La noticia sobre el inicio a trámite de una denuncia anónima por presuntos actos de corrupción durante la gestión del exministro Arturo Zaldívar, y la reacción de éste último con el anuncio de una estrategia que incluye, entre otras cosas, la interposición de una denuncia para solicitar juicio político en contra de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, ha reavivado la discusión sobre la solidez de las salvaguardas para proteger la independencia judicial en nuestro sistema jurídico. Al respecto, el debate público se ha orientado, en su mayoría, hacia las valoraciones políticas, y los análisis se centran en las motivaciones y especulaciones sobre el momento en que se ha suscitado la denuncia, en plena coyuntura electoral. Sin desestimar la importancia del ángulo político, es conveniente también recordar algunos elementos jurídicos relevantes para la discusión.

El sometimiento de personas en altos cargos judiciales a un juicio político no constituye por sí mismo un ataque a la independencia judicial. Sin embargo, la línea es muy delgada y la valoración final sobre si un juicio político atenta contra la independencia judicial depende de que el sustento y procedimiento para llevarlo a cabo estén claramente regulados en la ley, de tal manera que se puedan garantizar plenamente los derechos de legalidad, certeza jurídica, debido proceso y defensa adecuada de las personas funcionarias que se pudieran ver afectadas por la resolución de un juicio político.

Primero, en el contexto de los juicios políticos, la independencia judicial tiene dos dimensiones. Una donde la estabilidad de las y los funcionarios judiciales en sus puestos es una forma de garantizar el derecho de cualquier persona a que, en caso de verse envuelta en un proceso judicial, las o los funcionarios que conozcan de sus casos no sean sujetas de presiones o injerencias indebidas a través de la amenaza de remoción arbitraria de sus cargos. Y otra dimensión donde las propias personas integrantes de altas cortes judiciales tienen el derecho individual a que sean oídas en los procedimientos en su contra por autoridades que sean independientes como parte de un debido proceso. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que:

En efecto, en el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, el Tribunal señaló que el derecho a un juez independiente consagrado en el artículo 8.1 de la Convención sólo implicaba un derecho del ciudadano de ser juzgado por un juez independiente. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la independencia judicial no sólo debe analizarse en relación con el justiciable, dado que el juez debe contar con una serie de garantías que hagan posible la independencia judicial. La Corte considera pertinente precisar que la violación de la garantía de la independencia judicial, en lo que atañe a la inamovilidad y estabilidad de un juez en su cargo, debe analizarse a la luz de los derechos convencionales de un juez cuando se ve afectado por una decisión estatal que afecte arbitrariamente el período de su nombramiento. 1

En el caso mexicano tanto el procedimiento como la definición de las conductas que ameritan juicio político y la aplicación de sus sanciones están reguladas por los artículos 109 y 110 constitucionales, y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP). En el artículo 109 constitucional se establece que proceden las sanciones del juicio político por “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Para intentar definir esto último, el artículo 7 de la LFRSP establece que se trata de “el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior, y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y de la Ciudad de México”.

Con la información disponible hasta ahora, sabemos que la petición de juicio político contra la ministra Piña estaría motivada, principalmente, por el hecho de dar trámite a una denuncia anónima que involucra al exministro Zaldívar y otras personas cercanas a él en diversas conductas irregulares, bajo el argumento de que dicho proceder estaría políticamente motivado.

En conclusión, el juicio político mexicano, en caso de una hipotética revisión en el ámbito interamericano, podría presentar problemas en sus fundamentos más básicos, ya que podría no cumplir con los requerimientos mínimos de legalidad y certeza jurídica.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico.

1 Corte IDH, Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs.Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de agosto de 2013, Serie C No. 266, párr. 153. Disponible aquí.

2 Corte IDH, Caso Ríos Avalos y otro vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de agosto de 2021. Serie C No. 429, párr. 98.