“Veracruz viola derechos <br> e inventa pruebas”: abogado
“Es una arbitrariedad. Deben buscar a los verdaderos terroristas, aquellos que lanzaron la granada en el acuario de Veracruz”, señala Fidel Ordoñez, abogado defensor de la periodista María de Jesús Bravo Pagola, así como del tuitero Gilberto Martínez Vera, detenidos el pasado viernes 26 de agosto por representantes la Procuraduría General de Justicia en Veracruz (PGJV), presuntamente por producir “alarma, temor, (y) terror” contra la población del puerto al difundir, a través de mensajes en las redes sociales Twitter y Facebook en los que advertían que grupos armados estaban atacando a alumnos y padres de familias que se encontraban en centro escolares de la zona Veracruz-Boca del Río.
“No hay que olvidar que hace un par de semana se lanzó una granada en el acuario de Veracruz, hubo muertos y todo mundo anda con psicosis porque a diario aparecen mantas en los puentes con amenazas de los Zetas. Eso es consecuencia de la falta de resultados de las autoridades”, declara el abogado al explicar el origen de los rumores que provocaron el encarcelamiento de María de Jesús y Gilberto, a quienes la PGJV acusa por los delitos de terrorismo y sabotaje, que de acuerdo con el código penal del estado se castigan con tres a 30 años de cárcel.
A decir de Ordoñez, la detención de la periodista y el tuitero es una clara violación a sus derechos humanos, porque además de haberlos manteniendo incomunicados por espacio de tres días, los quieren enjuiciar por expresar lo que piensan. “Ahora resulta que en Veracruz hay ley mordaza. Donde aquel que opina algo contra el gobierno lo van a detener, no es lógico.”
Declaración mediante coacción
Fue hasta el lunes 29 de agosto, luego de tres días de detención, que los acusados por la PGJV y que actualmente se encuentran encarcelados en el penal regional de Pacho Viejo, rindieron su declaración preparatoria ante el representante del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz.
Según un escrito enviado por el abogado Ordoñez, la comunicadora, así como el tuitero, renunciaron a su derecho de solicitar la duplicación del término constitucional de 72 horas, además de negar la comisión de los delitos que les imputan y denunciar que la declaración ministerial practicada por el ministerio público les “fue arrancada mediante coacción.”
“Niego totalmente y por ende no ratifico en ninguna de sus partes, la supuesta Declaración Ministerial que en este acto se me pone a la vista; y no la reconozco en virtud de que se me pretendió tomar, en flagrante violación al derecho a la información, la censura y se me cometieron ataques al derecho de la libertad de expresión, peligro de privación de la vida, ataques a la libertad de la suscrita fuera de procedimiento judicial por someterse a diversos tormentos o lesiones morales, incomunicación y demás actos prohibidos”, comentó textualmente la periodista en la declaración preparatoria entregada por escrito.
De las acusaciones que pesan en su contra, explicó que ella, así como otras personas en Veracruz con acceso a internet, tienen cuentas personales en las redes sociales Facebook y Twitter, desde las cuales ha seguido los comentarios que los ciudadanos expresan sobre los índices de inseguridad en el estado, en los que también ha participado, de ahí que alegando su derecho a la libertad de imprenta, que permite a los individuos publicar y difundir las ideas por cualquier medio gráfico y ahora electrónico, le indicara al Juez que no se le puede acusar de terrorista.
“No se utilizar explosivos, no tengo acceso a substancias tóxicas, no hay porque no existen en mi casa habitación armas de fuego o materiales para provocar un incendio, nunca he llamado innecesariamente a la policía o a los bomberos, nunca he inundado nada y carezco de cualquier otro medio para realizar actos contra las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, nunca he perturbado la paz pública y nunca he tratado de menoscabar la autoridad del Estado y nunca he presionado la autoridad del Estado, para que tome una determinación”.
Le piden a Juez “auto” de libertad
Luego de presentar su declaración por escrito, informó el abogado Fidel Ordoñez, entrevistado por Animal Político telefónicamente, los detenidos solicitaron al Juez que se les dictara el auto de libertad, lo que hasta el cierre de la edición se seguía analizando por parte del impartidor de justicia.
“Nosotros esperamos que salgan libres, porque de lo contrario las autoridades del poder judicial estarían mandando un mensaje que la libertad de expresión en Veracruz no existe“, expone el abogado, quien no descarta llevar el caso ante instancias de los derechos humanos.
“Una mujer o un hombre no pueden ser terroristas cuando por armas tienen un CPU, un mouse, un monitor y un teclado. De qué le sirve a la Procuraduría acusar a dos personas de delitos que no han cometido, mejor que hagan su trabajo y capturen a los responsables de la violencia”.
Para conocer los señalamientos lanzados contra la PGJV por el abogado y la periodista, Animal Político se contactó telefónicamente, en tres ocasiones, a la dependencia, pero en ninguna ocasión se obtuvo una respuesta oficial del tema, aún cuando Gabriela Frayle, funcionaria de la institución, señaló que la vocera de la Procuraduría, Magda Zayas Muñoz, ya estaba enterada de la petición.
