Los niños muertos en la guerra contra el narco
Dos pequeños, uno de cinco y otro de nueve años, murieron tras una agresión de soldados, quienes dispararon a su familia que viajaba a Matamoros en un retén por la carretera Ribereña.
Según los afectados, todo inició cuando pasaron un retén militar, mientras viajaban con toda la familia a bordo de una camioneta tipo Tahoe. Al ver a los soldados a un costado de la carretera, el conductor, Carlos Alfredo Rangel, bajó la velocidad. Tras pasar el retén, les empezaron a disparar sin motivo.
Bryan y Martín Almanza Salazar fallecieron la tarde del sábado 3 de abril de 2010. Estaban acompañados por sus padres Martín Almanza Rodríguez, de 30 años, quien resultó herido, y Cynthia Salazar Castillo, de 28, además de sus hermanitos Lucero Michel, de 10; Jennifer, de 8, y Yesenia, de 3 años. Todos iban de día de campo rumbo a la playa de Matamoros.
Acompañándolos también viajaban el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, quien resultó herido, y su esposa Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, y un bebé de tres meses, Jesús Alfredo Rangel Velázquez.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó una versión diferente de los acontecimientos. El 30 de abril de 2010, en conferencia de prensa, el procurador general de Justicia Militar, José Luis Chávez García, dando a conocer el resultado de las investigaciones y peritajes efectuados sobre la agresión en la que murieron los infantes, informó que el deceso de ambos se debió al enfrentamiento entre el Ejército y sicarios.
En específico, el procurador militar reveló que el ataque a la camioneta en la que viajaban los dos niños, se realizó con granadas calibre 40 milímetros y que fueron esquirlas de este tipo de armas las que hirieron y causaron la muerte de los infantes.
Este tipo de armamento, concluyó el procurador, no corresponde a las granadas usadas por el Ejército, además de que el personal militar que ese día participó en los hechos no contaba con esas armas.
Los padres de los niños fallecidos rechazaron categóricamente esa versión, subrayando que fueron balazos, no esquirlas de una granada, los que provocaron los fallecimientos, y que no tuvo lugar ningún fuego cruzado entre Ejército y delincuentes.
El caso de Bryan y Martín es uno de los tres que son documentados a través de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en los conflictos armados, denominado “Infancia y conflicto armado en México”, publicado recientemente.
Sobre el expediente de la agresión mostrada como ejemplo, el reporte detalla que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encargó de realizar una investigación independiente y aclarar las circunstancias de la muerte de los hermanos Almanza Salazar.
El 16 de junio de 2010 la CNDH presentó sus conclusiones: “La investigación de la Sedena no tiene sustento ni apego a las evidencias. No hubo enfrentamiento entre sicarios y militares y existió, además, un indebido levantamiento de preservación de evidencias”.
El informe detalla que la CNDH señaló varias violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, el uso arbitrario de la fuerza pública, los tratos crueles, la omisión de auxilio y la alteración de la escena de los hechos en agravio de Martín y Bryan Almanza Salazar y otros, atribuibles a servidores públicos de la Sedena.
Concluyendo su investigación, el organismo defensor de los derechos humanos emitió la Recomendación 36/2010.
Los otros casos mostrados en el informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México se refieren al asesinato de 10 jóvenes en Pueblo Nuevo, Durango, en un retén, reportada el 28 de marzo de 2010, y el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey el 19 de marzo del mismo año.
Los 994 menores muertos
El reporte “Infancia y conflicto armado en México” señala que de diciembre de 2006 hasta octubre de 2010, un total de 994 niños y niñas han perdido la vida en la lucha contra la delincuencia organizada.
Las cifras corresponden a casos de jóvenes inocentes, adolescentes que presuntamente colaboran para los delincuentes y casos no especificados; pero en todos ellos, como parte de la guerra del gobierno federal a los cárteles de la droga y la violencia entre los supuestos grupos de criminales.
“Para subrayar la importancia de la cifra, es suficiente comparar los 503 niños y niñas muertos desde 2000 hasta 2006 con los 994 muertos en los últimos tres años y 10 meses”, indica el texto.
En lo que se refiere a niños desde cero hasta 17 años, añade, las tasas de defunciones por homicidios son más bajas que la media nacional. Sin embargo, en algunos de los estados donde la tasa de homicidios dolosos aumentó, también aumentó la tasa de homicidios de niños, especialmente en Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa.
Sin embargo, citando reportes de la Base de datos de defunciones 1979-2008 del Sistema Nacional de Información en Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud, el informe alternativo detalla que la categoría de niños más afectados por el incremento en la tasa de homicidios son los adolescentes desde los 15 hasta los 17 años.
“De 2007 a 2008, en un solo año, la tasa de homicidios de Baja California subió de un 8.33 hasta 24.3 por cada 100 mil personas de este rango de edad (incremento de 291.7%), y en Chihuahua, donde pasó de 12.6 hasta 45.95, con un incremento del 364%. “Aún más impresionante es el aumento de esta tasa en el estado de Sinaloa, donde pasó de 3.13 por cada 100 mil personas hasta 17.01, produciéndose así un incremento del 543%”, revelan las cifras oficiales.
Los chicos “malos”
El documento consultado niega que existan estadísticas oficiales sobre el número y el tipo de delitos cometidos por los niños y niñas involucrados en el crimen organizado. Tampoco, dice, existen cifras oficiales sobre el número de niños implicados de varias formas con la delincuencia organizada.
“Cifras de la academia hablan de unos 30 mil niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos, desde tráfico de droga hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.”, detalla.
Homicidios y lesiones relacionados con la violencia, añade el informe, son infligidos sobre la infancia y por la infancia todos los días y ocurren en todos los estados del país.
“Sin embargo, se presentan con mucha más frecuencia en las áreas más pobres, donde hay menores posibilidades de empleo, educación y las condiciones de vida son más difíciles. Según expertos, existen en el país 17 estados que están viviendo un proceso de ‘somalización’ donde hay porciones territoriales de ingobernabilidad, donde la autoridad está relativamente ausente. Se calculan 780 focos rojos de ingobernabilidad en el país”, añade el reporte.
