Activistas asesinados en 2011: Segunda Parte

Durante la segunda mitad de 2011, 10 activistas sociales fueron asesinados en distintos puntos de la República, pertenecientes lo mismo a luchas agrarias que ecológicas, educativas, por la diversidad sexual, o contra la impunidad, que se suman a los ocho homicidios de integrantes de movimientos cívicos registrados durante los primeros seis meses del año pasado.

Ésta es la segunda entrega del memorial que Animal Político inició ayer, en torno a los 18 los dirigentes y luchadores sociales abatidos el año pasado.

Vivía en la torre 17 de Tlatelolco. Era representante de los militantes gays, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales del PRD en la Ciudad de México. Murió el 23 de julio de 2011.

Cuatro sujetos consumían cocaína en su casa, uno de ellos era su amigo, los otros, invitados. Christian sólo los acompañaba.

Cuando la droga se acabó, y el activista se negó a prestarles dinero, fue golpeado, degollado y apuñalado 128 veces.

Christian anhelaba ser diputado, en representación de la “comunidad diversa” de la capital.

Soñaba con crear una Secretaría de la Diversidad Sexual en el PRD.

Al morir, tenía 25 años.

Los cuatro homicidas están recluidos.

Pedro Leyva Domínguez

Santa María Ostula es un pueblo de la costa michoacana, cuyos habitantes “recuperaron” en 2009 cerca de mil 300 hectáreas que, según sus denuncias, les habían sido arrebatadas por caciques locales.

Con potencial turístico por sus playas, pero también atractivo para los grupos de narcotraficantes que operan en el puerto de Lázaro Cárdenas y municipios aledaños, Ostula decidió crear su propia policía comunitaria y defender sus tierras, asoladas por grupos armados que incluso han llegado a quemar vivos a algunos de los vigilantes ejidales.

Esta situación es la que pretendía denunciar Pedro Leyva, representante de los ejidatarios de Ostula ante el Movimiento por la Paz, en el segundo encuentro que la agrupación de víctimas de la violencia sostuvo con el presidente Felipe Calderón, el pasado 14 de octubre de 2011. Una semana antes, sin embargo, fue asesinado.

“Se trató –dijo entonces, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake– de un conflicto familiar, un primo con el que estaba bebiendo le disparó.”

Con él, sumaban 27 los ejidatarios asesinados en Ostula, desde 2008.

Pedro es, así, el integrante del Movimiento por la Paz asesinado desde su surgimiento y era, también, el primero en ser criminalizado por las autoridades, al ser tilado su homicidio, por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, como producto de una rencilla familiar, durante una noche de cervezas.

En su nombre, el Movimiento por la Paz guardó un minuto de silencio, al arrancar el encuentro con Calderón en el Castillo de Chapultepec y se dio lectura a las palabras que alguna vez pronunció:

“Tenemos que luchar –fue el mensaje–, venga lo que venga, pase lo que pase, contra quien sea. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder, pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad”.

Guadalupe Flores García

Priista forjado en décadas de militancia, exdiputado local entre 1999 y 2002, exsíndico municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Guadalupe era representante de un sector de campesinos que denunciaban haber sido desplazados de la dirección comunal (por la que había pasado en al menos cinco periodos), por correligionarios encabezados por su rival, Héctor Paniagua Salazar, a los que, además, acusaba de desfalcar las arcas ejidales.

El 7 de octubre, Guadalupe se encontraba reunido con otros militantes priistas en la sede del Comisariado Ejidal de Bajía de Banderas, por la mañana, cuando un sujeto que nadie pudo reconocer, le disparó en cinco ocasiones.

“Él era un líder que trabajó mucho por la problemática del ejido –recordó Pánfilo, su compañero de la universidad, al rendírsele homenaje–, la gente lo respaldaba… la gente lo quería.”

Por este homicidio, la procuraduría estatal inició investigaciones contra Héctor Paniagua Salazar, pero hasta la fecha nadie ha sido formalmente responsabilizado.

Francisco Tezoptitlán Panchito

Maestro e integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (la sección disidente del sindicato magisterial que encabeza, a nivel nacional, Elba Esther Gordillo), Francisco impartía clases en la región indígena de Zitlala.

