Tortura sexual en Atenco, <br>5 años de impunidad

Es aún de madrugada y fuera de la casa, el infierno se ha desatado. Se escuchan gritos, detonaciones, gente corriendo por las calles polvorosas y, luego, el zaguán es derribado a golpes. Un grupo de policías entra al domicilio donde una familia ha dado refugio desde la noche anterior a tres jóvenes provenientes del DF y los sacan a punta de macana. “Ahí empieza mi historia”, cuenta Italia.

Su voz, grave pero serena, discurre lentamente fuera de sus labios mientras su mirada se mantiene fija en la mesa del restaurante, como dejando pasar ante sí, uno a uno, los recuerdos de aquel 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el municipio mexiquense que esa mañana viera extinguirse la “autonomía” que reclamaba desde el año 2001, cuando los ejidatarios del lugar expulsaron a las autoridades edilicias y se erigieron en autogobierno.

Rebelión y represión en Atenco.

“Después de detenerme, los policías me cubren el rostro y me suben a un camión de servicio concesionado donde me amarran, me desnudan y me colocan sobre los cuerpos de cuatro compañeros detenidos, de los muchos que estaban apilados en el pasillo del vehículo –Italia parece abstraída, como si no hablara de sí misma, sino de otra persona, alguien ajeno, como si sólo cierto toque de frialdad impreso en sus palabras le permitiera continuar su alocución, sin que la voz se quiebre–. Así me mantienen todo el tiempo, exhibida, con mi cuerpo a merced de cualquier cosa que se les antojara a los policías: con sus toletes me golpearon en los genitales, en las nalgas, en los pechos; varios agentes a la vez me introdujeron dedos y otros objetos, mientras me amenazaban con matarme, con arrojarme al río.”

Mientras esto ocurre, afirma la activista, una de las once mujeres que mantienen hasta la fecha la exigencia de justicia, fuera del vehículo los granaderos de la Policía Federal Preventiva (hoy Policía Federal) y de la Agencia de Seguridad Estatal se despliegan rápidamente hasta el resto de los domicilios que previamente fueron seleccionados, para allanarlos y extraer a las personas que se esconden dentro; en tanto, de forma paralela, un contingente avanza hacia el auditorio municipal Emiliano Zapata, donde permanece atrincherado el núcleo dirigente del movimiento de ejidatarios rebeldes.

No hubo tiempo para eso.

Luego de capturar al centenar de activistas que habían logrado evitar la aprehensión un día antes tras el enfrentamiento en la carretera, los camiones de la policía enfilaron al penal de Santiaguito, en el municipio mexiquense de Almoloya.

A unas mesas de distancia, dos mujeres en uniforme azul y placa amarilla toman su refrigerio de mediodía, antes de continuar su rondín por el Centro Histórico. Italia las mira, sin prestarles mayor atención.

“A mí me torturaron encima de los cuatro compañeros, ellos eran testigos impotentes de lo que me ocurría, emplearon la violencia de forma absoluta, con la intención de rompernos como personas, a todos, no sólo a las mujeres; fue una acción dirigida, pensada, para afectar a todo el movimiento. De hecho, hubo compañeros que estaban en shock por no haber podido defendernos a nosotras…”

Testimonios vertidos en 2008.

Sí, pero no

De las 50 mujeres detenidas en Atenco y formalmente procesadas por las fuerzas federales y estatales en mayo de 2006, sólo 21 presentaron una denuncia formal por las agresiones sexuales sufridas; sin embargo, aclara Italia, “la práctica fue generalizada, había una instrucción previa: los policías iban apertrechados con condones, todos los camiones en los que se trasladó a detenidos presentaron un retraso injustificado en el tiempo de trayecto; contra las mujeres se procedió de la misma forma en el operativo del día 3 de mayo, que en el del 4 de mayo; aunque sólo están documentados 21 casos de tortura sexual, todas lo sufrieron, pero debemos respetar a aquellas que decidieron no formalizar su denuncia”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó dichos abusos, en una recomendación emitida en octubre de 2006 y elaborada con base en estudios periciales, a través de los cuales se determinó que diez menores, 50 mujeres y 159 hombres capturados durante los dos días de operativos policiales habían sufrido detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; lesiones; allanamiento de morada; retención ilegal; incomunicación; tortura; abuso sexual y violación; además de que dos menores perdieron la vida por impactos de bala de la policía, en un conflicto que, señala el documento, “se tuvo oportunidad de evitar privilegiando el diálogo; sin embargo, es evidente que se privilegió el uso de la fuerza pública como elemento determinante para tratar de solucionar la problemática”.

La recomendación de la CNDH también deja ver otros aspectos de la acción concertada de las autoridades, tendientes a no dejar rastro de los excesos: en todas las detenciones, el Ministerio Público omitió inscribir la hora en la que se realizó la captura; todos los detenidos fueron vistos por un médico legista sólo varias horas después de que fueron procesados ministerialmente, y en el caso de las mujeres la tardanza llegó a ser de hasta diez horas; en los casos documentados de agresión sexual contra mujeres que fueron conducidas directamente al penal estatal de Santiaguito, las prendas que portaban no fueron preservadas por la autoridad; todas las entrevistadas denuncian algún tipo de agresión sexual, ya sea manoseos, penetración con dedos u otros objetos, tratos humillantes relacionados con su género y en algunos casos felonías forzadas.

