A pesar que en México se realiza “un seguimiento puntual de la comisión de hechos delictivos, identificando y actuando contra los responsables por parte de las procuradurías generales de los estados y de la Procuraduría General de la República cuando así corresponda”, tal como afirmó la PGR el pasado 5 de enero a través de un comunicado oficial, de los 13 mil 854 casos de homicidio vinculados al crimen organizado registrados durante los primeros cuatro años de gobierno de Felipe Calderón, sólo 22 responsables han sido condenados o, dicho de otra forma, únicamente 0.15% de dichos crímenes ha sido resuelto por la autoridad, según sus mismas estadísticas.
Tal como se desprende del informe “Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México“, presentado el año pasado por la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch y elaborado con base en cifras oficiales proporcionadas por la PGR y por el Poder Judicial de la Federación, entre diciembre de 2006 y enero de 2011 las autoridades federales (constitucionalmente responsables de investigar los delitos relacionados con el crimen organizado) sólo iniciaron 997 averiguaciones previas vinculadas con los 13 mil 854 homicidios oficialmente atribuidos al hampa durante ese lapso; es decir, el organismo federal correspondiente ha investigado apenas 7% del total de casos.
A pesar de ello, la PGR “garantizó” en su comunicado del pasado jueves que “cada uno de estos casos está siendo investigado”.
Asimismo, la PGR reportó a Human Rights Watch que de esos más de 13 mil asesinatos sólo ha identificado a 343 presuntos responsables, lo que quiere decir que 97% de los homicidas permanecen no sólo impunes, sino libres de toda acusación.
En su informe, no obstante, HRW afirma que “cuando se pide a funcionarios judiciales que expliquen las razones por las cuales sólo se consiguen condenas en casos excepcionales, presentan varias explicaciones, incluyendo el volumen abrumador de causas, la complejidad y el riesgo inherente que supone llevar adelante investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada”.
Cabe recordar que la cifra de ejecuciones vinculadas al hampa perpetradas durante 2011 fueron declaradas bajo reserva a finales del año pasado por las autoridades federales, tal como dio a conocer Animal Político el pasado miércoles, lo que originó que, un día después, la PGR diera marcha atrás a tal decisión e informara que tales datos serán difundidos “conforme las autoridades estatales los validen”.