Además, era secretario de prensa y propaganda de la agrupación de maestros democráticos, que tiene presencia en las zonas Centro, Norte, Montaña, Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y Acapulco, y que para entonces se hallaban en paro de labores, tras recibirse amenazas del crimen organizado, exigiendo que un porcentaje del salario de cada profesor fuera entregado, para garantizar la integridad física de los miembros del magisterio.

Es en este contexto que el cuerpo de Francisco fue hallado la madrugada del 16 de octubre de 2011, en las inmediaciones de Zitlala, el municipio donde impartió clases, con señales de tortura y varias fracturas en el cráneo.

Murió apedreado, según la autopsia. Tenía 35 años.

Según cálculos de agrupaciones civiles de Guerrero, en el estado han muerto 3 mil personas vinculadas a movimientos sociales, desde 2004.

Robert Paul Frey

“Él era un norteamericano de pies a cabeza”, nacido en 1945, en Oakland, Estados Unidos. Y fue un ingeniero que, al concluir su vida laboral, se reinventó: buscó un nuevo país, un nuevo nombre y una nueva utopía, todo lo cual halló en Ensenada, Baja California, a donde llegó hace una década.

“Roberto”, como terminó siendo rebautizado por sus amigos mexicanos, vino con una idea en la mente, hacer de Ensenada un laboratorio donde poner en práctica métodos técnicos y sociales para transitar de un consumo irracional de combustibles fósiles, a nuevas formas de generación energética, compatibles con la sustentabilidad ambiental, que después sirvieran de ejemplo a otras comunidades de México y el extranjero.

Así, Robert echó a andar la agrupación Proyecto Ensenada, con el que se impulsó la creación de una ciclovía, huertos alternativos y mercados verdes.

“Todas las iniciativas implementadas por él –recuerda Mariana, su amiga y colaboradora–, tenían un ideal en común: preparar a Ensenada y sus habitantes para modificar sus hábitos e independizarnos de productos fósiles como el petróleo.”

El 21 de octubre de 2011, Robert abrió la puerta de su hogar a una pareja de jóvenes a los que rentaba una propiedad. El pretexto para visitarlo era pagarle la renta.

Ya dentro, los dos jóvenes, de 22 años de edad, lo amordazaron y estrangularon. Luego robaron tres computadoras, el iPhone del ambientalista, su tarjeta bancaria y un auto. Tras vender lo robado, los dos jóvenes se sumaron a las marchas de la comunidad de Ensenada, organizadas para exigir justicia para Robert.

Fue en una de estas manifestaciones que, tres días después del homicidio, los atacantes fueron capturados.

Carlos Sinuhé Cuevas

En 2009, diez años después de participar en la última huelga estudiantil de la UNAM, a los 33 años de edad, Carlos volvió a las aulas, para concluir sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, con una tesis sobre la ética mexica, y desde su regreso se sumó a la organización estudiantil, lo que le valió que en CU parecieran carteles anónimos en los que se le desprestigiaba, acusándosele de ser espía de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Un año después, en 2010, Carlos se sumó al movimiento estudiantil que en la Facultad exigía retiro de cámaras de vigilancia, actualización del acervo bibliotecario, cancelación de cobros en la División de Educación Continua, instalación de un comedor y fotocopias gratuitas para los alumnos.

“Le gustaban sus rastas –recuerda Lourdes, su madre–, no creía que por una vestimenta pudiera valer menos, porque él aprendió que valía como ser humano, como hijo, como parte de una familia y de un pueblo, sabía que como parte de los trabajadores, valía…”

El 27 de octubre de 2011, Carlos tomó rumbo a su casa, en Topilejo, pero en el camino fue interceptado por desconocidos que dispararon contra él en 16 ocasiones. Para las autoridades capitalinas se trató de un crimen pasional por el cual, no obstante, no hay detenidos.

“Mi hijo era un hombre que luchaba –llora Lourdes, el 1 de noviembre, tres días después de su asesinato, en el día de los Santos Inocentes–, era de Filosofía, yo luché mucho para que se preparara, porque estamos jodidos pero tenemos orgullo, dignidad, jamás agachamos la cabeza… hijo, te amo, donde quiera que estés, y voy a luchar por ti, te lo prometo, hasta la muerte, y aún después de muerta, seguiré velando por ti.”

