La Jornada publica hoy que Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una nueva y segunda convocatoria para que empresas privadas nacionales y extranjeras realicen la explotación de campos maduros de la región norte, mediante la cesión de las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción (PEP), el organismo más importante de la petrolera mexicana. Ahora se incluyen seis áreas contractuales, dos marinas (Arenque y Atún) y cuatro terrestres (Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca), las cuales se ubican en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.
Rogelio Gasca Neri, consejero profesional independiente de Pemex, en su voto razonado del pasado 15 de noviembre de 2011, se opuso a la celebración de estos contratos y advirtió:Aprobar estos contratos equivale a estar tomando decisiones de política energética que no le corresponden al consejo; es tomar decisiones que afectarán a Pemex en forma importante y atarán a las siguientes generaciones a un esquema de apertura del sector petrolero que inhibirá o condicionará las decisiones en este importante sector para la economía, para las finanzas públicas y para el país
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El nuevo modelo de contratos eleva el plazo de las concesiones de 25 a 30 años; Pemex participa sólo con 10 por ciento del proyecto; el riesgo ambiental lo asume la paraestatal. Se incrementa el factor de ajuste de tarifa de 60 a 70 por ciento, lo que implica un pago más alto al contratista. Se aplica un régimen fiscal más flexible que la onerosa carga impositiva que se aplica a Pemex. De esta manera, el precio que pagará Pemex por la extracción de crudo, junto con 70 por ciento del costo de las facturas que presente el contratista, será de alrededor de 20 dólares por barril, que contrasta desfavorablemente con el precio de extracción de Pemex de 5.22 dólares por barril, alertaron expertos de la industria.
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