En México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas, según el “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
Del mismo estudio se desprende que también es, después de Tailandia, el segundo país que mayor número de víctimas de trata provee a los Estados Unidos.
Cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales 79% son utilizadas para explotación sexual, 3% extracción de órganos y 18 % explotación laboral; de acuerdo a cifras del INEGI, de 3.6 millones de personas, el 31% son menores de edad, con edades entre 5 y 17 años, y 70% personas migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral en condiciones de trata.
Los grupos más vulnerables se definen por género, edad (niños, niñas, adolescentes, principalmente no-acompañados, y adultos mayores), ocupación (agricultores, campesinos, empleadas domésticas), escolaridad y situación migratoria, según información proporcionada por la diputada federal por el PAN Rosy Orozco, Presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas.
En México, de los 31 estados, 28 de ellos y el Distrito Federal tienen en su orden jurídico considerado a la trata de personas como tipo penal, de ellos sólo 13 estados cuentan con una ley especial que prevé protección a las víctimas y cuatro estados no tienen tipificado este delito en sus códigos penales, ni cuentan con la Ley especial.
Acorde con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), sin especificar en qué estados de la República Mexicana desde 2008 al 2 de marzo de 2011, han sido sentenciadas 23 personas por el delito de trata, mientras que han sido rescatadas 123 víctimas, entre ellas 23 menores de edad, mediante 15 dispositivos y seis cateos, tras lo cual fueron arraigadas 102 personas y 109 consignadas.
Las rutas de los tratantes
Los principales estados de la República Mexicana y rutas de redes de tratantes de personas que destacan son: Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez, Distrito Federal, Oaxaca, entre otros, indicó Rosy Orozco.
Destacó que en la zona del Soconusco-Chiapas existe el intercambio comercial y ocurre una intensa movilidad de nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y, con menor medida, otros países de América del Sur como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
Siendo Chiapas uno de los lugares en donde las víctimas se encuentran en mayor vulnerabilidad de caer en redes de tratantes de personas que aprovechan sus necesidades económicas y su situación migratoria irregular. El siguiente caso, es de una joven chiapaneca de nombre Lucero de Jesús Oliva Meza quien lleva desaparecida aproximadamente dos años.
La historia de Lucero Oliva Meza
La mañana del 05 de febrero del 2009, Lucero de Jesús Oliva Meza, una joven de 21 años de edad, salió de su domicilio ubicado en el lado norte en la capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estrenaba unos pantalones de mezclilla y una blusa blanca, les dijo a sus padres “vuelvo más tarde”…
Después de dos años de su desaparición se desconoce su paradero, así como lo que han hecho las autoridades para ayudar, luego de haber sido reportada como extraviada ante las instancias correspondientes, narra su hermana, Karla Oliva.
“La desaparición de mi hermana fue repentina, estábamos en la casa, y recuerdo que dijo que iba a visitar a una de sus amigas, y desde entonces ya no regresó, ahora las dos, tanto su amiga de nombre Leticia Toledo Fuentes y mi hermana están desaparecidas y ninguna de las familias sabe con certeza lo que ocurre.”
Karla describe a su hermana como una persona platicadora, amiguera, sociable, soñadora, fiestera, a la vez enojona, y falta de comunicación, que en ocasiones no obedecía a sus padres debido al consumo de drogas. Otras actividades que Lucero disfrutaba eran ir a los bares y antros de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Con esta descripción y con algunas declaraciones hechas en el caso de Lucero comenta: “La Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres se retiró del caso y lo enviaron a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de Chiapas (FECDO) por ser un asunto de injerencias con la organización criminal de los Zetas.
“Al iniciar con las investigaciones nos enteramos de muchas cosas respecto a su amiga Érita Toledo con la que llevaba frecuentándose siete meses antes de su desaparición.
“Algunas exparejas de esta chava declararon en la averiguación previa 057/FECDO/2009-09 que Érita Toledo trabajaba como edecán y se anunciaba en una página de internet, su imagen fue quitada tras lo sucedido.
“Además de que la relacionan con posibles nexos con alguna organización de narcos. Con esos datos, la desaparición de mi hermana fue vinculada como un ajuste de cuentas por el consumo de drogas, según Teresa Ulloa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional contra la trata de personas, a quien hemos acudido para resolver esto que ha llevado años”, explicó Karla
Con lágrimas en los ojos y desconsolada, Karla Oliva Meza dijo que con todo esto han sido víctimas hasta de licenciados usurpadores, de gente aprovechada ante la problemática.
“No sabemos si están privadas de su libertad, pero tampoco lo descartamos, porque ya pasó mucho tiempo y ella no se ha comunicado. Aunque nosotros sabemos que mi hermana no es una monedita de oro, estamos seguros que ella no tenía ni tiene ningún nexo con criminales, es justo que las autoridades nos dejen saber qué pasa”.
Según resultados de la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, realizado en el 2005 y dado a conocer por Marcela Lagarde y de los Santos, atribuyó que durante los últimos años se ha silenciado la violencia específica contra las mujeres, particularmente en Chiapas por ser un estado con una construcción social distinta, pese a que ha reformado su Procuraduría de Justicia en apoyo a las mujeres.
