En México “no estamos en guerra”, responde Segob a HRW
En México “no estamos en guerra”, aclaró la Secretaría de Gobernación (Segob) al precisar que la lucha del gobierno federal contra el crimen y la delincuencia organizada se efectúa con estricta observancia de la ley y de los derechos humanos.
En respuesta al informe de Human Rights Watch, el subsecretario de la Segob, Felipe de Jesús Zamora, precisó que en el país existe una política de Estado que garantiza los derechos humanos de todas las personas y que cualquier autoridad que los viola es castigada y puesta a disposición de la justicia.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia federal resaltó que el combate a la criminalidad que lleva a cabo México es, precisamente, “para restablecer el Estado de derecho que garantiza las garantías y libertades de todos”.
De tal suerte, aseveró, que “en el gobierno federal y en el Estado mexicano hemos asumido un compromiso sin precedentes en materia de derechos humanos”, al elevar a rango constitucional el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de toda persona.
El funcionario puntualizó que con ello, el gobierno mexicano reafirma su compromiso a la legalidad y Estado de derecho, garante de las libertades y derechos fundamentales de todas las personas”.
Tras el Informe de HRW titulado “Ni seguridad, ni derecho. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”, insistió en que se “está haciendo todo lo necesario para llevar ante la justicia a los criminales que torturan, secuestran, asesinan y corrompen a las instituciones”.
Acompañado del Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derecho Humanos de la SRE, dijo que la mejor garantía para respetar los derechos humanos es la vigencia del Estado de derecho en el que autoridades y ciudadanos se rijan bajo el imperio de la ley.
Además, enfatizó que la actual administración federal actúa bajo el escrutinio permanente de los entes defensores de las garantías individuales, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y de la opinión pública.
Zamora recordó que la participación de las fuerzas federales para restablecer la seguridad y el orden, se ha dado a petición de las autoridades locales y es una colaboración subsidiaria y temporal.
Ello, hasta que los poderes e instituciones locales restablezcan sus capacidades para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y procurar justicia a sus gobernados.
Resaltó que para ello, se efectúa un importante esfuerzo en el escalamiento de las capacidades institucionales y en la profesionalización y certificación de policías, ministerios públicos y autoridades en general.
Además, se fortalecen lo organismos de justicia y las investigaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos en los que participan elementos del estado.
En este marco, recordó que se han impulsado las reformas legislativas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente, agregó, la reforma al Código de Justicia Militar.
Destacó que en un ejercicio de transparencia, el gobierno federal ha presentado nueve informes a organismos internacionales en la materia, y realiza un esfuerzo responsable para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De igual forma, añadió que en esta semana ha recibido la visita de la delegación de HRW, encabezada por su director ejecutivo, Kenneth Roth, y el director ejecutivo de la División para las Américas, José Miguel Vivanco.
Con ambas autoridades, sostuvo diversas reuniones de trabajo para intercambiar información y recibir sus observaciones.
Además, en un contexto de disposición y apertura, se realizaron reuniones con los titulares de las Secretarías de Gobernación, Marina-Armada de México y Seguridad Pública federal, así como con la procuradora General de la República.
Hizo hincapié en que la República mexicana ha concretado otros cambios constitucionales de gran trascendencia como la Reforma al Sistema de Justicia Penal, para pasar de un sistema inquisitorio a uno de Justicia Acusatorio Adversarial.
Además, ha concretado una Reforma en Materia de Amparo, que fortalece los mecanismos para la defensa y protección de los derechos de todas las personas.
Notimex
