Ejército ha exonerado 800 militares en el sexenio
En la presente administración, son más de 800 los militares que han obtenido ese beneficio, luego que las autoridades castrenses consideraran que se trataba de delitos “no graves”, revelan informes entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Además, según los informes del Ejército Mexicano, de 2006 a 2010, más de 50 mil militares habían desertado de las Fuerzas Armadas, lo que representa casi una quinta parte del personal activo que hasta el 2010 laboraba en la institución.
A dos días de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvieran que los únicos autorizados para juzgar e investigar a militares y ex militares son los tribunales castrenses, Animal Político te presenta 5 puntos sobre la impartición y procuración de justicia en la SEDENA.
Aquí los puntos.
1.- La PGR y las diferentes Procuradurías de Justicia Estatales en el país, han remitido de diciembre de 2006 a junio de 2010, mil 661 averiguaciones previas a la Procuraduría de Justicia Militar, pues los involucrados en los hechos son militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Aquí puedes ver el informe.
En promedio mensual, la Procuraduría Militar recibió 42 averiguaciones previas de los Ministerios Públicos Federales y Estatales. Es decir más de una por día.
2.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió de diciembre de 2006 al 14 de julio de 2010, 4 mil 035 quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por personal militar.
De esa suma, 59 de las denuncias derivaron en recomendaciones, lo que equivale al 1.46 por ciento del total de quejas recibidas por el citado organismo autónomo contra la SEDENA.
3.- Un total de 828 militares que eran investigados por la Procuraduría de Justicia Militar por la comisión de diferentes faltas y delitos, fueron exonerados entre diciembre de 2006 a junio de 2010.
Aquí puedes descargar el archivo
A estas personas se les concedió el “retiro de acción penal”, facultad que recae en el Secretario de la Defensa Nacional, pero con el consentimiento y visto bueno del Ministerio Público Militar.
El argumento de la SEDENA para conceder este beneficio, es que así conviene al interés social militar, al ser una medida que beneficia al personal que se encuentra sujeto a proceso “por delitos no graves”.
Entre los militares que obtuvieron este beneficio se encontraban:
1 general.
30 jefes.
185 oficiales.
606 soldados de tropa.
6 personas que se ostentaban como funcionarios de la SEDENA.
Los delitos que cometieron y por los que fueron perdonados son diversos, pero en algunos casos se trató de peculado, falsificación, malversación, abuso de autoridad, cohecho, robo, violencia generando lesiones, extorsión. Faltas consideradas “no graves” por el Jefe de las Fuerzas Armadas en el país.
4.- En un lapso de 5 años –del 2006 al 2010-, 53 mil 453 militares han desertado del Ejercito.
El número de desertores, representa casi una quinta parte del total del personal activo de las fuerzas armadas que se tenía contabilizado en el 2010.
Además, 490 militares han causado baja por mala conducta en ese mismo lapso; 9 mil 636 más, por retiro; 8 por estar desaparecidos; 27 mil 216 terminaron su contrato y decidieron no continuar con la institución, mientras que 278 causaron baja por quedar “inutilizados” en actos fuera del servicio
5.- Del inicio de la administración de Felipe Calderón al mes de abril de 2010, los tribunales militares sentenciaron a 42 elementos de las fuerzas armados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Campo Militar Número 1, así como las comandancias de Mazatlán y Guadalajara, son los puntos rojos del Ejército en cuanto a militares que se encuentran sujetos a un proceso penal o fueron sentenciados por la comisión de un delito.
En el 2010, 360 militares del Campo Militar 1, estaban sujetos a proceso, mientras 546 fueron sentenciados.
En la III Región Militar de Mazatlán –durante el mismo año-, un total de 110 militares eran investigados y 440 recibieron una sentencia.
En Guadalajara, 98 elementos tenían un proceso abierto en su contra y 124 más, recibieron una sentencia.
Fuentes: SEDENA e IFAI
