2010: Menos agresiones <br>a periodistas, pero más graves
Tener menos atentados contra periodistas y medios de comunicación, no significa necesariamente que haya menos violencia. En 2010, los ataques contra la libertad de expresión disminuyeron 36% respecto a 2009, sin embargo, en proporción, las agresiones graves como asesinato, desaparición y ataques a medios de comunicación, representan un número mayor.
Los datos se desprenden del informe ‘Violencia en México y el Derecho a la Información’ que presentan hoy las organizaciones civiles Artículo XIX y Cencos. El documento destaca que en la última década, la violencia contra periodistas ha alcanzado sus puntos más altos en el sexenio de Felipe Calderón, con 29 periodistas muertos; ocho de ellos en 2010.
A esta ‘fotografía’ se suma que –contrario al discurso oficial—la mayor parte de las agresiones contra los trabajadores de los medios, no las perpetra el crimen organizado, sino que son responsabilidad directa del Estado mexicano. De las 155 agresiones documentadas por ambas organizaciones, 49.03% fueron cometidas por funcionarios públicos o agentes de seguridad. Aunque aquellas cometidas por el crimen organizado, 26%, son las más violentas.
Sin mejora significativa
En 2010, Cencos y Artículo XIX documentaron 244 agresiones a periodistas y medios de información. Este año los casos disminuyeron a 155. A pesar de la aparente reducción, el análisis señala que la normalización de las amenazas en el gremio periodístico y las aún frágiles redes para documentar y denunciar las agresiones, llevan a un subregistro. Esto sin contar el aumento en la violencia en distintos puntos del país.
“Mientras los contextos de violencia en algunos estados del país se agudizan, la denuncia pública de las agresiones disminuye, como consecuencia de la falta de investigación del Estado mexicano”, afirma el documento. “Por ello –añade—la autocensura comienza a echar raíces al ser la única opción de protección, por un lado en el trabajo diario (…), pero también al momento de denunciar una agresión”.
Además del subregistro, las cifras revelan que las agresiones graves crecieron en proporción con el año anterior, como se puede observar en los porcentajes de la siguiente tabla:
| Año | Total de agresiones | Asesinatos | Desapariciones | Ataques violentos contra medios | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | % | Número | % | Número | % | ||
| 2009 | 244 | 11 | 4.51% | 1 | 0.41% | 5 | 2.05% |
| 2010 | 155 | 8 | 5.16% | 1 | 0.65% | 13 | 8.39% |
| Fuente: Artículo XIX y Cencos |
En todo 2010, junio y julio sobresalen como los meses más violentos para el gremio periodístico. En ese periodo fueron asesinados cuatro periodistas y seis sedes de medios de comunicación fueron atacadas; la mayoría en estados del noroeste, como Coahuila y Tamaulipas.
Los informadores y trabajadores de medios se enfrentan a diversos tipos de agresiones, pero una de cada dos es un ataque directo a su integridad física o, en el caso de las sedes de los medios de comunicación, un daño material. En segundo lugar se encuentran las amenazas o actos de intimidación o presión.
En este contexto de violencia, hay estados donde informar se ha vuelto un trabajo de alto riesgo. Para las organizaciones que elaboraron el informe, las más peligrosas son Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guerrero y Michoacán. Los periodistas de estos estados han visto compañeros asesinados, amenazados o amedrentados y sus sedes de trabajo atacadas con armas de fuego.
Entre todas las entidades, las organizaciones señalan a Guerrero como la más violenta, dado que entre 2009 y 2010 suma cinco periodistas muertos.
Años turbulentos
Cerca ya el fin del sexenio de Felipe Calderón, y con datos que la Red Mexicana de Protección a Periodistas otorgó en complemento al informe, las organizaciones reportan que los años transcurridos de la administración actual han sido los más violentos para la prensa en la última década. De 2007 al final de 2010, los asesinatos suman 29 y las desapariciones seis.
Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Relatoría de Libertad de Expresión del organismo, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho recomendaciones concretas para revertir el problema.
