Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló a Sonia Vargas Terrero, actual funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de firmar contratos por 71 millones de dólares durante su cargo en la Policía Federal en el periodo de Genaro García Luna.
Durante su participación en la conferencia matutina, Pablo Gómez afirmó que se trata de “una trama corrupta”.
“Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto“, mencionó.
De acuerdo con el titular de la UIF en la Policía Federal, en el periodo de Calderón Hinojosa, Sonia Vargas es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares.
El funcionario sostuvo que “ningún contrato cumplió con los señalamientos legales a pesar de ser un tema de seguridad nacional“.
Contratos revelados por la UIF en el sexenio de FCH
En la lista de personas señaladas, la UIF mencionó que Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de la Policía Federal Preventiva, aprobó 69 millones 100 mil dólares mientras que Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal lo hizo por un monto de 25 millones 875 mil dólares.
También se comentó el nombre de Humberto Martínez González, director general de apoyo técnico de la Policía Federal ya que presuntamente aprobó un contrato por 37 millones 875 mil dólares.
“Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, lo hizo por dos millones 500 mil dólares y José Roberto Cardoso, director general de recursos materiales, por 12 millones”, expuso el titular de la UIF.
“Estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato aún cuando hayan sido varias las que firmaron”, sostuvo Pablo Gómez.
Contratos revelados por la UIF en el sexenio de EPN
Durante su participación, el titular de la UIF explicó que Eugenio Ímaz Gispert, director general del Cisen, firmó un contrato por 253 millones 51 mil dólares mientras que del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, lo hizo por 88 millones.
Además, se señaló a José Alberto Rodríguez Calderón, comisionado de Prevención y Readaptación Social por un contrato de 26 millones 850 mil dólares.
“De la Procuraduría General de Justicia de la CDMX está Octavio Medina Estrada, Oficial Mayor, quien firmó por 26 millones 666 mil pesos”, dijo.
“Todas estas erogaciones que se hicieron a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel, son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos”, indicó Pablo Gómez.
El funcionario detalló que los contratos están relacionados con sistemas de rastreo y localización de redes celulares.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor”, sentenció.
Pablo Gómez sostuvo que el gobierno mexicano ha acudido a los tribunales civiles de Florida para que, a través de un juicio civil, ese dinero sea remitido a México.
“Las personas que he mencionado forman parte de las denuncias presentadas ante la FGR y están sujetas a una investigación”, concluyó el funcionario.
