El domingo pasado se llevó a cabo el segundo debate entre las personas candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). En él, se trató un tema crucial para los habitantes de la ciudad: el combate a la corrupción. De acuerdo con el INEGI, la CDMX es la entidad en todo el país en donde se paga más por corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios, costando a sus ciudadanos el doble que la media nacional.
A pesar de esta situación, la ciudad no cuenta con una estrategia integral de combate a la corrupción para hacer frente al problema, ya que el Sistema Local Anticorrupción, que por mandato constitucional debe existir, se encuentra desmantelado desde hace 2 años: no cuenta con integrantes, no tiene presupuesto y no se ha realizado una política, un plan de implementación y mucho menos un plan de monitoreo y evaluación en la materia.
Bajo este panorama, uno pensaría que el debate se centraría en propuestas para la reconstrucción del sistema o en soluciones innovadoras para combatir este gran problema. Sin embargo, la actitud de los contendientes punteros, Clara Brugada y Santiago Taboada, se limitó a un show mediático marcado por la confrontación personal y las acusaciones de corrupción. Utilizaron cada minuto de su tiempo para hablar del cartel inmobiliario en la Benito Juárez o la corrupción en la alcaldía Iztapalapa, donde cada uno fue delegado. De las 2 o 3 propuestas que mencionaron (Taboada propuso la reforma a la fiscalía de la CDMX e impulsar el gobierno digital, mientras que Brugada, crear un gabinete anticorrupción y tabuladores de precios máximos) no explicaron los alcances ni las implicaciones de ninguna de ellas.
El único candidato que ocupó su tiempo para presentar propuestas fue Salomón Chertorivski, quien al hablar de la corrupción la conceptualizó como un complejo sistema que debe ser combatido por otro más eficaz: el Sistema Local Anticorrupción. En ese sentido, propuso reconstruirlo, con la ciudadanía a la cabeza y con una fiscalía anticorrupción autónoma. Además, habló de un proyecto denominado “Transparencia 360” que buscará transparentar, en tiempo real, las acciones y las cuentas gubernamentales, con ayuda de la tecnología, especialmente en el área de compras públicas.
Chertorivski propuso también la creación de un observatorio ciudadano de los programas sociales, pues es un área con altos índices de corrupción, así como impulsar el servicio profesional de carrera para la capacitación y certificación de los servidores públicos. Si bien estas ideas no son la panacea, nos dejan ver a un candidato preocupado por proponer acciones tangibles de política pública que puedan disminuir los índices de corrupción en la capital del país.
A pesar de haber sido el candidato que sin duda ganó el debate, los números no le van a dar para ganar la jefatura de gobierno, lo que nos deja con un mal sabor de boca al pensar que quien gane no atenderá el problema de la corrupción como es debido. Ninguno de los candidatos realizó propuestas para atender el problema de la corrupción con las autoridades de seguridad pública, siendo este el espacio de interacción en el que hay más corrupción en la capital. Tampoco hablaron del papel de los denunciantes y víctimas de la corrupción: cómo protegerlos, cómo asegurar su anonimato, cómo incentivarles para que denuncien o cómo repararles el daño. De igual manera, hoy en día sabemos que la corrupción afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, a personas con discapacidad o que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. A pesar de ello, no hubo propuestas con enfoques interseccionales que puedan atender a estas minorías.
Si bien los debates no están hechos para desarrollar propuestas a profundidad, sí lo están para contrastarlas y precisamente debatir sobre cuál es más o menos factible, urgente y necesaria. En verdad es triste ver el nivel de discusión que impera no sólo en la capital, sino en todos los procesos electorales que se están llevando a cabo en el país. Es responsabilidad de los candidatos hacerse de equipos de trabajo sólidos que los asesoren sobre las propuestas que van a realizar. De igual manera, contar con un nivel alto de argumentación y de debate. A nosotros, los votantes, nos toca estudiar la trayectoria y los planteamientos de las personas que quieren ocupar un puesto de elección popular, no irnos sólo con un color, una canción o un anuncio publicitario, pues de nosotros dependerá el gobierno que tengamos en los próximos 3 o 6 años.
* Emiliano Montes de Oca (@EmilianoMDO) es coordinador de los proyectos anticorrupción y Michelle Cruz (@Michellecruz_v) es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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