Un General en la mira <br>por el caso Jethro
Leopoldo Díaz Pérez, hasta hace unos días comandante militar en Morelos, podría convertirse por la desaparición del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, en el primer caso de un General de alto rango acusado ante la justicia civil de violaciones graves a los derechos humanos. La ruta judicial podría llevar a que la Corte se pronuncie sobre si debería ser enjuiciado por tribunales civiles o dejar que sea el fuero de guerra el que desahogue el sumario donde la línea de mando lo involucra.
Por Juan Veledíaz
Las tropas a su mando se distinguieron durante el conflicto en Chiapas por hacer su propia interpretación del “Procedimiento Sistemático de Operar (PSO)”, que es como se conoce dentro del Ejército a los planes sobre cómo actuar durante la realización de operaciones militares. El supuesto apogeo de los abusos, detenciones arbitrarias, y allanamientos en comunidades indígenas se dio en los años en que el entonces coronel Leopoldo Díaz Pérez, era el coordinador del llamado “Grupo Chiapas”, un equipo castrense que actuaba en conexión con las fuerzas de seguridad pública y que estaba adscrito a la comandancia de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez. Entre sus tareas tenía organizar las actividades policiaco militares como las que realizaban las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), en poblaciones y carreteras de toda la entidad.
Entre los años 1995 a 2000, Díaz Pérez se hizo célebre entre sus colegas no sólo por presuntamente dar “manga ancha” a sus subordinados, sino por lo que consideraron era una notoria incapacidad para entender el origen de los problemas sociales que empujaron al surgimiento de la guerrilla del EZLN. Su ascenso al generalato se lo ganó tras haber estado en Monte Líbano como jefe del estado mayor del agrupamiento “Sánchez”, comandado por el General Héctor Sánchez Gutiérrez, y por su estancia en Altamirano como número dos del agrupamiento “Baca”, al mando del General Jorge Baca González. Fue una estancia de pocos meses en estas dos comunidades que, sumadas a los cuatro años en que estuvo al frente del “Grupo Chiapas”, le granjearon una reputación marcada por acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
El estigma no importó para el alto mando militar, pocos años después, el General Díaz Pérez fue invitado al Colegio de Defensa Nacional a impartir la conferencia “Fuerzas Armadas y Seguridad Pública”, en aquellos días de marzo del 2003 también disertó ante oficiales que cursaban el Diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra sobre “La seguridad pública en México”. De su expediente militar, del cual tiene copia Animal Político, resalta que entre 1988 y 1990 estuvo comisionado en la agregaduría militar en la embajada de México en Washington, DC, de donde volvió al país para incorporarse a tareas operativas en unidades de infantería.
Un PSO a modo
“¡Tíralo!”, supuestamente ordenó el Coronel José Guadalupe Arias Agredano al teniente José Orizaga y Guerra cuando escuchó que el hombre que sus subordinados habían detenido esa tarde en la feria de Cuernavaca, había fallecido por los golpes y tortura a la que fue sometido en las instalaciones del 21 batallón de infantería a su mando. El oficial recordó que su jefe movió la cabeza como si no diera crédito a lo que había ocurrido, a pesar de que era parte del “Procedimiento Sistemático de Operar (PSO)” que empleaban con los detenidos.
La víctima tenía 27 años de edad, se llamaba Jethro Ramsés Sánchez Santana, era ingeniero mecánico eléctrico y cursaba una maestría en administración de negocios. La tarde del 1 de mayo pasado se había ido de fiesta con varios de sus amigos al recinto que albergaba la feria, ya andaban pasados de copas cuando se suscitó una riña en la que, de acuerdo a testimonios recogidos por familiares del joven, éste junto a Horacio Cervantes Demesa con quien llegó al lugar, se mantuvieron al margen. De poco sirvió. Otras versiones recabadas por las autoridades señalaron que la policía municipal y la federal detuvieron a los muchachos quienes fueron entregados al Ejército presuntamente por haberse ostentado como integrantes de la delincuencia organizada. Con este argumento, ambos fueron llevados a las instalaciones castrenses localizadas en el complejo que alberga la comandancia de la 24 zona militar, al mando desde el año 2009 del general Leopoldo Díaz Pérez.
