Así mataron a don Trino

El 28 de noviembre pasado, en un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como del gobierno de Michoacán, José Trinidad de la Cruz, representante del municipio de Santa María Ostula, planteó a las autoridades “la urgencia de que se implementaran rondines en la zona de Xayakalan” (ubicada dentro de este municipio), ante el acoso que dicha comunidad sufría a manos de grupos paramilitares, que disputan a los pobladores el control de las localidades adyacentes al puerto de Lázaro Cárdenas.

Según la minuta de dicho cónclave, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, los representantes de esta dependencia se comprometieron a coordinarse “con la Procuraduría General de Justicia del estado, a efecto de incrementar los rondines en las zonas que se indican”.

Es así como este campesino se convirtió en el tercer integrante del Movimiento por la Paz asesinado desde su surgimiento, en mayo pasado, y es, también, la segunda víctima mortal perteneciente a este grupo ciudadano, en una semana, luego del asesinato de Nepomuceno Moreno, ocurrida en Sonora el 28 de noviembre pasado, el mismo día en que las autoridades de Michoacán prometieron atender las solicitudes de protección formuladas por don Trino,  como el anciano de Ostula era conocido por sus vecinos.

Además, con su secuestro y asesinato, por tercera ocasión se vio frustrada la consulta cívica en la que los ejidatarios analizarían el plan de pacificación propuesto por las autoridades para esta zona del estado, donde la operación de grupos delictivos había dejado –hasta inicios de la semana– 27 comuneros muertos y cuatro desaparecidos, consulta que se realizaría justo el día del ataque.

“Lo estaban acuchillando…”

“Primero bajaron a don Trino –señala la joven, apenas 20 horas después del ataque–, luego bajaron a los demás, nos obligaron a tirarnos al piso. Ahí nos amenazaron con realizar una masacre, hablaron de asesinarnos a todos y, mientras esto pasaba, golpeaban a don Trino, oíamos sus gemidos, creemos que lo estaban acuchillando, esa es la impresión que tenemos, por los gritos que emitió y por lo que ellos (los atacantes) estaban diciendo.”

El grupo del Movimiento por la Paz había viajado a Michoacán, de hecho, para realizar labores de observación ciudadana durante la consulta ejidal programada para el pasado martes, y antes de llegar a Ostula, habían recogido a don Trino en la comunidad de Xayakalan, perteneciente a dicho municipio aunque, apenas abandonaron el poblado, fueron emboscados.

“Lo dejamos ahí…”

Citlali continúa su narración: “Luego de golpear a don Trino, los hombres armados le pidieron que se levantara, para dejarnos ir a nosotros, ahí fue cuando nos quitaron los celulares (para impedir que se diera aviso del ataque)… A causa del dolor, don Trino no podía levantarse, le preguntaban si podía pararse, y él, con gemidos, respondía que no, pero aún así lo obligaron a golpes a ponerse en pie y se lo llevaron hasta donde ya no alcanzábamos a mirarlo.”

Este no era, cabe destacar, el primer atentado contra el dirigente agrario. Ya antes, el 14 de noviembre, don Trino denunció que tres integrantes del grupo paramilitar que opera en la zona (a los que identificó como Prisciliano Corona, Margarita Pérez e Iturbide Alejo), lo habían “golpeado duramente, en presencia de la comunidad, con un arma R-15”, amenazándolo públicamente de muerte.

Prosigue Citlali: “Luego de que los hombres armados alejaron a don Trino, nos pidieron al resto que nos pusiéramos de pie, con las manos en alto; nos ordenaron subir a la camioneta y, ya arriba, que nos fuéramos directamente hasta la ciudad de Lázaro Cárdenas (ubicada a 300 kilómetros de Xayakalan); nos dijeron que una camioneta negra nos iba a esperar a la mitad del camino, para vigilar que no nos desviáramos, y que, si nos atrevíamos a regresar, íbamos a volar en pedazos. Nos dijeron que nos fuéramos, y eso hicimos… dejamos ahí a don Trino.”