Nepomuceno Moreno

Nepomuceno era padre de Jorge Mario, un joven desaparecido por policías de Sonora, en 2010, y como integrante del Movimiento por la Paz participó como invitado en el encuentro que la dirigencia del grupo de víctimas sostuvo con Calderón en Chapultepec, el 14 de octubre de 2011.

Pero estar ahí, presenciar el acto simplemente, no le bastaba, así que en un descuido, se aproximó al Presidente y le explicó la situación de su hijo y las amenazas que él y su familia recibían, desde que emprendió la denuncia de las autoridades que lo raptaron.

Calderón escuchó atento, asintiendo con la cabeza, mientras Nepomuceno le explicaba que la Procuraduría de Sonora le ocultaba videos de la tienda de conveniencia donde su hijo fue abordado, así como el hostigamiento del que era víctima y que le hacía temer por su vida.

“Muy bien –le contestó el Presidente–, yo lo veo”.

Mes y medio después, el 28 de noviembre, Nepomuceno fue asesinado en Hermosillo, Sonora, por un hombre que se aproximó a su vehículo y disparó en varias ocasiones, convirtiéndolo en el segundo integrante del Movimiento por la Paz asesinado desde que el grupo fue formado en mayo de 2011.

Tal como en el caso de Pedro Leyva, las autoridades desvincularon la muerte de Nepomuceno de su activismo social, y de hecho difundieron que el padre de familia, de 56 años, tenía antecedentes penales.

Ocultaba la autoridad que Nepomuceno fue declarado inocente por un juez, luego de pasar cuatro años en prisión, enfrentando juicio.

Del homicida de Nepomuceno, nada saben las autoridades. Del paradero de Jorge Mario, tampoco. Hoy, el caso es investigado por la PGR.

José Trinidad de la Cruz

El 6 de diciembre de 2011, una delegación de 12 integrantes del Movimiento por la Paz acudió a Santa María Ostula, donde dos meses antes había sido asesinado Pedro Leyva, para presenciar, como observadores ciudadanos, el debate ejidal sobre las propuestas que el gobierno federal empuja en la zona, para finiquitar el conflicto por las mil 300 hectáreas que se disputan caciques y comuneros.

Pero antes de llegar a Ostula, los activistas hicieron una escala en Xayakalan, el poblado “en rebeldía” donde se refugió un grupo de ejidatarios de Ostula, asediados por los grupos armados de la zona.

Ahí recogerían a Don Trino, el dirigente campesino que el 28 de noviembre previo había sido recibido por autoridades estatales, federales y militares, para reportar las amenazas que contra los pobladores se venían cirniendo, particularmente de un grupo de pequeños propietarios que operan como guardia blanca en esta zona de la costa michoacana.

Fue al salir de Xayakalan que cuatro hombres armados detuvieron a los miembros del Movimiento por la Paz. Ante ellos, Don Trino, de 73 años, fue golpeado, lesionado con un cuchillo y luego secuestrado.

Un día después, su cuerpo fue hallado en las cercanías de Xayakalan, fue ejecutado con las manos atadas.

Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría

El 12 de diciembre de 2011 murieron Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, dos estudiantes normalistas de Guerrero que participaban en un cierre carretero, en defensa de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuya operación fue cuestionada por el gobernador Ángel Aguirre, lo que los alumnos consideraron como un intento por cerrarla.

En el desalojo de la Carretera del Sol, ordenado por Aguirre, participaron no sólo granaderos estatales, sino también policías federales y judiciales estatales que, empuñando armas largas, abrieron fuego contra los estudiantes.

El momento en que Jorge Alexis y Gabriel Herrera fueron asesinados, quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona, lo que permitió identificar a 12 agentes presuntamente implicados en el operativo, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó diversas violaciones a las garantías de los manifestantes, empezando por un uso desproporcionado de la fuerza pública, presencia en el lugar de agentes no facultados para labores preventivas, empleo de fuego letal, infiltración de agentes vestidos de civil y diversas agresiones contra los manifestantes.

Para este momento, sólo dos de los diez policías implicados en el operativo permanecen detenidos.

La actuación de la Policía Federal en el violento desalojo, además, no ha quedado aclarada, aunque ninguno de sus integrantes fue sometido a investigación.