Se presume que dentro, los condujeron al taller de herrería y pintura que solían utilizar como lugar para interrogatorios. Esposado y vendado de los ojos, Jethro fue el primero en ser golpeado mientras Horacio, permaneció retenido afuera en un vehículo castrense. De acuerdo a un informe de la Policía Judicial Militar fechado el 30 de junio pasado, el cual recoge los momentos clave de la detención, muerte e inhumación clandestina de la víctima, en la sesión participaron junto al teniente Orizaga y Guerra, su colegas de grado Marco Antonio Legorreta Álvarez y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero. El documento –el cual se pudo consultar vía las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos en Morelos que llevan el caso— registró que debido a los golpes que los militares propinaron a Jethro, “y aunado al estado de ebriedad en que se encontraba, se comenzó a convulsionar (bronco aspirarse) perdiendo la vida al instante”. El soldado Cristian Andrade Rodríguez, testigo de lo ocurrido, declaró ante el fiscal militar que el joven que vio entrar acompañado de los oficiales lo recordaba porque traía puesta una playera del equipo de futbol de los Pumas. Recordó que su papel fue el de custodiar a las afueras al otro detenido, y que escuchó “gritos muy fuertes, como de dolor”. Entonces el acompañante de Jethro le preguntó que qué le hacían a su amigo, pues “ellos eran gente de bien”. No contestó y luego que transcurrió alrededor de media hora dejó de escuchar los lamentos y gritos. “Observé que sacaron al civil de la playera de Pumas todavía caminando, quien lo sacó fue el teniente Legorreta y dijo que lo cuidara mientras metían al otro civil a la herrería”.
Supuestamente, en la parte trasera de uno de los vehículos militares, los soldados ordenaron a Jethro que se sentara, pero de pronto comenzó a convulsionarse, llamaron a un oficial del área médica, quien buscó reanimarlo pero al paso de los minutos todo resultó infructuoso. En esos momentos fue cuando el teniente Orizaga se dirigió con el coronel Arias para informarle de lo ocurrido. Luego que recibió la indicación de que se deshiciera del cuerpo, volvió con sus hombres y ordenó que liberaran a Horacio. Aquella noche, recordó días después el joven, lo subieron a una camioneta verde olivo y lo fueron a dejar por una brecha de terracería en el municipio de Juchitepec.
Minutos después, Orizaga apoyado por el subteniente Raziel y otro oficial de nombre Rafael Albañil, sacaron el cuerpo de las instalaciones militares para dirigirse en un vehículo militar rumbo a los límites con el estado de Puebla. En un paraje boscoso conocido como “La Ocotera”, dentro del municipio poblano de Atlixco, los militares cavaron una fosa y presuntamente ahí depositaron el cuerpo de Jethro. Momentos después regresaron al cuartel militar en Cuernavaca. Al día siguiente, Orizaga informó al coronel Arias Agredano que sus órdenes se habían cumplido.
Si había alguien junto al general Díaz Pérez que sabía darle su propia connotación al “Procedimiento Sistemático de Operar” era el coronel Arias Agredano. Lo traía grabado desde el otoño de 1996 cuando estuvo en Fort Benning, Georgia, sede de la Escuela de las Américas, donde realizó el curso de instructor de fuerzas especiales cuando apenas tenía la primera estrella en las hombreras de su uniforme que lo acreditaba como Mayor de infantería. Parte de su expediente castrense fue recogido por la gaceta parlamentaria de la cámara de diputados en febrero del 2003, cuando se discutió su ratificación como Coronel. Ahí se registró que previo a su estancia en los Estados Unidos, había realizado el curso de paracaidismo en la brigada de fusileros paracaidistas. Formó parte de la “Fuerza de Tarea México 86” creada por el mundial de futbol, y tiempo después fue comandante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales adscrito a la segunda región militar en Mexicali. La discrecionalidad parecía un rasgo de su personalidad militar hasta que en Morelos algo le ocurrió.
El 5 de noviembre del 2010, soldados bajo su mando participaban en una operación contra el grupo delincuencial de Julio Radilla, quien después fuera acusado de ser el autor intelectual del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. En esa movilización, efectivos del 21 de infantería aseguraron vehículos, armas y droga. Según la declaración del teniente Marco Antonio Legorreta, incluida en los documentos con la investigación militar, el coronel Arias Agredano y uno de sus oficiales cercanos de nombre Pedro Santiago, se quedaron con una moto Honda color guinda, una camioneta BMW y un vehículo compacto Jetta, objetos que no fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Otro caso que le tocó presenciar ocurrió semanas después en la zona sur de Morelos, cuando detuvieron a un individuo que portaba armas y 150 mil pesos en efectivo. “El teniente Santiago Chávez y el coronel Arias Agredano no reportaron el aseguramiento del dinero”, señaló Legorreta.
A partir de la denuncia iniciada por desaparición forzada en la procuraduría de justicia de Morelos, canalizada después a la PGR que la remitió a la procuraduría de justicia militar, hace unas semanas la autoridad ministerial castrense detuvo al teniente Orizaga y Guerra y al subteniente Raziel Aguilar. También mandó citar el pasado 30 junio al coronel Arias Agredano quien, de acuerdo a diversas fuentes militares, no se presentó ni se le localizó en su comandancia del 21 de infantería en Cuernavaca. Desde hace unos días las versiones de que el coronel Arias desertó, comenzaron a circular en la 24 zona militar, mientras en la oficina de comunicación social de la secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del coronel Ricardo Trevilla, se informó que se desconocía su situación.
