La Jornada publica que para el anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, expresó que existe “una percepción generalizada es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa”.
Esa es la valoración que hace en el cable diplomático 09CIUDADJUAREZ22 enviado al Departamento de Estado el 23 de enero de 2009.
En el periodo analizado en ese cable surgen grupos armados de autodefensa, “como ocurrió en Colombia en los años 90, con Los Pepes”. Según los informantes del consulado, algunos de estos elementos contratados por empresarios son zetas y tienen tratos incluso con las unidades militares.
Dos meses después, marzo de 2009, la embajada tomaba este informe como referencia para enviar un reporte confidencial al Departamento de Estado (cable 09MEXICO748) en el que analiza críticamente la escalada que el gobierno mexicano estaba a punto de ordenar para la Operación Conjunta Chihuahua, con el envío de 5 mil soldados y 2 mil policías adicionales.
En vista que la primera oleada de soldados disminuyó momentáneamente el nivel de violencia en la ciudad, una segunda fase con presencia masiva de fuerzas federales (5 mil soldados y 2 mil policías federales) “puede abrir una ventana de oportunidad para reconstruir a las fuerzas municipales que se encuentran en un estado ruinoso”, dice el analista.
Sin embargo, advierte líneas más adelante: “Esta ventana se está cerrando rápidamente, en la medida en que el gobierno local intenta crear una fuerza policiaca de 3 mil elementos sin estrategia ni metas claras”.
En resumen, en la opinión de los estadunidenses, comprometer al Ejército en la lucha contra los cárteles en Juárez fue una medida de corto plazo que “logró perturbar a los grupos criminales hasta cierto punto, pero como estrategia de seguridad pública fue un fracaso”.
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