Defensor de Derechos Humanos: <br>profesión de alto riesgo en México
Marisela Escobedo, Quetzalcóatl Leija, Santiago Rafael Cruz. Estas tres personas guardan en común algo más que su oficio de defensores de derechos humanos. Los tres fueron asesinados por su búsqueda de justicia.
27 promotores han muerto en México entre 2005 y mayo de 2011, según un informe presentado ayer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este es el primer reporte de esa naturaleza desde la creación del organismo en 1990.
El Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México fue presentado ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de visita en México desde el martes.
Desde su llegada al país, la jurista sudafricana ha reiterado la preocupación de la ONU por las violaciones a las garantías básicas, en medio de la violencia que vive en la nación.
El riesgo, la vulnerabilidad y la urgencia de un mecanismo que proteja a los defensores de derechos humanos son parte de los señalamientos que hace el reporte, pero además, las cifras que ofrece revelan el difícil panorama para desempeñar su labor al ser objeto de intimidaciones, amenazas, privación de la libertad, detenciones arbitrarias y otro tipo de agresiones.
Quejas y recomendaciones, al alza con Calderón
En 1984 sólo había cuatro organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en todo el territorio. En 2011, menos de 30 años después, la cifra es de 2 mil 702. Sin embargo, la cantidad de organismos y de defensores no es lo único que crece. Con ellos también aumentan los expedientes de presuntas violaciones a los derechos de los defensores y las recomendaciones que la CNDH ha tenido que emitir al comprobarse los abusos.
Entre 2005 y mayo de 2011, la CNDH y otras instancias protectoras de los Derechos Humanos en México han registrado 523 expedientes relacionados con presuntas violaciones. Sólo en la Comisión la cifra ha crecido 128%, al pasar de un promedio de 21 entre 2005 y 2009, a 48 en 2010.
La necesidad de protección de los Defensores ha crecido de manera sostenida en lo que va de este sexenio, según puede apreciarse en la siguiente gráfica que da cuenta de las 156 solicitudes de medidas cautelares recibidas por la comisión.
A pesar que en el primer año de la administración de Felipe Calderón disminuyeron las solicitudes de medidas cautelares, a partir de 2007 han mostrado un aumento sostenido. Tanto, que en los primeros cinco meses de 2011, la cifra está a punto de alcanzar el total de las solicitudes registradas el año pasado e iguala ya la de 2009.
El agravamiento del panorama para defender los derechos humanos se refleja también en el aumento en las recomendaciones que ha emitido la CNDH. En lo que va de 2011 ya se han expedido siete, mientras que 2010 cerró con cuatro.
Radiografía del peligro
Los defensores viven el peligro latente de ser asesinados, de ver en riesgo su integridad y su seguridad. En la presentación del informe, el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, reconoció que todas esas amenazas provenientes de autoridades o de “agentes no estatales”, pretenden “obstaculizar y silenciar” la promoción de los derechos humanos.
Las cifras respaldan la preocupación del funcionario. A los 27 asesinatos de defensores hay que sumar 120 denuncias de amenazas, actos de intimidación, hostigamiento, lesiones y agresiones físicas entre 2005 y mayo de 2011. En el mismo periodo, 60 promotores han sido privados de la libertad en retenciones ilegales, detenciones arbitrarias y secuestros “imputables a grupos delictivos o servidores públicos”.
Las estadísticas de las comisiones estatales de derechos humanos permiten identificar a Jalisco, el Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, como las cinco entidades donde se han recibido más solicitudes de medidas cautelares y se han emitido más recomendaciones.
El subregistro, una preocupación
Mientras que la CNDH cuenta con 523 expedientes vinculados con violaciones a los derechos de los defensores; la suma de todos los expedientes que hay en las procuradurías estatales sólo llega a 103.
Para el presidente de la Comisión, esta diferencia de 420 expedientes “pone de manifiesto que las autoridades cuentan con un diagnóstico de la realidad distinto de lo que realmente sucede”.
Además de la elocuencia de las cifras, Plascencia Villanueva atribuye el subregistro a la falta de una cultura de denuncia, ligada a la desconfianza a las autoridades.
Uno de los defensores de derechos humanos que acudió a la presentación del informe y expresó su preocupación por las cifras fue el sacerdote Alejandro Solalinde. Para el cura defensor de migrantes en el sur del país, es posible incluso que haya un subregistro en las muertes de promotores de derechos humanos.
“Sin duda son más y el subregistro debe estar en todos lados. Es muy doloroso que hayan perecido estas personas, pues la única esperanza que tenemos de que se revalore la persona es con su trabajo”, dijo el sacerdote.
Ante el panorama que dibuja el reporte, el presidente de la CNDH urgió a las autoridades a crear un Mecanismo Nacional de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, reconoció que la posibilidad de que la propuesta quede empantanada en los organismos oficiales como Segob, la PGR o la Secretaría de Seguridad Pública, tal como ha ocurrido con el Mecanismo de Protección a Periodistas, que a ocho meses de su lanzamiento, aún no cuenta con lineamientos oficiales.
Aquí puedes consultar y bajar al informe: El derecho a defender
