Los 18 activistas asesinados en 2011: Primera parte

Aunque para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son 14 los activistas civiles asesinados durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, tal como informó el pasado 22 de diciembre de 2011, tan sólo el año pasado fueron denunciados al menos 18 homicidios de dirigentes e integrantes de movimientos sociales en todo el país.

Ellos y ellas son, estos son sus rostros, éstas sus luchas.

“Ni una muerta más”, era su grito de lucha, tal como el de otras miles de mujeres y hombres que, desde 1993, vienen denunciando los feminicidios en Ciudad Juárez y en todo el país. Pero esta frase le pertenece a ella un poco más que al resto, pues fue acuñada en su mente, generadora incansable de poesía.

El 12 de enero de 2o11, sin embargo, Susana se convirtió en la primera activista asesinada en el año. “La noche llegó en tu corazón –reza uno de sus poemas–, tus ojos se cerraron en la llegada del mundo.”

Tres jóvenes la estrangularon en un baño, luego de bailar y reír junto con ella. Le cortaron una mano y arrastraron su cuerpo fuera del domicilio al que poco antes había llegado, tras conocerla en una cervecería.

Malú, Elías y Luisa

Con ellos, suman ya seis integrantes de la familia Reyes Salazar asesinados desde 2008 (cuatro hermanos, una cónyuge y un sobrino), a raíz de la lucha que algunos de ellos emprendieron, desde la década de los 80, en defensa de colonos de Guadalupe y Valle de Juárez, luego como fundadores del PRD en la región, y por último como defensores de los derechos humanos ante el incremento de la actividad delictiva y la cada vez mayor presencia de fuerzas militares en Ciudad Juárez.

El primero fue Julio César, hijo de Josefina, (la más destacada de todos los activistas de la familia), y dos meses después, en enero de 2009, Josefina también fue asesinada. Un año después, en agosto de 2010, fue abatido Rubén, exregidor de Guadalupe.

Luego vino el secuestro de Malú, Elías y Luisa, lo que generó movilizaciones en el estado, así como la instalación de un plantón de los Reyes Salazar en la Ciudad de México, no sólo para exigir justicia, también protección para el resto de la familia.

Fue al cabo de 18 días que sus cadáveres aparecieron junto a una carretera, tras haber sido extraídos de una fosa clandestina y conducidos hasta un punto donde fueran visibles.

“Cuando se llevaron a mis hermanos –narra Olga Reyes Salazar, la única integrante de la familia que se mantiene en la defensa de los derechos humanos–, los militares no miraron nada… luego los matan y los entierran, y los militares no miraron nada… después vienen las protestas, los asesinos los desentierran, y los militares no miraron nada… y luego los dejan tirados en la carretera, para que la gente los mire, pero los militares tampoco miraron nada… ¿De dónde salió esa gente armada que se llevó a mis hermanos?”

Hasta la fecha no ha sido esclarecido ninguno de los seis asesinatos y más de 30 integrantes de la familia Reyes Salazar han abandonado México ante las amenazas anónimas que siguen recibiendo.

Asimismo, al menos tres domicilios de la familia han sido saqueados, rociados con gasolina e incendiados.

Javier Torres Cruz

En 2007, y luego de varios años de defensa de los recursos naturales en Guerrero, Javier hizo lo que ninguna autoridad estatal o federal se había atrevido: Señaló al cacique Rogaciano Alba como el autor intelectual del homicidio de Digna Ochoa, la defensora de derechos humanos que -según las autoridades capitalinas- en 2001 se suicidó, pegándose un balazo en la cabeza y otro en la pierna.

Junto con ella, Javier había luchado contra el despojo de tierras ejidales en la Sierra de Guerrero, donde, según sus propias denuncias, el ganadero Rogaciano Alba (tres veces regidor de Petatlán) obligaba a los campesinos a sembrar enervantes, con la protección de militares.

Un año después de vincular a Alba con la muerte de Digna, en diciembre de 2008, Javier fue secuestrado por desconocidos, que lo torturaron por varios días antes de ponerlo en libertad, y por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al estado de Guerrero medidas de protección, que no fueron acatadas sino hasta agosto de 2009.

Los atentados, sin embargo, no cesaron, sólo se modificó la estrategia: Los narcotraficantes de la zona obligaron a Adela, esposa de Javier, a intentar matarlo, bajo la amenaza de asesinar a sus familiares.

Cuando un médico descubrió que los repentinos síntomas que presentaba Javier sólo podían deberse a envenenamiento, Adela confesó ante la comunidad el hecho y huyó, llevándose consigo a sus hijos.

Javier extrañaba a los niños, narró su hermano Alejandro, y fue con la oferta de permitirle verlos que lo tentaron para salir de su comunidad, La Morena, durante la tarde del 18 de abril de 2011.

Ese día, Javier fue acribillado.

