Michoacán, donde más <br>Policías Federales han muerto
Bajo el mando de Genaro García Luna, uno de los tres pilares de la “guerra” contra el narcotráfico, 289 policías federales han muerto en “cumplimiento de su deber”, siendo Michoacán, estado donde opera el cártel de la Familia, el que más bajas ha tenido (66) en poco más de cuatro años y medio, revela una investigación hecha por Animal Político.
La Policía Federal (PF) se negó a informar sobre el número de agentes fallecidos en enfrentamientos o emboscadas encabezadas por células criminales, pero la información recabada revela que 222 de las muertes se dieron en estados con una fuerte presencia de seis cárteles de la droga, según información del gobierno mexicano publicada en Infomex.
Por concepto de indemnizaciones a las familias de los policías fallecidos, la corporación ha pagado por lo menos 232.7 millones de pesos; sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, dado que el monto entregado sólo es por el seguro de vida al que tienen derecho y que asciende a 40 meses de sueldo, sin contar los cuatro meses que se les otorga para gastos funerarios y 108 meses, extras, para los que desempeñaban tareas de vigilancia, custodia, investigación y operación.
Del total de policías fallecidos, 75 ocupaban un cargo operativo y administrativo al interior de la corporación, de los cuales 57 eran ejecutivos, siete coordinadores y seis supervisores. Los demás se encontraban en el escalafón más bajo de la organización.
Los estados con mayor número de bajas
De los estados con mayor número de policías fallecidos, Michoacán, donde según un mapa elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre el Fenómeno Delictivo en México opera el cártel de la Familia, han muerto un total de 66 agentes.
Varias han sido las ocasiones en que la prensa en esa entidad ha documentado las agresiones. El 13 de junio de 2009, por ejemplo, dos elementos de la PF fueron acribillados y otros dos quedaron gravemente heridos, tras una emboscada registrada en la zona conurbada de Morelia con Tarímbaro.
Casi un mes después, el 11 de julio, se dieron una serie de ataques a las bases de la PF en las ciudades de Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Huetamo, Apatzingán y Pátzcuaro, así como una emboscada en la autopista Siglo XXI, que dejaron como saldo tres policías muertos y 15 heridos.
En Chihuahua, donde se tiene identificada la presencia de los cárteles de Sinaloa, Juárez y la Línea, son 51 los policías federales muertos.
El 22 de abril de 2010, cinco policías fueron acribillados en Ciudad Juárez cuando realizaban labores de patrullaje. La versión oficial de la corporación es que los agentes alcanzaron a repeler la agresión, pero aún así cuatro de ellos, un civil de 17 años y una mujer policía municipal, que también patrullaba las calles con ellos, murieron en el lugar de los hechos, mientras que un quinto elemento de la PF murió en el hospital.
La ciudad de México, donde el CISEN no reporta la presencia de ningún cártel de la droga, es la entidad que ocupa el tercer lugar de la lista de policías federales que han muerto en “cumplimiento de su deber”, con 27 agentes caídos; seguido de Sinaloa con 16 muertes y Nuevo León con 15.
De lo que va de este sexenio, 2010 fue el que mayor número de bajas registró con 110 decesos; 2009 con 75 y 2008 con 63. Hasta el 20 de julio de 2011, eran 29 los policías muertos de este año.
Niegan información de civiles muertos
Contrario a la información que tienen que ver con el número de policías muertos y las indemnizaciones pagadas a sus familias, la PF se negó a informar, en una segunda solicitud de información hecha por Animal Político, sobre el número de civiles que, por “error” o “exceso”, han fallecido a manos de los policías, así como las compensaciones que han entregado a los familiares de las víctimas.
El 11 de junio de 2011, dos civiles murieron y tres más quedaron heridos, luego de que los policías les dispararan por no detenerse en un reten ubicado en la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos de Villahermosa, Tabasco.
La versión de la corporación es que estas personas “huían”, por lo que al desobedecer la orden de detenerse recibieron varios impactos de bala. Murieron dos de ellos, quienes eran ejidatarios de Tabasco.
Por estos hechos, el gobernador de la entidad, Andrés Granier, solicitó una investigación y castigo para los responsables del crimen.
En la respuesta que ofreció la PF ante el órgano de transparencia, los funcionarios de la corporación aseguraron que tras realizar una búsqueda “exhaustiva” en sus archivos, no se encontró registro, documento o expediente en relación a las indemnizaciones pagadas a los familiares de las víctimas que han muerto en manos de sus agentes.
