.
En Chile, Michelle Bachelet ganó la presidencia en enero de 2005 y rindió protesta en marzo siguiente. Ella armó su gabinete y trabajó los proyectos gubernamentales desde su casa de descanso en el Lago Caborja. No hubo una partida presupuestal para ella. En México sin embargo, es más del doble lo que se gasta en EU, cuya población es tres veces mayor a la de su vecino sureño.
El equipo encabezado por Felipe Calderón en el año 2006 regresó a la Tesorería de la Federación 27 millones 393 mil pesos, pero si en México se hubiera considerado agotar por completo la bolsa de dinero para la transición, nada se los hubiera impedido.
La discrecionalidad en el manejo de los fondos para la transición presidencial mexicana motivó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigiera a la secretaría de Hacienda imponer sanciones y regresar 23 millones 183 mil pesos, presuntamente gastados en forma ilegal en nueve contratos por parte del equipo de transición de Felipe Calderón.
En este paquete, la ASF incluyó los 12 millones 228 mil 49 pesos pagados ocho empresas para mejorar su imagen personal, la de su familia y la institucional.
