La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen las operaciones irregulares financieras que derivaron en el endeudamiento público del estado de Coahuila.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Javier Laynez, dijo que ya suman cinco los préstamos que son indagados, los cuales ascienden a 5 mil 300 millones de pesos.
En entrevista, Laynez dijo que “teníamos tres (denuncias); el día de hoy se presentaron otras dos denuncias más relativas a otros dos créditos, en total son ya cinco créditos con instituciones bancarias distintas en donde tenemos la misma forma de operar”.
El procurador afirmó que aunque hasta el momento no figura el nombre del exgobernador Humberto Moreira en la relación de hechos, de los cinco créditos, cuatro fueron promovidos durante la administración del actual dirigente del PRI.
El problema por los préstamos ilegales en Coahuila inició hace seis meses –en mayo del año en curso- cuando directivos del Banco del Bajío se presentaron ante la Tesorería de la Federación para intentar cobrar un préstamo por 1 mil millones de pesos con expedientes que contenían documentación falsa.
A partir de ese momento, la Procuraduría Fiscal encabezada por Javier Laynez, inició una larga investigación que, hasta el momento, arroja un total de cinco préstamos irregulares por un total de 5 mil 300 millones de pesos en los que estarían directamente involucrados un grupo de exfuncionarios del gobierno coahuilense, como el exsecretario de Finanzas, Héctor Villarreal, y al menos un exservidor público de Hacienda, Jaime René Jiménez Flores.
El Procurador Fiscal, Javier Laynez, concedió anoche una entrevista a W Radio, en el noticiero Hoy por Hoy conducido por Salvador Camarena, durante la cual dijo que ya está comprobado el uso de documentos falsos para obtener los préstamos bancarios por parte del Gobierno de Coahuila –durante la administración del actual líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira-.
No obstante ahora corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) consolidar las investigaciones contra los presuntos responsables. La denuncia fue presentada ayer 1 de noviembre.
Cuando los directivos de Banco del Bajío mostraron los documentos para cobrar la línea de crédito, en la Tesorería de la Federación se sorprendieron al darse cuenta que éstos eran falsos; uno de ellos correspondía a una autorización por parte de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.
Casi simultáneamente –explicó el procurador en la entrevista- los legisladores de Coahuila presentaron por separado otra denuncia toda vez que el decreto de autorización de dicha deuda no existe en sus archivos.
Santander fue otro de las bancos que pretendió cobrar préstamos hechos al gobierno de Coahuila. En este caso, se trató de dos líneas de crédito: una por 1 mil 100 millones de pesos y otra por 1 mil millones de pesos. Al igual que sucedió con Banco del Bajío la documentación también era falsa.
BBVA-Bancomer también concedió préstamos al gobierno coahuilense por 1 mil 650 millones de pesos y 550 millones de pesos.
En total se trata de cinco préstamos por 5 mil 300 millones de pesos de los 32 mil millones de pesos que alcanzó ya la deuda pública de Coahuila. Los casos que investiga la PGR y la Procuraduría Fiscal únicamente se dirigen a las líneas de crédito que se garantizaron con el presupuesto federal.
Según explicó Javier Laynez el ahora exfuncionario de Hacienda, Jaime René Jiménez Flores, dijo que la firma plasmada en las autorizaciones no era la suya. Que alguien la había falsificado.
La Secretaría de Hacienda tiene que registrar las deudas de los gobiernos estatales cuando se van a utilizar las participaciones federales como garantía de pago.
“Se registran porque si un gobierno ofreció como garantía una parte de sus participaciones federales o como fuente de pago directo, la Tesorería de la Federación cubre el monto directamente el banco”, explicó.
Por otro lado, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, dijo que ya investigan cómo fue que la secretaría de Hacienda intervino en la autorización de los créditos irregulares para el gobierno de Coahuila.
“Sí, tenemos investigaciones abiertas. La parte que nos toca a nosotros, que es la parte del gobierno federal, no es contra nadie, nosotros investigamos hechos”, comentó.
Vega Casillas fue entrevistado antes de que se inaugurara la 33 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, organizada por el IFAI.
“(La investigación) no es contra quien, no es contra nadie, nosotros estamos investigando y estamos revisando a ver cómo fueron las autorizaciones, si se dieron o no se dieron y todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de los créditos y los registros de los créditos que se tienen en la Secretaría de Hacienda, no es contra alguien en particular, simplemente tenemos que revisar qué se hizo también de este lado en cuanto a los procedimientos”, concluyó.
Aquí puedes escuchar la entrevista completa: