Declaraciones patrimoniales <br>de diputados, en la opacidad
¿Quiere usted conocer la declaración patrimonial del diputado que lo representa? Para ello no necesita saber al dedillo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mucho menos, la Ley Federal de Transparencia. Lo que necesita, además de una computadora con internet para el trámite, es disposición y paciencia para enfrentarse a la opacidad.
A pesar que los ciudadanos tienen garantizado, en papel, el acceso a esa información, en la práctica, conocer los bienes de los legisladores es una tarea de la que nadie se quiere hacer cargo.
El mes pasado, Animal Político intentó saber cuáles de los 500 representantes que despachan en San Lázaro han accedido a hacer pública su declaración patrimonial, e igualmente, cómo y dónde pueden consultarse esos documentos. Como resultado se ha obtenido una especie del juego de la ‘papa caliente’ o, como dijo el expresidente Vicente Fox, “¿Y yo por qué?”.
¿Para qué sirve una declaración de situación patrimonial? Su función principal es evitar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos y, en su caso, acreditar presuntas responsabilidades. Hacerla pública permite que la ciudadanía y los órganos reguladores puedan frenar la corrupción.
En el mundo, hay tres modelos para la declaración de bienes, de acuerdo con el investigador de la UNAM, Ernesto Villanueva. En su libro Transparencia y declaración de los servidores públicos, el experto identifica modelos abiertos, cerrados e intermedios. El primero prevalece en países como Canadá, Argentina, Brasil, Chile o Estados Unidos. En esos países, las declaraciones patrimoniales están a pocos clicks de distancia del ciudadano, pues se pueden encontrar en los portales de gobierno.
En el modelo cerrado, las declaraciones sólo las conocen las autoridades y los ciudadanos no tienen manera de obtenerlas. Países como España, Costa Rica y Guatemala aún se rigen por ese modelo.
México está en el punto medio. En este modelo, la situación patrimonial de un servidor puede hacerse pública siempre y cuando él lo acepte. Pero en la práctica, no es así de sencillo.
El artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece que todo servidor, al tomar un cargo, debe presentar una declaración inicial en un plazo no mayor a 60 días. Posteriormente, cada mes de mayo debe actualizarla y al dejar la responsabilidad, presentar una más. En ellas deben figurar los bienes inmuebles que posee un funcionario, así como su valor y fecha de adquisición.
La duda
El día 23 de marzo, Animal Político presentó una solicitud de información a la Cámara de Diputados y una a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con peticiones prácticamente iguales. A la primera se le requirió “un listado de todos los diputados de la LXI legislatura que aceptaron hacer pública su declaración patrimonial, así como de aquellos que no lo aceptaron”. De manera automática, como es natural en el proceso, el sistema dio a esta solicitud el folio 5665. Experiencias anteriores habían dado muestra de que la posible respuesta de la Cámara de Diputados, sería que dicha información la posee la ASF; por ello, a ese órgano se le solicitó “un listado de todos los miembros de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que hicieron pública su declaración patrimonial, así como aquellos que no aceptaron. Igualmente, en el caso de aquellos que accedieron, anexar cada una de las declaraciones”. La ASF acusó recibo y dio a la solicitud el folio 047.
La primera dependencia en atender fue la Cámara de Diputados. Como muestra el siguiente documento, la respuesta fue que, de acuerdo al artículo sexto del Reglamento de Transparencia de la Cámara de Diputados, la ASF es la encargada de resolver la solicitud.
Respuesta Cámara a solicitud declaracion patrimonial
Días después, el pasado 11 de abril, la ASF envió su respuesta. Como se puede observar, argumentaron que no están en “aptitud de resolver favorablemente”, puesto que otorgar esa información es responsabilidad de la Cámara de Diputados. Pero la historia no acaba allí…
La ‘papa caliente’
Al manifestar a la ASF un extrañamiento por su respuesta, se concretó una cita con el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade. El día 15 de abril, en sus instalaciones, el abogado explicó que por un acuerdo con la Cámara, la Auditoría es sólo depositaria de esa información y no responsable de su entrega cuando un ciudadano la pide. Igualmente, negó de manera tajante que fuera de su competencia y recomendó dirigir el extrañamiento a la Contraloría Interna y a la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados.
Así se hizo. Ese mismo día, Animal Político contactó de manera telefónica a ambas áreas. El responsable de la Unidad de Enlace, Fernando Javier Flores Castellanos, dio por respuesta que, la inconformidad debe manifestarse ante la Auditoría Superior de la Federación.
¿Dónde está la información y quién tiene la obligación de entregarla al ciudadano? Nadie sabe. En la Auditoría Superior de la Federación, Víctor Manuel Andrade se comprometió a tratar el tema con el jefe de la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados para responder a las solicitudes; sin embargo, hasta ahora, la información sigue en la opacidad.
