En Puebla, el ciudadano de a pie está imposibilitado a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de gobierno. La ley de transparencia no lo contempla, y con esa excusa el ex gobernador Mario Marín Torres y sus secretarios de gobierno eludieron las solicitudes que se plantearon a mitad y al final de su sexenio.
El 23 de febrero de 2005, el recién estrenado mandatario presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y ante los medios de comunicación su declaración patrimonial, prometiendo: “Lo haré saber para dar más confianza a la ciudadanía. Cada año expresaremos las modificaciones de esta declaración”, asegurando además que el documento y el de los funcionarios de primer nivel estarían disponibles para los ciudadanos en el portal de internet del gobierno estatal.
El documento presentado daba a conocer que Mario Marín era propietario de dos viviendas: una en el fraccionamiento El Ángel, en Xilotzingo, ubicada en la capital poblana y una más en el residencial El Cristo de Atlixco, a nombre de su esposa Margarita García, así como joyas, obras de arte y vehículos por un total de 7 millones 48 mil pesos.
patrimonio, nunca más volvió a hacerlo. El resto de los integrantes de su gabinete ni siquiera una vez lo hicieron.Riesgo de atentadoEn 2008 la oficina del Gubernatura respondía así una petición para conocer el informe que el entonces mandatario estatal estaba obligado a presentar ante el OFS y la Contraloría del estado:
“Cualquier aspecto que ponga en riesgo la estabilidad personal, familiar e incluso patrimonial del encargo del Gobierno, debe ser debidamente sopesado, como es el caso de abrir la información relativa a sus ‘datos personales’, en específico, lo concerniente a su declaración patrimonial, ya que al hacerse pública esta información se estaría potencializando el riesgo de un atentado, no sólo en el ámbito de la intimidad de su persona, sino incluso de su familia, su domicilio, sus papeles o posesiones, pero sobre todo, lo que conlleva a la figura jurídico, política y administrativa que él representa para nuestro Estado.”
Sobra decir que nunca hubo “consentimiento expreso por escrito del titular de esta”, a pesar de que se les solicitó.Solicitudes en grupoEn los estertores del sexenio, un grupo de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos publicaba un desplegado exigiendo al presidente Felipe Calderón, a Hacienda, al SAT, a la SFP, a la PGR, y a la ASF una auditoria al presupuesto federal ejercido durante el gobierno de Marín.
Tres días más tarde, el 21 de noviembre, el ContingentePue –un grupo de ciudadanos que usan las redes sociales para organizarse en torno a temas de derechos ciudadanos–, lanzaba una convocatoria para que los ciudadanos amparados en la ley de transparencia pidieran las declaraciones patrimoniales del gobernador y sus principales funcionarios.