A pesar de eso, el gobernador priista Enrique Peña Nieto aseguró en 2006 que la acción policial había sido “limpia”, aunque tres años después, en febrero de 2009, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no sólo que eran inocentes los 12 ejidatarios que permanecían presos, sino que el operativo había presentado evidentes excesos, el hoy aspirante a la presidencia de México debió reconocer que tales abusos existieron, aunque los calificó como “acciones individuales de algunos elementos” contra quienes “en muchos casos ha sido imposible acreditar responsabilidad”.

Estigmas

Italia es una joven delgada, de cabello negro, muy largo, que de vez en cuando echa una mirada a la Blackberry. Recientemente visitó Alemania, en compañía de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el cual ha respaldado a las víctimas de tortura sexual en Atenco desde hace cinco años, para denunciar estos hechos ante el congreso germano y eruodiputados.

“Para mí, hay un antes y un después de Atenco –dice, con una sorprendente sonrisa–. La valoración de mí misma cambió. Me sorprendió mucho haber resistido la tortura, porque yo me percibía como alguien muy débil, no entendía cómo estaba de pie después de tremenda madriza. Y descubrí que tenía la templanza y la calma para pensar lo que había que hacer.”

– ¿Cómo se dio ese proceso?

– Cuando nosotras empezamos a escribir nuestros testimonios, a petición de la CNDH, estando aún dentro del penal, nos hacíamos muchas preguntas. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo definirlo? ¿Nos violaron? Porque no solo habíamos sufrido ataques de índole sexual, sino que también estábamos profundamente golpeadas, nos habían pellizcado, mordido y bombardeado con amenazas de violación, de mutilación… nos decían cosas horrendas. Comenzar a dimensionar lo que nos había ocurrido fue muy complicado.

– Y, ¿a qué definición llegaron?

– Ante la disyuntiva de determinar quién era el verdadero culpable de lo que nos habían hecho, después de mucho reflexionar, nos dimos cuenta de que el responsable era el Estado, por encima de los policías perpetradores. Esta práctica contra las mujeres fue aplicada como una acción de gobierno; no fue cosa de unos agentes indisciplinados, ni fue algo personal contra mí, o contra alguna otra activista, sino una estrategia para desactivar un movimiento social. Pero no sólo debimos definir eso, sino también cuál era el objetivo de nuestra reivindicación, y éste sería la denuncia de la tortura sexual como política de Estado, y no las violaciones de las que fuimos víctimas.

– ¿Cuál es la diferencia?

– Nosotras por años fuimos “las violadas de Atenco”, esa fórmula se usaba en los encabezados de la prensa, y en muchas ocasiones llegamos a escuchar incluso a compañeros decir que “a las compañeras les robaron la dignidad”. Pero eso era algo no checaba con nuestro sentir, porque finalmente nosotras habíamos decidido denunciar públicamente las agresiones, y que salieran nuestros nombres y nuestros rostros, porque nosotras no éramos las que debían avergonzarse de lo ocurrido en esos operativos, había que regresarle la responsabilidad al Estado. Y eso es algo que, al cabo de cinco año, se ha logrado, nos hemos desestigmatizado.

–¿Crees que ahora Peña Nieto sea el que carga con el estigma de la violencia hacia las mujeres?

– Los índices de asesinatos y violencia contra las mujeres en el Estado de México son altísimos, efectivamente, y no ocurre nada. Es evidente el desinterés de las autoridades mexiquenses por las mujeres. Sin embargo, creo que es el Estado mexicano en su conjunto el que fomenta, por acción o por omisión, no sólo la violencia de género, sino también una política represiva, y es importante distinguir todos los tipos de violencia que ejerce el Estado simultáneamente.

Epílogo…

En 2009, la Corte no sólo determinó que las personas detenidas por los conflictos de Atenco eran inocentes, sino también que el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora (actualmente embajador de México ante Reino Unido), quedaban exonerados de toda culpa en relación con los abusos confirmados durante el operativo que realizaron las fuerzas al mando de ambos.

De los 16 agentes procesados por estos hechos, que la CNDH calificó como “presuntos delitos”, 15 fueron liberados  sin cargos. Uno más, el policía de la ASE Doroteo Blas Marcelo, fue sentenciado a tres años de cárcel por “actos libidinosos”, a pesar que se trató de los pocos agresores que pudo ser reconocido plenamente por una de las víctimas de violación. Gracias a un amparo, primero, y luego a que el delito por el que se le condenó no es considerado grave, Blas Marcelo nunca pisó la cárcel.

Nadie fue procesado por la muerte de los adolescentes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea, ambos fallecidos por impactos de bala, provenientes de armas reglamentarias de la policía, durante los operativos en Atenco.

En la actualidad, la Comisión Nacional del Agua realiza una campaña de compra de tierras de los ejidatarios de Atenco, propietario por propietario, para crear ahí la Zona de de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco.

Al respecto, Ignacio del Valle, líder de los ejidatarios de Atenco, aclaró no obstante que “no daremos marcha atrás ante la amenaza que existe contra nuestro territorio, ante la amenaza de arrebatarnos nuestras tierras, ahora a través de un supuesto proyecto ecológico de la Conagua, tal como en 2000 fue con la intención de construir un aeropuerto”.

Italia vive en la Ciudad de México con su pareja sentimental, otro sobreviviente de la batalla de Atenco.