¿A qué equivalen exactamente <br> los “errores” del Ejército?
El pasado jueves, al conmemorar el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, admitió que el Ejército ha cometido “errores” en la lucha contra el crimen organizado emprendida a inicios del sexenio por el presidente Felipe Calderón; sin embargo, no precisó que dichos “errores” son, en concreto, 33 civiles asesinados; 225 más sometidos a tortura; 20 personas violadas sexualmente (17 mujeres y tres hombres) además de tres desapariciones forzadas, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011, tal como consta en los 82 expedientes sobre abusos militares enmarcados en la guerra al hampa, que han sido elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De entre estos “errores”, además, destacan aquellos cometidos por el Ejército en agravio de: cinco niños asesinados (tres de ellos de 1, 3 y 6 años de edad); así como las torturas a las que fueron sometidos otros diez; la violación de dos menores y los abusos sexuales contra otras dos.
Pese a ello, dijo el general, “la sociedad se sabe y se siente leal a sus Fuerzas Armadas. Enhorabuena por México”.
Lealtades
“Reconocer” la existencia de los abusos en los que los militares han incurrido durante acciones contra el crimen organizado, abundó el general Galván en la ceremonia realizada la semana pasada en Chapultepec, es, pues, una muestra de “lealtad a las víctimas y a sus familiares“, aunque, subrayó, la lealtad del Ejército es también para con sus soldados, misma que se demuestra al identificar “aquellos casos tendenciosos que buscan desprestigiar a la institución y desviar la acción de la justicia en favor de los delincuentes”.
Ya una semana antes, a través del informe Quejas y Recomendaciones, la Sedena había expresado que “cuando algún integrante del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se ven involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional atiende de manera inmediata las quejas presentadas y recomendaciones emitidas por la CNDH”, aunque también se enfatizó que “existen quejas que son presentadas por los integrantes de la delincuencia organizada, para desprestigiar a este Instituto Armado y, de esta forma, limitar sus operaciones”.
Y es en las mismas recomendaciones del ombudsman nacional, así como en el tratamiento que la Sedena les ha dado, que puede verificarse la correspondencia existente entre el discurso oficial y la realidad.
Por ejemplo, según el reporte Quejas y Recomendaciones, de los 252 soldados involucrados en 77 expedientes sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del combate al hampa (el documento no incluye los últimos cinco casos avalados por la CNDH en diciembre pasado), sólo 19 han sido condenados.
En contraste, otros 168 militares fueron exonerados y 65 más permanecen bajo proceso.
El mismo documento señala, además, que de los 19 altos mandos que fueron involucrados en los asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos cometidas “como resultado de las operaciones contra el crimen organizado”, ninguno enfrentó proceso y, menos aún, penas formales.
Por el contrario, señala el informe de la Sedena, en su apartado “Cifras de los militares procesados y sentenciados vinculados con violaciones a los derechos humanos”, 13 de los expedientes en los que la CNDH comprobó abusos del Ejército fueron archivados por la institución, “pues no se ha encontrado responsabilidad alguna“; en otros seis casos, en los que la Procuraduría de Justicia Militar inició una investigación, “se concluyó la averiguación previa no acreditándose la conducta ilícita” y en cuatro más no se inició un proceso penal, sino únicamente un “procedimiento administrativo”.
Crimen y castigo
Durante su alocución del pasado jueves, el general Galván también puso énfasis en que los militares mexicanos “somos leales a la ciudadanía, al atender con prontitud y esmero los requerimientos que nos plantean”. Sin embargo, tal como revelan los informes de la Sedena, de esos 77 casos documentados de violaciones a derechos humanos perpetradas por militares so pretexto de operativos contra el hampa, sólo en tres de ellos se ha llegado a una sentencia condenatoria.
Así pues, de los 19 militares sentenciados por estos abusos, 15 forman parte de la misma causa, el asesinato de seis miembros de una familia, tres de ellos infantes, ocurrido en junio de 2007.
Otros dos integrantes del Ejército, además, recibieron un castigo de dos años de prisión, tras raptar y asesinar a un civil.
Por el contrario, los caso de tortura denunciados en Guanajuato el 17 de octubre de 2008, y en Guerrero, un día después, fueron archivados por la Sedena a mediados de enero pasado, sin haber siquiera iniciado proceso contra algún responsable en particular.
Así pues, de los 33 asesinatos cometidos por militares en este sexenio, sólo siete han sido resueltos, mientras que los 225 casos de tortura, las 20 violaciones sexuales, así como las decenas de casos de detención ilegal y tratos crueles permanecen impunes.
Cabe destacar que en el documento Quejas y Recomendaciones, la Sedena reporta haber sancionado a un “jefe”, aunque no por algún abuso cometido en el marco de la guerra contra el crimen organizado o por algo que haya ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. Se trata del coronel Uriel Ríos Velázquez, ex comandante del 78 Batallón, quien en noviembre de 2005 obligó a un subordinado, a manera de novatada, “a beber grandes cantidades de alcohol, lo que provocó al agraviado insuficiencia respiratoria aguda secundaria, provocada por una broncoaspiración, y el consecuente fallecimiento”, tal como consta en la recomendación 9/2007 de la CNDH.
Por este hecho, el coronel Ríos (quien enfrentó cargos por “abuso de autoridad”) pasó cuatro meses en la prisión militar.
Complicidades
“En la democracia en que vivimos –destacó Galván, el pasado jueves–, la observancia del Estado de Derecho, el rechazo a la impunidad, la equidad de género, la transparencia, la rendición de cuentas, la atención prioritaria a la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos son propensiones irreversibles”, por lo cual, antes la Sedena había establecido que “cuando es comprobado algún delito que atente contra la dignidad humana, considerado como violencia a los derechos humanos, los órganos del fuero de guerra inician el proceso penal correspondiente, en contra del personal militar involucrado.”
No obstante, las recomendaciones emitidas por la CNDH contra el Ejército, enmarcadas en la lucha contra el crimen organizado declarada por el presidente Calderón, reflejan otra realidad: de los 82 casos en que el ombudsman nacional comprobó violaciones a los derechos humanos, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011, en 71 de ellos la Sedena actuó irregularmente.
En 56 casos, por ejemplo, la institución armada entregó informes “distintos a la realidad”, con datos “incorrectos e incongruentes”, ocultó información o no aportó pruebas de su legal proceder; en otros ocho casos, el personal demostró “falta de voluntad para cooperar”, dilaciones o “entorpecimiento” de las investigaciones, así como mala integración de indagatorias; en tanto que, en 15 casos específicos de tortura, los médicos militares omitieron asentar en sus reportes las lesiones infringidas a la víctima, su causa o consecuencias.
Pese a ello, dijo el general Galván, en Chapultepec, “lealtad es aceptar las recomendaciones que nos hacen los organismos competentes”.
