“La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.
Edmond Thiaudière, escritor y filósofo francés
Se inicia la fase final del proceso electoral federal y en el discurso gubernamental predomina la polarización excluyente, que conlleva a la cancelación del espacio político para el diálogo y el acuerdo en beneficio del interés nacional, que por naturaleza necesita consenso en la diversidad.
Con esa orientación, la arquitectura política del gobierno se ha enfocado en descalificar o anular la acción de las organizaciones comunitarias y civiles que apoyan a los grupos sociales, impidiendo que se conviertan en actores de su propio desarrollo inclusivo.
Este enfoque no es nuevo: en el presupuesto 2019 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en diciembre de 2018 al Congreso se suprimía el 100 % de los recursos destinados al Programa de Coinversión Social (PCS), que en ese año obtuvo 187 millones de pesos para el apoyo al trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todas ellas sin fines de lucro.
Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, con el argumento de que las poco más de 40 mil OSC eran opacas y corruptas, el Mandatario giró una circular a todas las dependencias federales ordenando “no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”.
A la distancia, lo anterior ha resultado en la pérdida de valiosas experiencias ciudadanas en la formulación de políticas públicas. En su lugar, se han fortalecido políticas clientelares que buscan crear ciudadanos dependientes de las autoridades, socavando la autonomía y el tejido social participativo y autogestionario. Se ha establecido una relación clientelar con las personas más vulnerables, reduciendo su esfera de derechos fundamentales a la simple transferencia económica periódica directa.
Esto sugiere un regreso a una época en la que la relación entre el gobierno y las comunidades se limitaba a la presentación de demandas por parte de los ciudadanos y la oferta de soluciones por parte del gobierno.
El actual es un momento crucial para que los candidatos a cargos de elección popular expliquen sus propuestas y planes para el futuro del país, y que, con la participación ciudadana, la clase política esté dispuesta y con altura de miras para transformar las formas de operar del gobierno y a legitimar los actos gubernamentales permitiendo una mayor influencia de todos los sectores sociales en el espacio público -entendido como aquello que es común, general y de interés para todos-, para la toma de decisiones colectivas con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas en beneficio del bien común.
Ante este panorama, la única alternativa viable es adoptar una actitud de resistencia, fortaleciendo a las comunidades para que puedan seguir articulando sus demandas desde lo local y construir experiencias multiplicadoras que desafíen las reglas del clientelismo y promuevan la autonomía. Este nuevo acuerdo en la relación gobierno-ciudadanía requiere un pacto renovado de toda la sociedad.
* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C. (@Iniciativa_pcd).
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- “La frontera va a definir la Casa Blanca”: la visita simultánea de Biden y Trump a Texas que muestra cómo la crisis migratoria es crucial en la carrera por la presidencia
- “Nos secuestran y nos roban la cita con Migración en EE.UU.”: la nueva modalidad de los carteles mexicanos para extorsionar a los migrantes en la frontera
- Fin del Título 42: las nuevas medidas que endurecen el control sobre los migrantes que llegan a la frontera de EE.UU.
