¿El gobierno contó bien a los muertos? Lo sabremos en 12 años
El gobierno de Felipe Calderón finalmente abrió la mayor parte de la información sobre los muertos en la guerra contra el narcotráfico en el año 2011. Sin embargo, si ha sumando bien o, por el contrario, ocultó información y se cometieron errores, no podrá saberse antes del año 2023.
Para entonces, el presidente Felipe Calderón tendrá más de una década de haber dejado Los Pinos e incluso su sucesor también habrá entregado el poder. De hecho, los niños que nacieron en el 2006 –cuando inició esa guerra- tendrán alrededor de 17 años de edad.
Los documentos en los cuales han sustentado las cifras oficiales están reservados, al menos por los próximos 12 años. Abrirlos antes de ese momento sería no sólo “poner en riesgo la estrategia contra los cárteles”, sino también poner en duda ante la opinión pública la cifra de muertos oficial reconocida hasta el momento -47 mil 515 – toda vez que ésta “puede ser susceptible de cambios”, según la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de lo anterior, también se rompería la secrecía sobre los datos personales de los muertos.
La PGR, a través del Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI) –instancia encargada de manejar las cifras-, tomó esta decisión ante una solicitud tramitada por un ciudadano, quien pidió los documentos utilizados para alimentar lo que, oficialmente se ha conocido como “base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”, según consta en el expediente 862/11 elaborado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).
Quien hizo la solicitud –cuyo nombre está protegido por tratarse de un dato personal– intentó valorar por su propia mano si el gobierno hizo adecuadamente su trabajo al contabilizar el número de muertos.
El trámite inició en febrero de 2011, cuando ya estaba disponible en el portal de internet de la Presidencia de la República la base de datos correspondiente al periodo que va de diciembre del 2006 a diciembre del 2010. Hasta ese momento, la cifra oficial indicó que ya eran 34 mil 612 homicidios.
El pasado 11 de enero, la PGR reconoció que hubo 12 mil 903 muertos más entre los meses de enero-septiembre del 2011, luego que Animal Político reveló una maniobra del gobierno calderonista para mantener en secreto esta cifra escudándose en una clasificación de los archivos por seguridad nacional, a contrapié de lo que hizo el año anterior.
Los muertos en la guerra contra el narcotráfico se elevaron a 47 mil 515 reconocidos oficialmente. Esa cantidad bastaría para superar la capacidad de los estadios de futbol de primera división construidos, precisamente, en algunas de las ciudades más violentas. Por ejemplo, el estadio de futbol de los Santos, en Torreón, tiene alrededor de 30 mil asientos disponibles; el Caliente de Tijuana cuenta con una capacidad para unas 33 mil 340 personas y el Universitario de Nuevo León, conocido como “El Volcán”, cuenta con espacio para 45 mil aficionados.
No obstante, la cifra oficial de muertos de 2011 es más alta que la reportada por tres diarios editados en la Ciudad de México.
Milenio: 12 mil 284 y PGR: 12 mil 903 (diferencia de +619)
Reforma: 12 mil 359 y PGR: 12 mil 903 (diferencia de +544)
La Jornada: 11 mil 890 y PGR: 12 mil 903 (diferencia de + 1,013)
¿Por qué están reservados los documentos generados en el gobierno para contabilizar los muertos? En un audiencia celebrada en el IFAI, la PGR tuvo que exponer sus razones –hasta ahora desconocidas públicamente- ante la comisionada María Marván (ahora consejera del Instituto Federal Electoral, IFE). Entre ellas, destacan las siguientes:
–Difundir esa información podría menoscabar o dificultar las estrategias contra la delincuencia organizada en el ámbito de la seguridad pública.
–Hay datos personales de los muertos que no pueden revelarse.
–Repercutiría en el resguardo de los criterios utilizados para el manejo de información así como de interpretación de la misma.
–La información puede ser mal empleada y poner en riesgo las actividades del CENAPI con el fin de diseñar las estrategias contra el narcotráfico
-Los análisis generados por el CENAPI generan informes de inteligencia utilizados para combatir al crimen desorganizado.
En el 2009 se creó el Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención a la Delincuencia Organizada (CANDADO) integrado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El CENAP –organismo de la PGR- es el encargado de manejar los datos suministrados por el gabinete de seguridad y, posteriormente conformar las bases de datos sobre muertos en la guerra contra el narcotráfico que se ha hecho públicas a través de la Presidencia.
Cada secretaría aportó la información recogida en sus despliegues dentro del país sobre enfrentamientos, agresiones y asesinados, en general. En formatos especiales –los cuales no se conocen hasta hora- envió los datos a los encargados, precisamente, del CENAPI.
Una vez llegados ahí, se verificó que la información no tuviera lagunas, ni casos dudosos y tampoco cifras duplicadas. Pasado ese filtro, los datos son enviados nuevamente a las secretarías integrantes del grupo CANDADO para corroborarse.
El intercambio de información se hace diariamente. Los datos se verifican cada viernes. Las cifras finales sólo pueden darse a conocer hasta que han superado estos pasos. En este momento, el gobierno ha hecho públicas dos bases de datos:
–Diciembre del 2006 a diciembre del 2010
–Enero-septiembre del 2011.
Aun cuando ya están disponibles en internet, la PGR ha decidido que la materia prima con la que trabajaron; es decir, los formatos llenados por los miembros del grupo CANDADO están reservados por 12 años.
“El dato de un momento de tiempo nunca es definitivo, siempre es posible incluir casos que antes no se habían considerado, o, por el contrario, casos que originalmente figuraban en los registros que, con el paso del tiempo, se sabe que no corresponden al universo que se busca registrar con esta herramienta”, aseguró la misma PGR en su comparecencia ante el IFAI.
¿Por qué aun cuando son datos colocados en internet hay secrecía? ¿Se reservan los formatos del grupo CANADO porque la cifra de muertos que han hecho pública puede cambiar en cualquier momento? ¿Cambiaría sustancialmente?”, estas son tres de las preguntas que Animal Político intentó hacer a la PGR. No obstante, optaron por no responder.
De hecho, el IFAI –por decisión unánime de sus comisionados- confirmó a la reserva de 12 años sobre estos documentos, respaldando cada uno de los argumentos esgrimidos por la PGR, entre ellos éste último en el sentido de que las cifras pueden modificarse aun cuando sean ya del dominio público.
