Desterrados y enfermos, indígenas tzeltales de Chiapas piden justicia
Agretina Gutiérrez Núñez tiene tres cosas en su contra: es mujer, es indígena y forma parte de un grupo de familias ligadas a los grupos simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Ahora convalece en un hospital en donde continúa una huelga de hambre iniciada hace 22 días. Hasta diciembre de 2008, Agretina y los miembros de otras siete familias prozapatistas integrantes de la organización La Otra Campaña del EZLN, habían logrado sobrevivir en el ejido Cintalapa, ubicado en el municipio de Ocosingo, en la zona norte de la selva Lacandona.
En su comunidad, compuesta por unos 1,500 habitantes, la mayoría de ellos son miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), uno de los grupos opositores al movimiento zapatista.
El 16 de diciembre a los dos líderes de La Otra Campaña en el ejido Cintalapa, los hermanos Armando y Amilcar Méndez Núñez –este último esposo de Agretina- los integrantes de la Opddic los acusaron de haber asesinado a un joven de la comunidad.
Los hermanos fueron detenidos y trasladados al municipio de Palenque, en donde habrían sido torturados por policías estatales para que se declararan culpables, explicaron en una queja interpuesta ante el Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Los dos indígenas niegan haber asesinado al joven.
Para Agretina y los integrantes de las siete familias prozapatistas su situación declinó desde entonces. El 6 de marzo de 2009 un grupo de 20 integrantes de la Opddic, presuntamente acompañados de representantes del gobierno de Chiapas, los expulsaron de la comunidad, con el argumento de que estaban causando conflictos y divisiones al interior del poblado.
Antes de la expulsión, Agretina y Violeta Cruz López -esposa de Armando- fueron violadas de forma tumultuaria por los líderes de la Opddic . Por estos hechos las mujeres interpusieron una denuncia judicial contra Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Manuel López Méndez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Mariano Cruz Vázquez.
Se inició el expediente penal 770/ SC74-T2/2009, sin que al momento estas personas hayan sido detenidas. Siguen viviendo en el ejido Cintalapa.
Luego del abuso sexual, amenazaron a las mujeres y sus hijos con rociarlos con gasolina y quemarlos vivos. Eva Méndez Núñez, hermana de los dos presos, cuenta que consiguió 25 mil pesos para dar a los líderes de la Opddic a cambio de que las mujeres y sus hijos no fueran quemados. Estas declaraciones constan en la denuncia penal hecha ante el Ministerio Público de la cabecera municipal de Ocosingo.
“A las 12 de la noche, luego que nos violaron, nos subieron (a los integrantes de las siete familias integrantes de La Otra Campaña) a un carro del gobierno (de la Delegación de gobierno de Chiapas), nos llevaron a Ocosingo”, narra Agretina en un difícil español, prácticamente es monolingue y no sabe leer ni escribir.
La indígena tzeltal explica que ya no pudieron regresar a sus tierras. Sus casas, animales y pertenencias las robaron o destruidas. Durante casi dos años, mientras los hermanos Armando y Amilcar Méndez Núñez permanecían en un penal del municipio de Playas de Catazajá,ubicado a 300 kilómetros de Ocosingo, las siete familias se refugiaron en un terreno ubicado en las afueras de la cabecera municipal de esa circunscripción.
En ese municipio, que tiene uno de los índices de desarrollo más bajos del país, los expulsados del ejido Cintalapa sobrevivieron empleándose como albañiles, o haciendo labores de limpieza a cambio de comida.
El 7 de febrero de este año, en un intento por denunciar su situación, exigir la liberación de los dos hermanos, la recuperación de sus bienes, y castigo a los responsables de la violación, las familias de Armando y Amilcar se trasladaron la capital de Chiapas.
En las puertas de la sede del poder Ejecutivo instalaron un plantón. Con Agrentina iban sus dos hijos, de 5 y 2 años; Violeta Cruz López y sus cinco hijos de entre 16 y 3 años de edad; y Pedro Méndez Núñez, hermano de los detenidos.
Luego de dos semanas, el 25 de febrero, al no obtener ninguna respuesta de las autoridades, como una medida desesperada más, Agrentina, Violeta y la hija de esta última, Orbelina Méndez Cruz de 13 años, así como Pedro Méndez Núñez, iniciaron una huelga de hambre.
Las dos mujeres anunciaron esta medida, mientras daban de mamar a sus hijos de 2 y 3 años de edad. Con el paso de los días los senos de las dos indígenas dejaron de dar leche. Los niños tuvieron que empezar a comer, junto con sus otros hermanos, de las dádivas que las personas que se acercan al lugar donde tienen instalado un campamento compuesto por cartones y algunas cobijas.
Ante la presión de la huelga de los indígenas, el CEDH pidió al gobierno de Chiapas la revisión de los expedientes penales de los dos detenidos. Según narran las dos mujeres, lograron entonces una audiencia con representantes de la Secretaria de Gobierno estatal.
“Nos dijeron que sólo podían liberar a uno de los dos (Armando o Amilcar), que nosotros escogiéramos. Les dijimos que no, que los dos son inocentes”. El 13 de marzo el gobierno de Chiapas liberó a Armando. Lo sacaron sorpresivamente de la prisión, “me dijeron que me largara, que fuera a quitar a mi familia del plantón o me regresaban a la cárcel. Que nos iban a meter a todos a la cárcel”, explicó.
El indígena se integró al plantón de las mujeres. Desde ese lugar relató los detalles de su detención, de la tortura física y sicológica
a que fue sometido. En su narración identificó plenamente a sus agresores.
Las tres mujeres –una de ellas la niña de 13 años- y Pedro Méndez Núñez, decidieron continuar la huelga de hambre, sin embargo el 15 de marzo el cuerpo de Agrentina no pudo más. Ese día presentó un cuadro de diarrea y vómito con sangre.
Fue trasladada al Hospital Regional, ahí se le diagnosticó anemia severa, gastritis y una infección estomacal. Aún en estas condiciones, Agrentina dio a conocer que continuará la huelga de hambre, hasta lograr la libertad de su esposo, la restitución de sus tierras y el encarcelamiento de quienes abusaron de ellas.
La madrugada de este martes 16 Pedro se desmayó a consecuencia de la debilidad causada por los días de ayuno. Sólo han ingerido suero y agua. Los otros tres huelguistas también fueron trasladados al hospital.
Los seis niños quedaron al cuidado de su tía Eva en el plantón. Con el movimiento de las mujeres y el resto de los expulsados del ejido Cintalapa se han solidarizado algunas organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo la situación sigue siendo precaria para todos ellos. No cuentan con recursos para alimentar a los niños, o para comprar tarjetas telefónicas para poder comunicarse con los grupos solidarios. Las mujeres tampoco han recibido ayuda sicológica y emocional para superar el abuso sexual tumultuario y el destierro a que fueron sometidas.
