Los argumentos de los ministros <br>de la SCJN en el caso El Encino
Luego de un proceso judicial de poco más de 10 años, por el que incluso el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue desaforado en el 2005, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que las autoridades capitalinas tendrán que pagar por la expropiación del llamado predio de El Encino, por lo cual ordenaron que un juez de distrito, apoyado por peritos, sea el encargado de fijar el monto de la indemnización que se tendrá que hacer a la Promotora Santa Fe, dueña del terreno.
Los propietarios del predio solicitaban la devolución del terreno, por el que actualmente se encuentra construida una vialidad que conecta a un hospital privado y están por construirse dos más, pero en su propuesta el ministro José Ramón Cossío expuso que “el beneficio de la colectividad al utilizar este predio es mayor que el beneficio económico que pudiera recibir su propietario”, de ahí que se determinara el pago de la indemnización.
Para llegar a esa decisión, sin embargo, los ministros tuvieron que debatir intensamente sobre el tema además de analizar una serie de observaciones que hicieron peritos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que no sólo calcularon que el cumplimiento de la sustitución del predio generaría un gasto de 220 millones de pesos para las autoridades capitalinas, sino que también establecieron que son mayores los beneficios sociales de las obras que el beneficio personal del propietario del terreno, de ahí que la votación final quedara divida cinco contra seis.
Con motivo de la decisión tomada por los representantes del máximo tribunal del país, Animal Político te presenta las posturas más importantes que ofrecieron los ministros que participaron en el debate.
Ministro Luis María Aguilar Morales (A favor, pero con consideraciones)
“La decisión de decretar el cumplimiento sustituto se apoya en un estudio que fue recabado para mejor proveer por el señor Ministro ponente (Cossío); con ello, se hace caso omiso del resto del material probatorio, que debo decir es abundante, recabado por el juzgador federal durante el trámite del incidente innominado, que se abrió en cumplimiento a una resolución dictada por la Segunda Sala.
Ministra Olga Sánchez Cordero (A favor).
“Atendiendo a lo señalado en ese estudio (el de la UNAM) comparto las consideraciones del proyecto en cuanto a que en el caso concreto, procede decretar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, ya que como lo he dicho, las cargas que pudiera llegar a resentir la sociedad serían desproporcionadamente superiores a los posibles beneficios que pudiera obtener la parte quejosa.
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (A favor)
“Si estamos hablando del cumplimiento de una sentencia de amparo, es porque ya hubo un acto o varios actos de autoridad que eran violatorios de los derechos fundamentales de la parte quejosa (Promotora Santa Fe), y que consecuentemente lo que estamos viendo es cómo restituirlo en el pleno goce de la garantía individual violada. No estamos analizando en este momento los actos de la autoridad, ni tampoco si se violó o no se violó una suspensión, lo que en su caso fue materia de otro tipo de procedimientos.
Ministra Margarita Luna Ramos (En contra).
“Yo insisto en mi postura inicial… en el sentido de que el predio debe devolverse a los interesados ¿Por qué? Porque no se acreditó dentro de las periciales que en un momento dado se ofrecieron durante el juicio que hubiera una alternativa, o que no hubiera más bien una alternativa para la vialidad, sino que ésta fuera la única para poder establecer esa vialidad, solamente si se hubiera acreditado esto, yo estaría en la tesitura de un cumplimiento sustituto.
Ministro Sergio Aguirre Anguiano (En contra).
“Quien invierte dinero en lo mal habido, así sea dinero público, ¿con esto purifica el interés social? ¿El interés general? ¿Con esto le da validez? No, no, creo que con esto dilapida los dineros públicos porque invierte el dinero en donde no debía, en lo que obtuvo ilegalmente.
Ministro José Ramón Cossío Díaz (A favor).
“A mí me parece que la devolución de ese predio, en términos físicos, así como inmueble, a su legítimo propietario, que nadie le ha desconocido ese carácter, genera más perjuicios que la continuación de dos vialidades que están interrumpidas precisamente porque está el predio interponiéndose a las dos vialidades, esto es todo lo que están diciendo los peritos; si se da la continuación de las dos vías, que están ahí suspendidas, se genera un beneficio económico mucho mayor que es el del precio.
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia (En contra)
“Lo que se pretende legalizar es, no solamente un acto ilícito, es un acto delincuencial, así se calificó por el juez de Distrito, que inclusive libró orden de aprehensión por una ocupación indebida con violación a una suspensión concedida. Recuerdo una vez más, ya no hay decreto expropiatorio, lo que se está validando es la ocupación sin derecho por medio de la fuerza, y que así se mantiene”.
Ministro presidente, Juan Silva Meza (En contra)
“Me voy a la situación absoluta de protección irrestricta de la propiedad privada, no desconozco que en esta interpretación del cumplimiento sustituto tiene un sentido social que lo justifica y que es una solución constitucional a este tipo de problemas pero me voy a pronunciar en contra del proyecto, sin desconocer lo valiosa que es la solución que propone; sin embargo, puesta en la balanza –y desde mi convicción estrictamente personal– siento que estaríamos avalando otro tipo de situaciones que si bien, han sido protegidas, han sido suficientes, en tanto que se ha concedido una protección constitucional, creo que es más importante el sostener esta situación”