En Chiapas, el fenómeno de la trata de personas se encuentra íntimamente ligado al fenómeno migratorio. Este último es un proceso complejo que responde a influencias económicas, sociales y culturales vinculadas con la construcción social de lo masculino y femenino, y que atañe y es afectado por las relaciones de género.
Servidores públicos enredados con traficantes de personas
Según información obtenida por la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, Rosy Orozco, en Chiapas han sido desarticuladas 23 bandas relacionadas con el delito de trata de personas, algunas de las cuales contaban con protección de diversos servidores públicos,quienes también han sido detenidos.
“Es un problema muy serio que en Chiapas falta mucho por hacer, la mayoría de los reportes en trata en todo el país, la complicidad tiene que ver con personas de migración y Chiapas es uno de los principales estados en focos rojos que tenemos.
“Sin educación, sin cultura, sin realmente una vocación de servicio, y sin profesionalización la policía no puede hacer nada, por eso me da gusto que estén capacitando a los policías y estén profesionalizando a la gente en sus respectivos cargos.
Así como le hicieron en la SIEDO debe hacerse una limpieza de todo el personal en todas las instituciones públicas”, señaló Orozco, y destacó que actualmente en Chiapas, el Instituto Nacional de Migración se encuentra investigando a nivel de toda la República para descubrir a esos funcionarios cómplices que esperan que hasta el mismo Instituto de Migración sea revisado.
En Tapachula, y otros municipios importantes del Soconusco, contantemente hay una contratación de trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos, también de trabajadoras domésticas de la misma nacionalidad.
La edad de las empleadas domésticas por lo general oscila entre 12 y 20 años, aunque también las hay mayores. Hay algunas que comienzan a verse mujeres con 10 u 11 años y son empleadas en esta actividad.
En otros datos, se menciona que las trabajadoras sexuales también pueden laborar en la vía pública. En un parque o restaurante pueden contactar a sus clientes, a quienes llegan a atender en taxis, cuartos de hotel, baños públicos. Estas empleadas, generalmente forman parte de redes de comercio sexual.
La edad de la mayoría de las mujeres que desempeñan estas labores es de 10 a 35, difícilmente de más años. Aunque el problema de la trata de personas se recrudece entre las que son menores de edad, principalmente en las que tienen entre 11 y 16 años de edad.
“En la trata clandestina los tratantes prefieren agarrar a niños desde los 12 años; es una manera más fácil de someterlas y educarlas como ellos quieren”, agregó la diputada.
Actualmente en Chiapas, se dieron cumplimiento a 22 órdenes de cateo en diversos municipios, detenido a 11 presuntos tratantes, asegurado los inmuebles que ocupan los bares denominados “El Bohemio”, “El Aguaje”, “El Aventurero” y “El Brindis de la Texana” y el 21 de febrero del 2011 se dictó la primera sentencia condenatoria por el delito de trata según información manejada por la PGJE.
Entre las mujeres desaparecidas actualmente en Chiapas, se encuentran Lucero de Jesús Oliva Meza, Érita Leticia Toledo Fuentes, Alejandra Páez Bonifaz, Amalia Hernández Torres, América Pascacio Gutiérrez, Estéfani de Jesús Santos, María de los Ángeles Cundapí Toalá, María del Carmen Ramírez Ruiz, María Reyna López Hernández y las hermanitas Yeni Fernanda y Alicia Cecilia Acuña García.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 56% de las víctimas de trata humana en el mundo son mujeres y niñas.
Las víctimas de la trata sufren abuso físico, psicológico y sexual, y es un delito tan grave como el homicidio, la violación sexual y el secuestro, que debe ser procesado legalmente.
Protocolo de Palermo para prevenir la trata de personas
En esta semana, los diputados David Razú Aznar y Maximiliano Reyes Zúñiga, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 188bis del Código Penal para el Distrito Federal.
Éste indica que las instancias del Estado Mexicano deben responder ante la violencia contra las personas en algún estado de vulnerabilidad, especialmente en el tema de trata de personas.
“La iniciativa pretende armonizar la legislación penal vigente en materia de trata de personas, con el protocolo de Palermo, con la finalidad de ampliar el tipo penal, si bien no hay un instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas”, explicó Razú Aznar.
Por otro lado comentó que dentro de la Agenda Legislativa del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, específicamente la línea de acción 2321, obliga a este órgano legislativo a impulsar foros de discusión al interior de la misma con la participación de organizaciones de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos para analizar los avances y retos para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas.
El Protocolo de Palermo declara que, para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas, amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Entre otras propuestas, la iniciativa pretende dejar en claro las definiciones y conceptos: trata de personas, la captación, el transporte y el traslado.
Además, la iniciativa pretende adicionar un tercer párrafo al mismo artículo 188bis, quedando:
“Al que induzca, promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, capte, acoja o reciba para sí o para un tercero, a través del engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad a una persona para someterla a cualquier corma de explotación, para el aprovechamiento de la prostitución ajena, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, esclavitud, servidumbre, matrimonios serviles o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del DF se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días de multa.
Cuando la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.
No se considerará como causa excluyente de responsabilidad del delito de trata el consentimiento dado por parte de la víctima”.