Que la Corte se pronuncie
Sabía que la línea de mando, que es la columna vertebral del Ejército, comenzaba y terminaba con él. Quizá por ello, a juicio de las ONG de derechos humanos en Morelos, el general Leopoldo Díaz Pérez se pasó 60 días –casi dos meses— con deslindes de responsabilidad a sus hombres del 21 batallón de infantería sobre la detención y desaparición de Jethro. Primero por medio de misivas a diputados del congreso del estado, y después en oficios ante la procuraduría de justicia morelense. De poco sirvió, dos semanas después que la procuraduría castrense iniciara las pesquisas con la detención de los dos oficiales y la orden de presentación judicial contra el coronel Arias Agredano, el General fue removido de su cargo al frente de la 24 zona militar en Cuernavaca.
La huella de Díaz Pérez en Morelos quedó registrada en 35 expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos –sólo durante 2010— que la Comisión Estatal, a cargo de Lucero Benítez Villaseñor, integró y canalizó a la CNDH. Según la ombudsman, el militar deberá responder judicialmente no sólo por la “desaparición forzada” del joven ingeniero, sino por el cúmulo de acusaciones sobre la actuación de sus tropas en el estado de Morelos.
Más allá de las declaraciones lo que se necesita es actuar contra el general Díaz Pérez, dice José Martínez Cruz, coordinador de comunicación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la ONG que encabeza la abogada Juliana Quintanilla. El vocero explica que el problema que existe con la procuraduría militar que lleva el caso, es que no investiga a ninguno de los policías municipales y federales que intervinieron en la detención de ambos jóvenes. Tampoco ha sancionado a los militares que en un primer momento negaron tener conocimiento del paradero de Jethro. “Hubo un amparo que interpusieron los familiares, y todas las dependencias negaron conocer del paradero de Jethro, cuando el visitador del juzgado, que era autoridad del amparo, se presentó en la 24 zona, le negaron el acceso. Le dijeron que ahí no estaba y que no podía pasar. Por esto existe una sanción administrativa, menor por unos cuantos salarios mínimos, simplemente por el hecho de que rindan información falsa, pues había testimonios de dos oficiales que entraron con el joven al taller de herrería y ahí lo torturaron”.
Durante los poco más de dos años al frente de la zona militar en Morelos, los militares al mando de Díaz Pérez acumularon denuncias en contra por robos, allanamientos, torturas, detenciones arbitrarias y actos de rapiña. “Para nosotros hay responsabilidad del General Díaz Pérez porque era el responsable de los operativos”, añade Martínez Cruz entrevistado vía telefónica. Pese a que se iniciaron investigaciones ministeriales por detenciones ilegales y torturas, como el caso de los hermanos apellidados Jaimes, detenidos hace unos meses a las afueras de una tienda departamental en Cuernavaca, y llevados al cuartel de la zona militar donde fueron torturados y golpeados, para posteriormente ser abandonados en malas condiciones por la carretera federal en el municipio de Huitzilac, en este caso, junto a otros canalizados vía PGR al fuero de guerra, al final no se hizo nada.
Por esta razón el equipo jurídico de la Comisión Independiente se ha abocado a reunir el mayor número de evidencias para ser canalizados a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, donde se prepara una controversia constitucional, una vez que se agoten las instancias jurídicas que se presentaran durante el transcurso de la investigación por la desaparición de Jethro, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y siente jurisprudencia. Luego que hace unas semanas la Corte falló a favor de que sean los tribunales civiles y no los militares, los que juzguen a los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones graves a los derechos humanos, lo que se busca es que ahora analice las circunstancias jurídicas en que se presentó la desaparición de Jethro y se pronuncie si Díaz Pérez y sus subordinados deben ser procesados en juzgados civiles. “Como el caso aún está en investigación –pues su identidad no ha sido del todo corroborada en la osamenta que se exhumó del sitio donde los militares supuestamente lo enterraron—, no hay retroactividad, no hay sentencia; como implica violación grave de derechos humanos, es idóneo para ser atraído por la Corte”, subraya Martínez Cruz.
La última imagen que los morelenses tenían del General Díaz Pérez era la de un militar uniformado en verde olivo de campaña que se paseaba a las afueras del condominio Altitude. Esa tarde de diciembre del 2009 tenía un temple que lucía a ratos nervioso, a ratos como extraviado. Frente a él un comando de la armada se enfrentaba en esos departamentos al grupo que custodiaba al capo Arturo Beltrán Leyva. Nadie le avisó del operativo y no permitieron que se acercara más allá del perímetro de seguridad que delimitaron los marinos. Quizá porque sabían que aquel personaje, se dijo en esos días, era uno con los que el General seguramente se iba reunir para comer.