En lo que respecta a 2010, esta es la relación de los ocho informadores que perdieron la vida, según el documento.
| Nombre | Estado | Fecha | Fuente | Medio de Comunicación |
|---|---|---|---|---|
| Valentín Valdés Espinosa | Coahuila | 8 de enero | Policiaca | Zócalo de Saltillo |
| Evaristo Pacheco Solís | Guerrero | 12 de marzo | General | Visión Informativa |
| Jorge Ochoa Martínez | Guerrero | 28 de enero | General | El Oportuno/Despertar de la Costa Chica |
| Juan Francisco Rodríguez Ríos | Guerrero | 28 de junio | Policiaca | El Sol de Acapulco |
| Hugo Alfredo Olivera Cartas | Michoacán | 6 de julio | Policiaca/Política | El Día de Michoacán |
| Marco Aurelio Martínez Tijerina | Nuevo León | 10 de julio | General | Radio XEDD ‘La Tremenda’ |
| Luis Carlos Santiago Orozco | Chihuahua | 16 de septiembre | General | El Diario de Juárez |
| Carlos Alberto Guajardo Romero | Tamaulipas | 5 de noviembre | Policiaca | Expreso de Matamoros |
En siete de los ocho casos, los asesinos fueron directamente por la víctima. La excepción es el caso del reportero del Expreso de Matamoros, muerto cuando cubría un enfrentamiento entre el Ejército, la Policía Federal y presuntos delincuentes. Según cita el informe, el Ministerio Público de Matamoros asegura que el reportero perdió la vida al ser sorprendido por el “fuego cruzado”, en una operación que tenía como objetivo capturar al narcotraficante Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, miembro del Cártel del Golfo.
“El caso sirve como evidencia de los riesgos que enfrenta la prensa para cubrir las acciones emprendidas por las autoridades en el combate al crimen organizado, pero también la omisión por parte de la empresa para la que laboraba, al no proporcionar el equipo y entrenamiento necesario para ese tipo de cobertura, a pesar de ser un derecho humano laboral”, critican las organizaciones.
Funcionarios públicos, los principales agresores
Las amenazas del crimen organizado a los medios y a sus trabajadores son uno de los focos de alerta que se encienden al analizar la libertad de expresión en el país; sin embargo, no son el principal.
Las organizaciones que elaboraron el diagnóstico registran que 49.03% de las agresiones, casi la mitad, fueron cometidas por alguna autoridad, sobre todo por agentes de las entidades federativas. Las policías estatales son responsables de uno de cada tres ataques.
En contraste, apunta el informe, “solamente 26.45% se atribuyen a personas vinculadas con grupos del crimen organizado”. No obstante que el número no es el más alto, los criminales cometen las agresiones más violentas.
El resto de los ataques los cometen simpatizantes o militantes de partidos políticos (2.5%), empleados de empresas de seguridad y autoridades comunales (10.32%) y en 11.61% de los casos no se logró identificar al agresor.
En los esfuerzos por proteger a todos los que participan en la cadena de la información, la autoridad no sólo es responsable de la mayoría de las agresiones, sino también, incurre en omisiones y dilaciones.
“Cada caso es una historia de impunidad forjada con una cadena larga de hechos en los que las instituciones no reaccionan y terminan por afectar a la sociedad mexicana en su conjunto”, afirman las organizaciones
Las principales observaciones que el documento hace al Estado mexicano son atender las observaciones que hace la comunidad internacional y, de igual forma, los señalamientos de las organizaciones civiles. En lo que respecta al poder Ejecutivo, recomiendan transparentar la situación jurídica de cada uno de los asesinatos y desapariciones de periodistas, así como abrirse al diálogo y la consulta para instrumentar políticas de protección. En estas observaciones también incluyen a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, que deben ser capacitadas para promover y respetar la libertad de expresión.
En materia de garantías individuales, las organizaciones recomiendan mejorar el seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares y transparentar los logros que han tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus actuaciones y en el seguimiento a los casos frente a la justicia.