Bárbara Lezama

El 4 de diciembre de 2011, Addy, Jacqueline, Henry y decenas de amigos más se congregaron en Facebook para desearle un feliz cumpleaños a Bárbara, aunque su edad fuera un secreto y aunque los buenos deseos debieran ir “de la Tierra al cielo”.

Bárbara murió el 30 de abril anterior, asesinada en su departamento de Tehuacán, Puebla. Primero intentaron asfixiarla con el cordel de una plancha y, al no lograrlo, golpearon su cabeza con un ladrillo, hasta que dejó de respirar.

Bárbara era transexual, sexoservidora e integrante del Frente Diverso Sexual de Tehuacán. Y “era altiva, sonriente, desafiante, transgresora”, recuerda Ayline, su amiga de la infancia.

“Ella era alta y simpática –dice Ayline–, y era bonita, muy bonita, tanto que resultaba imposible que pasara inadvertida cuando caminaba por la calle”.

Cuatro días después de su asesinato, Víctor Carrancá Bouget, procurador de Justicia de Puebla, aventuró que éste “no es un crimen de odio” y, técnicamente, tiene razón, ya que en esta entidad de la República Mexicana la discriminación  no está tipificada como delito ni como agravante en el Código de Defensa Social (código penal estatal).

Hasta la fecha, el homicida de Bárbara no ha sido identificado. Desde 2005, al menos 11 transexuales han sido asesinados en Puebla, la mayoría por estrangulamiento, traumatismo craneal o disparos en la cabeza.

Quetzalcóatl Leija Herrera

A los 18 años, Quetza se fue de casa, donde madre y padre censuraban su homosexualidad a tal grado que, en un momento de crisis, pensó incluso en ordenarse sacerdote.

Luego se fue de Guerrero a Europa en busca de la tranquilidad espiritual que el catolicismo no le brindaba, y exploró otros credos. Después volvió a México, resuelto a defender su derecho a ser libre.

Fue así como fundó el Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, desde el cual emprendió una activa lucha contra los crímenes de odio en el estado.

De 2007 a 2010 documentó más de un centenar de homicidios por homofobia y en 2008 promovió el establecimiento de las sociedades de convivencia en Guerrero, aunque, como destacó la prensa local, panistas y perredistas se unieron en un solo coro que bloqueó cualquier debate al respecto en el Congreso local.

Su meta era que el respeto a la diversidad se desarrollara en un estado en el que la violencia contra integrantes de la comunidad lésbico-gay-transexual-transgénero-intersexual viene en aumento.

David, amigo de Quetza, recuerda las “abominaciones” cometidas en el estado contra los homosexuales, tal como se las narró el dirigente gay: “A unos los apuñalan, les dan 10 ó 20 puñaladas en la cara, en los huevos… a otros los desfiguran, los lapidan… ha habido casos en que se encuentran objetos en el culo: botellas, dildos, chacos… hace unos años, un profesor murió luego de que su agresor lo violó con el palo de una escoba.”

Durante la madrugada del 4 de mayo de 2011, Quetzalcóatl fue asesinado a pedradas a unos metros del Palacio Municipal de Chilpancingo. De sus atacantes, hasta la fecha nada se sabe.

Isabel y Reyna Ayala

A los 16 años, Isabel veía pasar por su pueblo, Santa Rosa de Lima, al flaco maestro que dirigía la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas y, bajo el seudónimo de “Carmen”, la niña partió con la columna guerrillera.

A pesar que era 20 años mayor, Isabel y Lucio entablaron una relación amorosa y, al año siguiente, se embarazaron, por lo que “Carmen” fue conducida fuera de la zona de combates, en la Sierra de Guerrero. Era el 16 de marzo de 1974 y nunca más Isabel y Lucio volverían a verse.

Cinco meses después, Isabel, su hija recién nacida Micaela, y la madre de Lucio, Rafaela Barrientos, fueron detenidas y torturadas en el Campo Militar Número 1 y, cinco semanas más tarde, Lucio cayó al intentar romper el cerco militar tendido alrededor suyo.

Sólo tres años después, Isabel recobró la libertad, aunque permaneció bajo vigilancia el resto de su vida.

El 3 de julio de 2011, Isabel salió de un templo evangélico en Xalatianguis, Guerrero, acompañada de su hermana Reyna, cuando fueron baleadas por sujetos que, antes de huir, robaron sus teléfonos celulares, mismos que emplearon para amenazar de muerte a Micaela, ahora de 35 años.

“Mi mamá era emblemática –dijo ella en agosto pasado, tras permanecer oculta durante el mes posterior al asesinato–, mi mamá no era cualquier persona. Y si se atrevieron a hacerle esto a la esposa de Lucio Cabañas, ¿qué no podrán hacerle a cualquier otro luchador social… a cualquier otro que levante la voz?”

Hasta la fecha, los homicidios de Isabel y Reyna siguen impunes.