Toma entonces la palabra Araceli Rodríguez, cuyo hijo fue desaparecido en 2009 cuando se dirigía a Michoacán, y quien hoy encabeza la búsqueda no sólo de éste sino de todos los casos de víctimas que se acercan al Movimiento por la Paz, y clama: “Ser defensores de derechos humanos es, aquí, un delito que se paga con el secuestro y el asesinato. Pedro Leyva está muerto (él fue, de hecho, el primer activista del movimiento asesinado, en octubre, también por el conflicto en Ostula); Nepomuceno, muerto; Don Trino… ahora llegamos a la triste desdicha de tener que oír los sollozos de nuestros compañeros, cuando son atacados. Yo le pregunto al gobierno: ¿quién sigue?”

“Notitia criminis…”

No fue sino 20 horas después de la emboscada en Xayakalan, al mediodía de ayer, miércoles, que el cuerpo de José Trinidad fue ubicado por elementos del Ejército, con las manos atadas con el cordel de un gafete, en tierras del  cercano poblado de Aquila.

De los homicidas, oficialmente, nada se sabe.

Cuestionado en torno a las denuncias y las investigaciones emprendidas por la autoridad en relación con la emboscada, el secuestro de José Trinidad y su posterior asesinato, David Peña, integrante de la Asociación de Abogados Democráticos (que brinda asesoría legal a los ejidatarios de Ostula), aseguró que los campesinos de la zona están impedidos para acercarse a la Agencia del Ministerio Público de la región, ubicada en el municipio vecino de Coahuayana, localidad que, denunció, está controlada por los grupos criminales que operan en la región.

“Los habitantes de Ostula no se pueden acercar a Coahuayana a denunciar. Se tiene el antecedente de mayo, cuando una familia acudió a presentar una denuncia relacionada con el conflicto comunal y, mientras los adultos estaban en el MP, a dos cuadras, su hijo, un niño de 16 años, fue desaparecido. La comunidad no puede ir a esa localidad, porque está el riesgo de que estos sujetos armados se encuentran en ese lugar.”

No obstante, aclaró el abogado, “el Ministerio Público no debe aguardar a que la denuncia esté formalizada para empezar a actuar: nosotros ya hicimos la denuncia pública y, a partir de ésta, el Estado tiene la obligación de empezar a investigar, porque aquí aplica un concepto jurídico denominado notitia criminis, que establece que, a partir de que entra en conocimiento de una ‘noticia criminal’, se tiene la obligación de actuar”.

Es en el poblado de Coahuayana, cabe destacar, a donde los restos de don Trino fueron conducidos, razón por la cual el MPJD exigió a las autoridades garantías de seguridad para que sus deudos puedan reclamar el cadáver “y darle sepultura dignamente”.

Pero la responsabilidad de la autoridad, señaló la Asociación de Abogados Democráticos, no se limita a investigar el asesinato y dar protección a los familiares de la víctima, sino que debe reconocer parte de la culpa por el crimen, que calificaron como “ejecución extrajudicial”, dado que “al retirarse la Policía Federal de la zona que debía estar resguardando, generó condiciones de omisión o de complicidad con los delincuentes”.

Desaparecidos…

Ayer mismo, el Movimiento por la Paz denunció que, en Guerrero, dos de sus integrantes fueron secuestrados por desconocidos que los obligaron a descender del camión de pasajeros en el que viajaban con rumbo a Chilpancingo, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Los activistas secuestrados son Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores de derechos ambientales que forman parte de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

El plagio de los ecologistas, quienes participaron en el primer diálogo del MPJD con el presidente Felipe Calderón, fue perpetrado alrededor de las 23:00 horas del martes.

Esta mañana, en entrevista con Carmen Aristegui, Pietro Ameglio recordó lo acontecido. Aquí el audio: