El pleno del IFAI resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) busque y entregue información estadística relacionada con el número de fosas clandestinas encontradas en territorio mexicano.
En respuesta a la solicitud de información de un particular, quien pidió conocer la cifra de fosas encontradas en las 32 entidades del país, el IFAI también determinó que se debe informar sobre la cantidad de cuerpos exhumados en esos sitios de diciembre de 2006 a mayo de 2011.
El particular pidió además conocer el número de pruebas de identificación de ADN realizadas por peritos de la PGR, encargados de la aplicación de exámenes de reconocimiento.
Asimismo solicitó el costo total en moneda nacional de los análisis que resulten de la identificación del ácido desoxirribonucléico (ADN) y otros métodos de reconocimiento de los cuerpos, además del gasto promedio por cuerpo exhumado.
En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) agregó que el particular también solicitó conocer cuántos cuerpos exhumados de las fosas han sido reconocidos oficialmente por familiares, a los cuales se les puede adjudicar una identidad oficial.
De igual forma, cuántos servicios médicos forenses hay en todo el país, cuál es su capacidad operativa y el gasto representativo por atender a los cuerpos exhumados; la descripción general de donde las fosas son halladas, así como el sexo y edad de los cuerpos a los que fue posible identificar.
La Procuraduría respondió, respecto al primer punto, que la información es inexistente, mientras que del segundo señaló que sólo cuenta con datos de 2010 y 2011; en ese sentido precisó que el año pasado hizo un total de 474 estudios de ADN y de enero a mayo de 2011, mil 156.
El solicitante se inconformó con la respuesta proporcionada para los numerales uno, dos, tres, cuatro y siete, por lo que presentó recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de Jacqueline Peschard Mariscal.
Después de un profundo análisis de cada punto, la comisionada presidenta del instituto decidió con el pleno rechazar la respuesta de la PGR y le instruyó poner a disposición del recurrente la información estadística solicitada, con el grado de desglose en que se encuentre.
No obstante, el pleno determinó que en caso de que la dependencia no cuente con la información para el periodo del 1 de diciembre de 2006 a 2009, deberá declarar formalmente su inexistencia.