El PRI <i>deja</i> en su puesto al auditor de Jalisco que recibió 10 mdp <i>extra</i>
A pesar de haber recibido cerca de 10 millones de pesos extraordinarios a su sueldo sin justificación, el Auditor Superior del Estado en Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, permanecerá en el cargo gracias a la decisión de los diputados priistas, quienes votaron a favor de su permanencia.
Los legisladores validaron un dictamen emitido por la dirección jurídica del Congreso, que señalaba que los recursos que se pagaron de forma extraordinaria al auditor superior estaban respaldados en documentos de la Junta de Coordinación Política de la anterior legislatura, que argumentaban que eran adeudos de sueldos y compensaciones, pero no se especificaron los rubros.
Esos pagos se hicieron al auditor en el mismo periodo en que el Congreso del Estado habría utilizado 590 millones de pesos sin comprobar su origen, y los responsables de ejercer esos recursos fueron los coordinadores de las seis fracciones parlamentarias que integraron la 58 legislatura.
Hoy los diputados priistas Salvador Barajas, Patricia Retamoza, Elisa Ayón, Roberto Marrufo, Noé Pérez, Ana Bertha Guzmán y Omar Hernández, junto a la perredista Olga Gómez Flores, validaron el pago en la Comisión de Vigilancia, por lo que ya no será requisito que se dé cuenta al Pleno del Congreso.
Los panistas Isaías Cortés Berúmen y Alfredo Argüelles Basave abandonaron la sesión inconformes por la manera en que se votaría el dictamen, de manera que los priistas y la perredista tuvieron mayoría.
Apenas la semana pasada se pudo votar este mismo dictamen, pero se suspendió por falta de quórum porque el diputado Jesús Casillas llegó una vez que se declaró que no habría sesión y al día siguiente decidió que ya no integraría la comisión, esto a pesar que, de haber llegado ese día a votar, habría logrado ganar el dictamen que determinaba la salida del auditor.
También en esa ocasión faltó el diputado del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino, y aunque hoy sí asistió, su voto no tuvo incidencia en el resultado.
Con esta decisión, el Auditor Superior del Estado no deberá regresar los 10 millones de pesos que recibió ni deberá dejar el cargo, pues según el coordinador del PRI en el Congreso local, Roberto Marrufo Torres, si se le separara del cargo, se estaría violando la ley.
“Sería el colmo que en esta casa, donde se elaboran las leyes, se viole la legalidad y no falte precisión o se actúe arbitrariamente”, señaló el priista.
Apenas la semana pasada el Congreso del Estado fue clausurado simbólicamente por grupos ciudadanos que criticaron la inacción de los diputados y la protección que estaban dando al auditor, y días antes otro grupo de ciudadanos había realizado una actividad similar en las oficinas de la Auditoría Superior.
Al iniciar la actual legislatura, los diputados determinaron que se realizara una auditoría a la anterior porque se evidenciaban malos manejos en los recursos que recibían las fracciones parlamentarias.
La empresa Russel Bedford entregó una auditoría en la que determinó que sí se habían encontrado irregularidades por 590 millones de pesos, aunque los diputados no esperaban que hubiera sanciones propuestas por el Auditor Superior, debido a que éste recibió de ese mismo dinero irregular, 10 millones de pesos y su suegro, Alfredo Vargas Padilla, recibió otros 5 millones de pesos sin que fuera proveedor del Congreso.
Entre los recursos que fueron señalados por malos manejos, el que tuvo la mayor parte de ese dinero fue Jorge Salinas Osornio, quien coordinaba la fracción panista y que en 2009 perdió la elección para presidente municipal de Guadalajara.
Cuestionado sobre los motivos y los rubros por los que se le pagaban esos recursos, el auditor Alonso Godoy Pelayo no quiso aclararlos, incluso a los diputados les respondió con evasivas el día que fue citado para aclarar esta información.
“Yo pregunté que si eran del todo legales y que necesitaba el soporte y así fue como se me entregó”, dijo el Auditor Superior cuando fue cuestionado por los actuales diputados sobre los pagos que le hicieron los anteriores legisladores.
“No lo recuerdo (el detalle de los conceptos que le pagaron), se habla de todo el aspecto de compensaciones, de gratificaciones, de la percepción anual que los servidores públicos del Congreso los siguen percibiendo, una serie de prestaciones que no tengo yo el desglose porque no entra dentro de mi ámbito competencial”.
