Reforma publica que la investigación “La Justicia de Cabeza: la Irracionalidad del Gasto Público en Tribunales” hecha por el CIDE concluye que en México la impartición de justicia es cara, lenta e inaccesible para quienes no cuentan con recursos económicos y tienen que litigar su caso.
El análisis también considera que los tribunales locales se mantienen en el “olvido”, pues los ciudadanos más pobres que se quedan en esa instancia tienen poca capacidad de protesta. En cambio, quienes tienen más recursos no tienen para qué protestar, sino que optan irse por la vía federal.
Los responsables del estudio ponen también el acento en la disparidad de recursos que se destinan al Poder Judicial Federal en contra de los locales; por ejemplo, en 2010 al primero se le dieron 34 mil millones, y a los segundos, 18 mil 833 millones en conjunto.
El documento forma parte de la colección “El Uso y Abuso de los Recursos Públicos”, del proyecto Public Security Expenditure in Mexico, que desarrolla el CIDE con el apoyo de la Fundación Hewlett y que es coordinado por Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra.
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